El suegro de Samuel García, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, está bajo la lupa del gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) debido a su presunta participación en una compleja red de empresas fachada y prestanombres que habrían movido alrededor de 1,500 millones de pesos en operaciones sospechosas. Este escándalo ha generado inquietud en el panorama político de Nuevo León, dado que Samuel García es un destacado candidato a la gubernatura del estado.
La investigación, que se ha intensificado en los últimos meses, sugiere que Rodríguez Valdez habría orquestado un entramado financiero utilizando al menos 16 empresas y 60 prestanombres. Se sospecha que estas entidades simulaban transferencias y pagos para blanquear dinero de procedencia ilícita, con el agravante de que parte de estos recursos podría haberse utilizado para financiar de manera irregular la campaña política de García. Este caso, que ha sacudido los cimientos del círculo cercano del candidato, está siendo tratado con la máxima seriedad por las autoridades.
Empresas fachada y vínculos sospechosos
Rodríguez Valdez, quien funge como figura clave en este esquema, aparece directamente vinculado a ocho de las 16 empresas bajo investigación. Entre estas compañías se encuentran Especialidades Administrativas de Alta Calidad S.C., Proveedora de Talento Ejecutivo S.C., y RV Desarrollos Asociados, por mencionar algunas. Estas entidades han sido señaladas por las autoridades como empresas fachada, utilizadas para facturar operaciones simuladas. En particular, Proveedora de Talento Ejecutivo S.C. fue identificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en junio de 2020 como una empresa que emite facturas por servicios que nunca se llevaron a cabo, lo que confirma su carácter ficticio.
Además, las autoridades han descubierto que estas empresas comparten socios, apoderados legales y direcciones fiscales en los estados de Nuevo León, Jalisco y Baja California Sur, lo que refuerza la hipótesis de una red bien organizada. Por ejemplo, la empresa JVenture Horizontez A.C., que actúa como proveedora de Proveedora de Talento Ejecutivo, fue creada el mismo día que esta última y comparte el mismo giro comercial. Esta entidad, cuya dirección fiscal estaba registrada en una vivienda de interés social en Baja California Sur, fue identificada también como una empresa fantasma, y el SAT canceló su RFC y certificados fiscales tras comprobar que simulaba operaciones.
Estas compañías, lejos de ser inofensivas, manejaron operaciones millonarias antes de ser descubiertas. Solo entre 2014 y 2015, JVenture Horizontez facturó más de 1,198 millones de pesos. La magnitud de estas cifras subraya la gravedad de las acusaciones contra Rodríguez Valdez y el posible impacto que este caso podría tener en la campaña de Samuel García.
Red familiar y vínculos directos
La investigación también ha salpicado a familiares directos de Rodríguez Valdez, quienes figuran como socios en algunas de estas empresas cuestionadas. Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, está vinculada a al menos cuatro de estas entidades. Entre ellas, destaca BE Bacano Inc S de R.L. de C.V., que comparte la misma dirección fiscal con Prebián de México, una empresa en la que su padre figura como comisario.
Prebián de México es otra empresa bajo escrutinio, ya que reporta gastos que superan significativamente sus ingresos, un indicio de operaciones fraudulentas. Luisa María Cantú Aranda, madre de Mariana y esposa de Rodríguez Valdez, también aparece involucrada en este esquema. La dirección fiscal de su empresa coincide con la de otras compañías implicadas, lo que refuerza las sospechas de una red familiar organizada para realizar operaciones ilícitas.
El nivel de implicación de los familiares de Samuel García en este caso ha generado un fuerte impacto mediático y podría tener repercusiones políticas significativas. La posibilidad de que estas empresas hayan sido utilizadas para financiar de manera irregular la campaña de García plantea serias dudas sobre la transparencia y legalidad de su candidatura.
Lavado de dinero y delitos electorales
La indagatoria federal no solo se centra en el posible lavado de dinero y evasión fiscal, sino que también explora la hipótesis de que parte de los recursos manejados por estas empresas podrían haber sido canalizados hacia el financiamiento ilícito de la campaña de Samuel García. La Secretaría de Hacienda y la FGR están trabajando en conjunto para desentrañar la magnitud de estas operaciones y determinar si se han violado las leyes electorales.
Las autoridades están particularmente interesadas en rastrear los movimientos de efectivo que han sido identificados en las cuentas de las empresas de Samuel García, su padre, su esposa y su suegro. Se sospecha que una parte de estos fondos pudo haberse utilizado para financiar actos de campaña, lo que constituiría una violación grave a la normativa electoral.
Además, se están revisando transferencias bancarias realizadas bajo el modelo de aportaciones al partido Movimiento Ciudadano, del cual García es miembro destacado. En solo tres meses de 2018, se identificaron transferencias por 4 millones 650 mil pesos realizadas por García a su partido, una cifra que podría ser solo la punta del iceberg si se confirma que hubo más movimientos de este tipo.
La indagatoria está avanzando en dos frentes principales: por un lado, el posible lavado de dinero y, por otro, la financiación ilegal de campañas. Ambas líneas de investigación podrían converger en una serie de denuncias penales que afectarían no solo a Rodríguez Valdez, sino también a Samuel García y su círculo cercano.
Un caso con implicaciones políticas profundas
La investigación en torno a la red de empresas vinculadas a Jorge Gerardo Rodríguez Valdez y su posible uso para operaciones ilícitas y financiación ilegal de campañas electorales tiene el potencial de convertirse en un escándalo de gran envergadura. Las implicaciones de este caso no se limitan al ámbito judicial, sino que podrían tener un impacto directo en la carrera política de Samuel García y en la percepción pública de su candidatura.
La vinculación de familiares directos del candidato en estas actividades ha generado un clima de desconfianza y ha planteado serias dudas sobre la integridad de su campaña. A medida que avanzan las investigaciones, la presión sobre García y su equipo para aclarar su relación con estas empresas y los fondos manejados por ellas es cada vez mayor.
Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas y analizando la información disponible para determinar el alcance de las irregularidades cometidas. La decisión final sobre si se presentarán cargos formales contra los implicados podría marcar un punto de inflexión en la campaña electoral de Nuevo León y en la carrera política de Samuel García.
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