El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, enfrenta un nuevo escándalo relacionado con una supuesta triangulación de recursos públicos. Según un reportaje del periódico Norte, la empresa Ego Móvil fue elegida para el arrendamiento de 600 camiones chinos a través de un contrato de 3 mil 307 millones de pesos. Sin embargo, la empresa presenta irregularidades severas. Este caso recuerda otros escándalos de corrupción que ha protagonizado el gobernador. Acá te hablamos del caso de lo 200 millones de pesos que fueron desviados hacia el despacho familiar de los García
Samuel García: Millonarios pagos sin claridad
La investigación revela que Firma Jurídica y Fiscal Abogados, creada en 2014 por García Sepúlveda y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, habría recibido 202.9 millones de pesos bajo el concepto de “honorarios por servicios profesionales”. Sin embargo, los detalles sobre los servicios prestados no han sido especificados en la documentación revisada por Reforma.
Los fondos provendrían de la empresa Proveedor de Productos Mexicanos Jace, que a su vez facturó 237.2 millones de pesos a su compañía hermana Suministro MYR. Ambas empresas han recibido contratos millonarios del gobierno estatal por servicios de alimentación en penales, comedores de dependencias y eventos oficiales. Entre 2021 y 2023, el monto total de los contratos adjudicados a estas empresas asciende a 964.7 millones de pesos.
Las transferencias al despacho comenzaron el 15 de octubre de 2021, apenas 11 días después de que García asumiera el cargo de gobernador. En sus declaraciones patrimoniales, el mandatario ha reconocido tener una participación del 50 % en Firma Jurídica y Fiscal Abogados, señalando que parte de sus ingresos provienen de dicha firma.
Empresas hermanas y operaciones cuestionadas
El reportaje también señala que MYR y Jace comparten vínculos familiares entre sus socios y apoderados legales, lo que las clasifica como empresas “hermanas”. MYR, constituida en 2010 en Tabasco, se especializó en servicios de alimentación hasta diciembre de 2022, cuando amplió su giro comercial. Aunque ya había trabajado con el gobierno de Jaime Rodríguez, la empresa ha sido el segundo mayor proveedor durante la gestión de García, solo detrás de Mota-Engil México.
En diciembre de 2023, MYR recibió 1,115 millones de pesos del gobierno de Nuevo León. A su vez, Jace se convirtió en cliente de Firma Jurídica y Fiscal Abogados desde 2021, coincidiendo con el inicio de la administración de García. No existen registros previos de relaciones comerciales entre Jace y el despacho antes de esa fecha, lo que genera dudas sobre la naturaleza de estas transacciones.
Samuel García niega irregularidades
En respuesta al reportaje, García Sepúlveda rechazó las acusaciones, calificándolas como un ataque político en el contexto de las elecciones. Según el gobernador, MYR ha sido proveedor del gobierno estatal desde 2016, durante la administración anterior, y Jace era cliente de su despacho desde 2017, mucho antes de que él asumiera cualquier cargo público.
“Desde 2017, la Firma Jurídica y Fiscal Abogados asesoró a Jace en un caso de auditoría del SAT que derivó en un crédito fiscal, el cual fue nulificado en 2022 y, finalmente, en 2024, mediante un amparo directo”, explicó García.
El mandatario aseguró que las acusaciones publicadas por Reforma provienen de filtraciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), a la cual acusó de operar bajo “la vieja política”. Señaló que la institución está siendo utilizada para desprestigiarlo en un intento de manipular el proceso electoral.
“Sé que vendrán más ataques como este. Es tiempo de elecciones, y así opera la vieja política. Estoy muy tranquilo porque mi gobierno es incorruptible”, afirmó García en conferencia de prensa.
Un caso que divide opiniones
El caso ha generado un intenso debate en Nuevo León. Mientras algunos críticos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas, los defensores del gobernador minimizan las acusaciones, atribuyéndolas a un intento de desacreditar su administración. La falta de claridad en los contratos y la relación cercana entre las empresas involucradas y el despacho del gobernador han despertado sospechas sobre posibles conflictos de interés.
Este caso se suma a una serie de cuestionamientos hacia la administración de Samuel García, en la que ha sido acusado de prácticas opacas en el manejo de recursos públicos. Aunque el gobernador insiste en que su gobierno es incorruptible, los detalles revelados por Reforma dejan muchas preguntas sin responder.
