El gobernador de Nuevo León, Samuel García, arrastra una deuda millonaria que supera los dos mil millones de pesos, lo cual ha afectado significativamente la operación de diversas administraciones municipales en la Zona Metropolitana de Monterrey. Las demoras en los pagos, así como la incapacidad para cubrir adeudos, han generado tensiones con los alcaldes de los principales municipios del estado, quienes reclaman los recursos necesarios para completar proyectos de infraestructura y otros servicios básicos. Entre los afectados se encuentran municipios gobernados por el PAN, PRI, Morena e incluso Movimiento Ciudadano (MC), el propio partido del gobernador.
Falta de pagos frena proyectos municipales
Los alcaldes de varios municipios de Nuevo León han manifestado reiteradamente sus quejas por la falta de recursos provenientes del Gobierno estatal. Según declaraciones recientes, la deuda estatal no solo es un problema financiero, sino que ha paralizado múltiples proyectos clave para el desarrollo urbano de la región. El estado, cuya deuda total alcanzó los 72 mil 597.7 millones de pesos antes del paso de la tormenta tropical Alberto, ha tenido que desviar más de mil millones de pesos para atender los daños causados por dicho fenómeno natural, afectando aún más su capacidad de pagar a los municipios.
La tormenta Alberto, que dejó daños considerables en la infraestructura urbana, se convirtió en un factor agravante, obligando al Gobierno a redirigir fondos que originalmente estaban destinados a otros proyectos. Esto ha generado un ambiente de desconfianza entre los presidentes municipales, quienes ven con escepticismo la posibilidad de que los recursos prometidos finalmente lleguen. La deuda estatal ha llevado a que muchos proyectos permanezcan detenidos, afectando tanto la infraestructura como la calidad de vida de los ciudadanos.
Monterrey y Escobedo, entre los municipios más afectados
Uno de los casos más representativos es el de Monterrey, gobernado por el alcalde Adrián de la Garza. Según el edil, la administración de Samuel García tiene pendiente la entrega de 300 millones de pesos que no solo corresponden al Fondo Metropolitano, sino también a otros recursos federales transferidos al estado. Este retraso en la entrega de fondos ha detenido alrededor de 18 proyectos de infraestructura, muchos de los cuales fueron iniciados por administraciones anteriores, como la del exalcalde.
El alcalde de Monterrey ha señalado que los recursos federales y estatales son esenciales para continuar con obras claves para la ciudad. Sin estos fondos, proyectos vitales han quedado en el limbo, afectando la movilidad y la infraestructura urbana. De la Garza mencionó la necesidad urgente de formar una Asociación Metropolitana de Alcaldes para mejorar la coordinación y el reparto presupuestal entre los municipios y el Gobierno estatal. Esto, a su juicio, podría facilitar la ejecución de obras prioritarias que actualmente están en pausa.
Por su parte, el municipio de Escobedo, encabezado por el alcalde Andrés Mijes, enfrenta una situación similar. A Escobedo, el Gobierno estatal le adeuda también 300 millones de pesos, fondos que estaban destinados a la finalización de un distribuidor vial de gran relevancia. Esta obra, que conecta las carreteras a Monclova, el Libramiento Noreste y la carretera a Colombia, está detenida en un 33% de avance debido a la falta de recursos. El alcalde Mijes ha reiterado que este es un compromiso que el gobernador García hizo con los ciudadanos de Escobedo, y espera que cumpla con su promesa para evitar más retrasos.
Obras importantes en riesgo por Samuel García
La situación es preocupante, ya que los proyectos detenidos no solo afectan a las administraciones municipales, sino también a los habitantes de varios municipios cercanos, como Mina, Hidalgo y Salinas Victoria. Estas localidades dependen de la infraestructura vial y otros servicios que actualmente no pueden concluirse por falta de financiamiento. Mijes ha expresado que el gobernador ha mostrado voluntad para continuar con las obras, pero que sin los fondos necesarios, es imposible avanzar.
Este tipo de obras no solo son de interés para Escobedo, sino para toda la región. La conexión vial entre municipios y estados es crucial para mejorar el tránsito y facilitar el comercio, por lo que su suspensión representa una problemática que va más allá de las fronteras municipales.
Santa Catarina y la necesidad de diálogo con legisladores
Otro municipio afectado por la falta de recursos es Santa Catarina, donde el alcalde Jesús Nava Rivera reporta una deuda de 200 millones de pesos por parte del Gobierno estatal, principalmente relacionados con el Fondo Metropolitano. Debido a este adeudo, Nava Rivera no ha podido completar varias obras en su municipio, afectando el desarrollo urbano y la calidad de vida de sus habitantes.
El alcalde de Santa Catarina señaló que su administración ha estado operando con un presupuesto estancado, sin actualizaciones en los últimos dos años, lo que ha agravado la situación. A pesar de los esfuerzos por avanzar con los recursos disponibles, la falta de fondos provenientes del Gobierno estatal ha hecho imposible completar las obras necesarias para mejorar la infraestructura del municipio.
Ante este panorama, Andrés Mijes ha instado a los legisladores a que adopten una postura más colaborativa con el Gobierno estatal para destrabar los recursos. Según el alcalde, los conflictos legales y políticos actuales, como los juicios políticos en contra de algunos funcionarios, solo han entorpecido las negociaciones y bloqueado cualquier posibilidad de avanzar. Para que los municipios puedan recibir los recursos que necesitan, es indispensable que los legisladores bajen el tono de los conflictos y se enfoquen en resolver los problemas presupuestarios.
Urgencia de resolver conflictos presupuestarios
La situación financiera de Nuevo León ha llegado a un punto crítico, donde tanto los municipios como el Gobierno estatal enfrentan serias dificultades para cubrir los gastos necesarios. Los alcaldes afectados han manifestado la necesidad de crear mecanismos de coordinación más efectivos que permitan un reparto más equitativo de los recursos, y han señalado que la situación solo puede empeorar si no se toman medidas inmediatas para resolver los conflictos internos.
Los ciudadanos, por su parte, son los más perjudicados, ya que la falta de avances en los proyectos de infraestructura se traduce en una disminución de la calidad de vida.
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