Diversos organismos autónomos de Nuevo León, entre los que se incluyen el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Transparencia y la Auditoría Superior del Estado, han expresado su preocupación por la disminución de recursos en sus presupuestos solicitados para el 2025.
Según sus líderes, si no se aumentan los recursos asignados, estos organismos podrían enfrentar una crisis financiera que afectaría su operatividad y funciones esenciales.
Preocupación por la asignación presupuestal a organismos
En una mesa de trabajo organizada por la Comisión de Presupuesto del Congreso Local, los titulares de los organismos autónomos manifestaron su descontento con las cifras planteadas por el Gobierno del Estado para el próximo año.
A lo largo de la discusión, demandaron una mayor asignación de recursos para poder cumplir con sus funciones y atender la creciente carga de trabajo, sin que ello ponga en riesgo la calidad de los servicios que brindan a la ciudadanía.
Poder Judicial enfrenta riesgos de colapso en su operación
José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, advirtió que la propuesta de presupuesto presentada por el Gobierno del Estado para el Poder Judicial es insuficiente. Aunque se incluyeron 3,175 millones de pesos, esta cifra es 37 millones menos que la solicitada por el Poder Judicial, lo que representa un recorte significativo.
Según Salinas Garza, el presupuesto solicitado es el mínimo indispensable para el funcionamiento del sistema de justicia, y si no se aprueba un aumento, se corre el riesgo de que el sistema colapse.
El magistrado explicó que el 90 por ciento del presupuesto del Poder Judicial se destina a servicios personales, y que la reducción de recursos impacta directamente en la operación diaria del sistema judicial.
A pesar de los esfuerzos por reducir costos, como la implementación de plataformas virtuales, la situación es cada vez más difícil, afectando incluso la compra de materiales y suministros básicos para las operaciones diarias.
Fiscalía General del Estado enfrenta déficit crítico
Por su parte, Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia, destacó que la institución atraviesa una crisis debido al grave déficit de personal. Cada ministerio público está atendiendo hasta 270 carpetas de investigación, lo que retrasa la impartición de justicia.
Ante esta situación, Arce Jardón solicitó 4,560 millones de pesos para el presupuesto del 2025, además de 570 millones adicionales para proyectos clave, como la construcción de un nuevo centro de justicia para mujeres y una academia de formación.
Este pedido es vital para mejorar las condiciones operativas de la Fiscalía, que actualmente enfrenta serias limitaciones en cuanto a recursos humanos y materiales. Sin un aumento en el presupuesto, las capacidades de la Fiscalía para garantizar la justicia en el estado se verían gravemente afectadas.
El Auditor Superior también se ve afectado por recortes
El Auditor Superior del Estado, Alejandro Reynoso Gil, expresó su preocupación por los recortes en su presupuesto, que afectarán la capacidad de la dependencia para cumplir con su función de fiscalización.
El presupuesto solicitado por la Auditoría para 2025 era de aproximadamente 669 millones de pesos, pero el Estado solo ha asignado 475 millones, lo que comprometería la operación de un laboratorio clave para la fiscalización de obras de pavimentación. Esta reducción de recursos dificultaría aún más la labor de auditoría en un estado que enfrenta grandes desafíos en términos de transparencia y control de recursos públicos.
La Comisión de Derechos Humanos enfrenta una creciente carga laboral
Olga Méndez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), también solicitó una mayor asignación de recursos para hacer frente a la creciente carga laboral que enfrenta su institución. La Comisión ha experimentado un aumento significativo en las denuncias y casos que atiende, lo que requiere más personal y recursos.
La presidenta de la CEDH pidió 138 millones de pesos para 2025, pero el presupuesto propuesto solo asigna 121 millones, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad de la Comisión para atender adecuadamente las necesidades de la población.
El Instituto Estatal Electoral enfrenta problemas de deuda y falta de recursos
Beatriz Adriana Camacho Carranco, presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), también se unió al reclamo por la falta de recursos. En su intervención, Camacho Carranco destacó que el Estado aún debe 196 millones de pesos al instituto, lo que pone en riesgo su operatividad para el próximo año. Si no se entrega este dinero, el IEEPC se verá obligado a recurrir a la vía legal ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reclamar los recursos.
La presidenta del IEEPC también mencionó que el instituto enfrenta una situación económica crítica, ya que no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a los pagos de la segunda quincena de diciembre. Esto se debe a que el Gobierno estatal no ha cumplido con las entregas programadas, lo que podría afectar el proceso electoral y las actividades del instituto.
Falta de transparencia y coordinación con partidos políticos
A raíz de la falta de recursos, Beatriz Camacho Carranco señaló que el IEEPC ha tenido que hablar con los partidos políticos para explicarles la difícil situación financiera que enfrentan los organismos.
Esta falta de transparencia y de coordinación entre las autoridades estatales, organismos autónomos y el instituto electoral podrían tener implicaciones serias para el proceso electoral en el estado.
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