La construcción de la Línea 6 del metro en Nuevo León ha expuesto una preocupante contradicción en el actuar del Gobierno estatal. Mientras se presume una política ambiental estricta hacia empresas y negocios privados, la misma administración permite que las obras del transporte insignia del sexenio avancen sin cumplir con los más básicos lineamientos de protección ambiental.
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Aunque hay normas claras y estrictas para regular las actividades que afectan al medio ambiente, la ejecución de la Línea 6 muestra una notoria excepción cuando la responsabilidad recae en el propio gobierno. El resultado es un proyecto que, en al menos once puntos a lo largo de su trayecto, viola disposiciones que en otras circunstancias conllevan sanciones inmediatas para cualquier particular o empresa.
La Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Raúl Lozano, mantiene una postura inflexible con empresas pequeñas y grandes por prácticas irregulares, pero guarda un silencio total cuando las mismas acciones son cometidas en la obra pública más visible del actual sexenio.
Irregularidades En Obra Ambiental
Durante un recorrido por los distintos tramos de la construcción de la Línea 6, se pueden observar múltiples faltas ambientales documentadas: tierra sin humectar, varillas oxidadas, madera expuesta, cemento derramado en jardineras y materiales de construcción a cielo abierto. A pesar de que estos elementos representan una amenaza para el entorno urbano, ninguna autoridad ha emitido sanciones.
En otras circunstancias, estos mismos actos se califican como contaminaciones visibles al suelo, riesgo de incendio o infracción a las normas de disposición de residuos. El Gobierno estatal, sin embargo, no ha aplicado las mismas medidas en este caso. Incluso en zonas como el cruce de Ruiz Cortines y Miguel Alemán, la remoción de tierra sin el control adecuado genera polvo que se dispersa en el ambiente, sin que exista intervención alguna.
Lo más preocupante es que, a pesar de que esta situación se repite en puntos como Guadalupe, San Nicolás, Apodaca y Monterrey, no hay registro público de inspecciones o medidas cautelares.
Mientras la Línea 6 opera sin control, el gobierno de Samuel castiga a empresas por violaciones ambientales que él mismo comete en su obra estrella. En al menos 11 puntos hay irregularidades que Medio Ambiente simplemente ignora. ¿Así o más doble moral?🎭 pic.twitter.com/da5NYpClC8
— Justicia Regia (@Justicia_Regia) September 8, 2025
Contraste Con Empresas Privadas
Mientras las obras públicas operan sin control, empresas privadas sí han sido objeto de severas acciones por faltas similares o incluso menores. El pasado 14 de agosto, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente emitió un boletín informando la clausura de un negocio de reciclaje en Escobedo. El motivo: residuos mal colocados sobre suelo natural y a cielo abierto.
Se argumentó también que existía riesgo de incendio y una mala disposición de residuos “de manejo especial”, términos técnicos que curiosamente no se aplican a los materiales encontrados en la Línea 6. La diferencia en el tratamiento resulta difícil de justificar y aún más difícil de ignorar.
El 6 de agosto, otra empresa en Apodaca fue sancionada por dejar sedimentos en la vía pública y no contar con bitácoras de riego. Estas mismas condiciones —como la falta de humedad en el suelo— son visibles en los tramos del metro, sin consecuencia alguna para quienes dirigen o supervisan la obra.
En redes sociales institucionales, las empresas son incluso exhibidas como ejemplo de lo que no debe hacerse. Pero ese mismo rigor no se aplica al gobierno.
La Excusa De La Urgencia
Una de las justificaciones que han salido a la luz proviene de los propios contratistas encargados de la obra. “Nadie nos dice nada porque la obra es estatal, y porque hay urgencia para que terminemos”, comentó uno de ellos al ser cuestionado sobre la falta de cumplimiento ambiental.
La urgencia, sin embargo, no puede ser excusa para ignorar las normas. Si el objetivo es crear infraestructura sustentable y moderna, debe partirse del respeto a los principios ambientales que el mismo gobierno impone a los demás.
Esta doble vara deja entrever una política pública sesgada, donde las prioridades del gobierno pasan por encima de la ley. Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo se acumula el polvo, los residuos y la impunidad.
No se trata solamente de cuestiones técnicas. Lo que está en juego es la legitimidad de las instituciones responsables de proteger el medio ambiente. Si el propio gobierno no da el ejemplo, ¿quién puede garantizar que las reglas se aplican con imparcialidad?
Falta De Supervisión Ambiental
La Secretaría de Medio Ambiente no ha emitido comunicados oficiales sobre la situación en la Línea 6. Tampoco hay registros públicos de sanciones, visitas de supervisión o apercibimientos en los tramos más críticos.
En al menos 11 puntos, según observaciones documentadas, se repiten patrones de irregularidades: maderas apiladas, acumulación de materiales, llantas, cemento sobre áreas verdes, y polvo generado por movimiento de tierra no controlado.
El silencio institucional genera un precedente peligroso. Si las autoridades continúan permitiendo que este tipo de obras ignoren los criterios ambientales, se envía un mensaje claro: las reglas son flexibles si quien las rompe es el Estado.
La omisión de supervisión puede derivar en problemas a largo plazo. La erosión del suelo, el daño a la flora urbana, la dispersión de contaminantes y la afectación a la salud de quienes habitan o transitan por esas zonas no son temas menores. Dejar pasar estas faltas por tratarse de una obra gubernamental podría convertirse en una normalización del abuso.
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