Un colaborador de Félix Arratia se ha beneficiado con contratos estatales por al menos 300 millones de pesos durante la administración de Samuel García y Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Hugo Quintanilla, titular de Servicios Públicos en Juárez, ha combinado su labor como funcionario con la empresa MTM Productos y Servicios, generando cuestionamientos sobre transparencia y conflictos de interés.
Contratos Estatales A Empresario Y Funcionario
Desde noviembre de 2021, Hugo Quintanilla Serrato comenzó a facturar para el Gobierno de Nuevo León con su empresa MTM Productos y Servicios. Entre ese año y 2024, la empresa recibió 151.7 millones de pesos, cifra que se duplicó tras su ingreso a la administración municipal de Juárez, sumando otros 147.9 millones hasta marzo de 2025.
La operación ha generado críticas de organismos de control, que advierten sobre un claro conflicto de interés al combinar su cargo público con la prestación de servicios al mismo gobierno. La auditoría señala que MTM participó en licitaciones mientras Quintanilla ya era funcionario, incluyendo contratos en seguridad privada para estaciones del Metro.
Los contratos abarcan distintas áreas, como Metrorrey, Instituto Estatal de Cultura, Física y Deporte y el Instituto de Movilidad, evidenciando que la relación entre la empresa y la administración no se limita a un solo sector.
Rol de Quintanilla en la administración de Arratia
Hugo Quintanilla ingresó a la administración municipal de Juárez el 30 de septiembre de 2024, combatiendo doble rol como funcionario y proveedor del Estado. Su cercanía con Félix Arratia y, por extensión, con Samuel García, ha sido señalada como clave en la adjudicación de estos contratos millonarios.
Arratia, alcalde emecista, es aliado histórico de Samuel García, y Quintanilla trabajó previamente en el despacho del gobernador y de su padre. Este historial ha levantado sospechas sobre la transparencia de la administración y la posible influencia de relaciones personales en decisiones de gasto público.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) señaló que la adjudicación de contratos a MTM durante su gestión municipal representa un claro conflicto de interés, algo que genera preocupación sobre la imparcialidad y legalidad en la administración de recursos públicos.
Transacciones Y Propiedades De La Empresa
En enero de 2025, Quintanilla traspasó formalmente sus acciones de MTM a Daniel Guadalupe Rivera Barboza. Sin embargo, cuatro meses después, seguía figurando como accionista en su declaración patrimonial. Esto evidencia que, pese a los cambios formales, la relación entre el funcionario y la empresa continuó vigente en la práctica, consolidando dudas sobre la transparencia en la gestión de recursos estatales.
La revisión de documentos del Registro Público del Comercio confirma la operación y permite trazar el flujo de contratos, reforzando la percepción de que los contratos millonarios no se otorgaron de manera imparcial ni independiente.
Implicaciones Políticas Y Administrativas
La situación ha generado críticas en redes sociales y medios, al señalar que la administración de Samuel García y Movimiento Ciudadano en Nuevo León ha priorizado beneficiar allegados en lugar de fortalecer mecanismos de transparencia.
Especialistas en administración pública señalan que casos como el de Quintanilla y MTM pueden erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y resaltar prácticas de favoritismo político que afectan la legitimidad de la gestión estatal.
La polémica se centra en cómo funcionarios con vínculos estrechos con el gobernador y alcaldes aliados pueden acceder a contratos millonarios, mientras la población demanda servicios eficientes y responsables.
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