En medio del bullicio político y los discursos vacíos, una voz de autoridad se alza para denunciar la cruda realidad que asola a Nuevo León. Olga Susana Méndez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), no titubea al presentar ante el Congreso local un informe anual que destapa las vergüenzas de un gobierno que ha abandonado a su pueblo. La advertencia es clara: el estado enfrenta una crisis humanitaria, resultado directo de la desidia y la indiferencia gubernamental.
La Negligencia del Gobierno Estatal
La raíz de esta crisis se encuentra en la desatención sistemática a las recomendaciones emitidas por la CEDH hacia instituciones clave. Es el caso de Agua y Drenaje de Monterrey, cuya negligencia ante las recomendaciones de la comisión ha dejado a la población a merced de una escasez de vital líquido que amenaza su supervivencia. La indiferencia institucional no solo es una afrenta a la justicia, sino también una traición a quienes más necesitan protección y apoyo.
La falta de aceptación de las recomendaciones gubernamentales no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino que también las revictimiza. Ciudadanos que ya han padecido las consecuencias de estas violaciones se encuentran ahora abandonados por un Estado que debería garantizar su seguridad y bienestar. Es una desgracia que clama por justicia y acción.
Emergencia en Ascenso: Datos que Hablan
Los números son claros y alarmantes: durante el último año, la CEDH ha registrado un aumento significativo en los servicios de atención ciudadana, alcanzando la preocupante cifra de 14 mil. Comparado con los 10 mil servicios registrados en todo el año 2022, este incremento evidencia la gravedad de la situación y la urgencia de actuar.
La Imperativa Necesidad de la Acción
Antes de entregar su informe, Méndez se reunió con el presidente del Congreso local para subrayar la gravedad de la situación. La presidenta de la CEDH hizo hincapié en la importancia de que las autoridades reconozcan las recomendaciones y se comprometan a implementar acciones que garanticen la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos.
La crisis humanitaria en Nuevo León exige una respuesta urgente y decidida por parte del gobierno de Samuel García. Es hora de dejar atrás la retórica vacía y tomar medidas concretas para abordar esta emergencia. Reconocer las recomendaciones de la CEDH y trabajar activamente para proteger y garantizar los derechos fundamentales de todos los habitantes del estado es el primer paso hacia la redención de un gobierno que ha olvidado su deber más sagrado: velar por el bienestar de su pueblo.
