En la administración de Samuel García, uno de los temas más polémicos es la falta de transparencia en la operación de la Ecovía, un sistema de transporte esencial para miles de usuarios en Nuevo León. A pesar de múltiples solicitudes para esclarecer los ingresos y egresos de este servicio, las dependencias estatales encargadas, como Metrorrey, el Instituto de Movilidad y la Secretaría de Movilidad, han evadido proporcionar información clara, responsabilizándose entre sí y dejando a la ciudadanía sin respuestas. Desde octubre de 2021, cuando inició el mandato de García, no se ha ofrecido una rendición de cuentas sobre el manejo financiero de la Ecovía, lo que ha generado preocupación sobre posibles desvíos de recursos y una crisis operativa evidente.
Solicitudes de transparencia ignoradas
La Ecovía, que forma parte del sistema de transporte público de Monterrey, se encuentra en una situación de opacidad financiera. A pesar de las repetidas peticiones formales para obtener información sobre los ingresos y egresos del sistema, los organismos responsables han fallado en cumplir con la obligación de rendir cuentas. Metrorrey, el Instituto de Movilidad y la Secretaría de Movilidad han evitado entregar la información solicitada, lo que ha generado una cadena de evasivas entre las dependencias. Cada una de ellas ha señalado a la otra como la responsable de los datos requeridos, creando un círculo vicioso que no permite esclarecer el manejo de los fondos públicos destinados a la Ecovía.
El caso más reciente ocurrió cuando Metrorrey aseguró no tener la información financiera y apuntó al Instituto de Movilidad como el responsable. Sin embargo, este último también evitó dar respuestas concretas, dirigiendo nuevamente la solicitud a Metrorrey. Por su parte, la Secretaría de Movilidad tampoco ha entregado la información, alimentando aún más la desconfianza entre la ciudadanía.
Este ambiente de opacidad ha generado inquietud no solo entre los usuarios del sistema de transporte, sino también entre organismos que velan por la transparencia gubernamental. La Auditoría Superior del Estado ha cuestionado la falta de transparencia en la gestión de la Ecovía, señalando posibles desvíos de recursos que podrían haber sido destinados a mejorar el servicio o modernizar la infraestructura.
Crisis operativa de la Ecovía
La falta de claridad sobre el manejo financiero de la Ecovía no es el único problema que enfrenta este sistema de transporte. A lo largo de los últimos años, los usuarios han reportado un deterioro significativo en la calidad del servicio. Los camiones de la Ecovía, que recorren rutas clave en Monterrey, están saturados, lo que genera incomodidades para los pasajeros, muchos de los cuales dependen de este transporte para llegar a sus trabajos o realizar actividades cotidianas.
Además de la saturación, los tiempos de espera se han vuelto excesivos, en especial en horas pico, cuando las estaciones se llenan de usuarios que deben esperar por largos periodos para abordar un camión. A esto se suma la falta de aire acondicionado en muchas de las unidades, lo que resulta especialmente problemático en una ciudad como Monterrey, donde las temperaturas pueden alcanzar niveles extremadamente altos. La combinación de camiones llenos, largos tiempos de espera y la falta de condiciones adecuadas ha generado un malestar generalizado entre los usuarios, quienes han visto cómo la calidad del servicio ha empeorado sin que las autoridades ofrezcan soluciones efectivas.
Los problemas operativos también han puesto en evidencia la incapacidad del gobierno estatal para gestionar de manera eficiente un sistema de transporte que debería ser fundamental para el desarrollo de la ciudad. La falta de inversión en el mantenimiento y modernización de la Ecovía contrasta con la opacidad en torno al manejo de los fondos públicos, lo que ha generado sospechas de que los recursos destinados a mejorar el servicio podrían estar siendo malversados.
Cuestionamientos sobre el manejo de recursos
Uno de los aspectos más preocupantes que han salido a la luz en medio de esta crisis es el posible desvío de recursos públicos destinados a la Ecovía. La Auditoría Superior del Estado ha señalado que el sistema de transporte ha recibido préstamos por un monto de 180 millones de pesos, lo que ha sido calificado como un posible desvío de fondos. Estos préstamos, que inicialmente estaban destinados a cubrir deficiencias en la operación de la Ecovía, no han sido justificados de manera clara, lo que ha generado sospechas sobre su verdadero destino.
El hecho de que no haya información disponible sobre cómo se han utilizado estos 180 millones de pesos solo alimenta las críticas hacia la administración de Samuel García. A pesar de los señalamientos de la Auditoría, las dependencias responsables siguen sin rendir cuentas, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si hay algo que se está ocultando detrás de esta opacidad. La falta de transparencia no solo afecta la confianza de los ciudadanos en el gobierno, sino que también pone en duda la capacidad de la administración estatal para gestionar de manera eficiente los recursos públicos.
La situación de la Ecovía se ha convertido en un ejemplo claro de cómo la falta de rendición de cuentas puede tener un impacto directo en la calidad de los servicios públicos. Los recursos que deberían haberse utilizado para mejorar el sistema de transporte y garantizar un servicio eficiente y seguro para los usuarios han quedado en el limbo, mientras los problemas operativos siguen afectando a miles de personas todos los días.
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