El juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, ha sacudido el panorama político del estado. El Congreso local está evaluando faltas graves cometidas por García, lo que podría resultar en su destitución y abrir la puerta a un cambio de liderazgo en la entidad.
Juicio Político en Nuevo León
El juicio político contra Samuel García se originó por la violación a la Constitución de Nuevo León. Actualmente, García enfrenta acusaciones por no enviar los presupuestos de egresos e ingresos de 2023 y 2024 al Congreso local, además de no publicar decretos legislativos en el periódico oficial, frenando así una serie de reformas cruciales.
Estas acciones también han puesto al secretario de Gobierno, Javier Navarro, bajo escrutinio, quien ha minimizado la importancia del juicio político. Samuel García ha adoptado una postura defensiva, buscando evadir responsabilidades ante el Poder Legislativo y evitando rendir cuentas, en línea con su negativa a presentar los presupuestos obligatorios según la ley.
El gobernador ha buscado apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para detener el juicio político, lo que explica su reciente visita a la Ciudad de México. Sin embargo, esto podría complicar que Morena coloque a un sustituto, afectando también a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y su potencial influencia en Nuevo León, un estado clave para el nearshoring.
Posibles Candidatos a Gobernador
Ante la posible destitución de Samuel García, han surgido varios nombres como candidatos para sucederlo. Entre ellos, destacan el morenista y senador electo, Waldo Fernández; el panista y alcalde electo de San Pedro, Mauricio Fernández; y el priista Ildefonso Guajardo. También se mencionan a la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra, y la morenista Tatiana Clouthier.
Otra opción es que, de existir acuerdos entre las diversas fuerzas políticas, el Congreso local nombre a un gobernador interino. Fuentes indican que podrían optar por un perfil académico o proveniente del sector privado, mencionándose a David Noel Ramírez, exrector del Tecnológico de Monterrey y presidente de la plataforma Cómo Vamos Nuevo León, así como a Carlos Salazar Lomelí, exdirigente empresarial.
Paralelismos con “El Bronco”
La situación actual de Samuel García recuerda el juicio político que él mismo impulsó contra el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”. Como senador de Movimiento Ciudadano, García denunció a Rodríguez Calderón por utilizar recursos estatales en la recolección de firmas para su candidatura presidencial en 2018.
En 2020, Samuel García formalizó la solicitud de juicio político contra Rodríguez Calderón por violaciones a la ley electoral, un proceso aún pendiente. Ahora, García enfrenta acusaciones similares por violaciones graves a la Constitución de Nuevo León. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha permitido que el juicio político continúe sin que García se separe del cargo.
El gobernador ha intentado sin éxito que la SCJN anule el juicio político. Según Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, el proceso sigue abierto en el Congreso. La situación de García ejemplifica el dicho en política: los carniceros de hoy serán las reses de mañana.
Ruta del Juicio Político contra Samuel García
El juicio político contra Samuel García sigue un proceso legal en el Congreso local, cuyo destino final será decidido por el Poder Judicial, liderado por Arturo Salinas. La falta de presentación de los presupuestos de ingresos y egresos de 2023 y 2024 ha generado descontento entre otras fuerzas políticas locales. Los diputados deberán demostrar cómo la omisión de García ha afectado las obras y servicios públicos.
Los legisladores deberán presentar pruebas documentadas de las obras y servicios perjudicados por la falta de presupuestos. Finalmente, será el Poder Judicial quien decidirá si destituir a García, inhabilitarlo o imponerle una sanción económica.
Existen dudas sobre si los legisladores del PAN y PRI, mayoritarios en el Congreso, tendrán la determinación de llevar a cabo un juicio político con todos los elementos jurídicos necesarios para evitar que García pueda anular el proceso.
