La actuación de los agentes de ICE en Estados Unidos enfrenta un nuevo y delicado giro. Un memorando interno autoriza a los oficiales migratorios a ingresar por la fuerza a viviendas de migrantes, aun sin orden judicial, siempre que exista una orden administrativa y una deportación final. Especialistas alertan sobre riesgos constitucionales y un posible aumento de abusos.
Un Cambio Profundo En Los Protocolos De ICE
La directriz fue revelada por medios estadounidenses tras conocerse un memorando confidencial de la Inmigración y Control de Aduanas. El documento marca un quiebre con prácticas previas que exigían autorización judicial para ingresar a domicilios.
Hasta ahora, la Cuarta Enmienda protegía a residentes contra allanamientos sin orden emitida por un juez. Con este nuevo criterio, ICE podrá actuar con base en procesos administrativos internos.
El memorando fue firmado en mayo de 2025 por Todd Lyons, director interino de la agencia, y ya estaría siendo aplicado en operativos recientes.
Uso De La Fuerza En Horarios Determinados
El documento autoriza a los agentes de ICE a usar la fuerza necesaria para ingresar a viviendas entre las 06:00 y las 22:00 horas. Antes de hacerlo, deben identificarse y solicitar acceso.
Si la entrada es negada, los oficiales pueden proceder sin intervención de un juez. Esta facultad ha generado preocupación entre defensores de derechos civiles y abogados constitucionalistas.
Para muchos expertos, la medida amplía de forma peligrosa el margen de actuación del Estado dentro de espacios privados.
Alertas Por Posibles Violaciones Constitucionales
Organizaciones de derechos civiles advierten que esta política podría vulnerar garantías básicas. Aseguran que una orden administrativa no equivale a una orden judicial y no debería justificar un ingreso forzado.
Grupos como Whistleblower Aid denunciaron que la directriz se utiliza para capacitar a nuevos agentes. Además, sostienen que ya se aplica en campo, aunque sin transparencia pública.
El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la legalidad del protocolo. Sin embargo, no ha aclarado cómo se evitarán abusos o errores durante los operativos.
Minnesota En El Centro Del Conflicto
La polémica creció tras conocerse que el gobierno de Donald Trump abrió una investigación contra autoridades locales de Minnesota por presunta obstrucción a las labores de ICE.
El 16 de enero, el Departamento de Justicia citó al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. El caso se vincula con un tiroteo donde murió la ciudadana Renee Good y con un operativo en el que resultó herido un migrante venezolano.
La administración federal cuestiona si el rechazo público a ICE constituye una interferencia ilegal.
Choque Entre Autoridades Estatales Y Federación
En respuesta, el fiscal general de Minnesota presentó una demanda contra el gobierno federal. Acusó una “invasión federal” que violaría la soberanía del estado y la Constitución.
Walz y Frey sostienen que la investigación tiene tintes políticos. También denuncian falta de imparcialidad en la indagatoria del asesinato de Good.
Mientras tanto, Trump advirtió en Truth Social que intervendrá de forma “rápida y eficaz” para frenar protestas si la situación escala.
Un Escenario De Alta Tensión Migratoria
El cruce entre políticas migratorias más agresivas y la resistencia de gobiernos locales abre un nuevo frente legal y político. Para defensores de derechos humanos, la combinación de allanamientos sin orden judicial y presión federal eleva el riesgo para comunidades migrantes.
Analistas señalan que el debate no solo es migratorio, sino constitucional. Lo que está en juego es el límite del poder del Estado dentro de los hogares.
Por ahora, el nuevo protocolo de los agentes de ICE ya genera incertidumbre entre miles de familias migrantes que viven bajo la amenaza de operativos más intrusivos.
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