La promesa de renovar el transporte público de Nuevo León con la supuesta “flota más grande del continente” sufrió un nuevo revés. El Gobierno estatal confirmó la cancelación del contrato de 700 camiones que formaban parte del ambicioso plan de modernización del sistema, dejando en evidencia los constantes problemas y la improvisación que ha caracterizado la gestión de la movilidad en la entidad.
Después de tres años de anuncios, ajustes y fallos, el esquema impulsado por el gobernador Samuel García, que contemplaba la adquisición de 1,500 nuevas unidades, ha comenzado a desmoronarse. Los problemas contractuales, los sobrecostos y los modelos de pago erráticos siguen acumulando críticas mientras la crisis de transporte continúa sin resolverse.
Incumplimientos provocan la cancelación de 700 camiones
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), a través de su encargado de despacho, Abraham Vargas, informó durante la reciente sesión de la Junta de Gobierno que el contrato adjudicado al consorcio Sinomex-Velcen Motors-Xian quedó oficialmente cancelado por diversos incumplimientos de la empresa.
“Desafortunadamente, la adjudicación no pudo concretarse”, señaló Vargas, explicando que ya se notificó a la Contraloría estatal para que aplique los procedimientos correspondientes, como el posible cobro de la garantía de seriedad o la inhabilitación del proveedor.
El contrato cancelado de 700 camiones representaba casi la mitad de las unidades que integrarían la flota prometida por el gobierno estatal, lo que deja nuevamente al sistema de transporte con un déficit considerable en su renovación proyectada.
Luego de casi 3 años y no funcionar, Estado tumba de las rutas camioneras el sistema de pago por kilómetro y regresa al pago por pasajero.#Entérate https://t.co/N0MJMBOVjw
— EL NORTE (@elnorte) June 24, 2025
Adjudicaciones directas e improvisación
Tras la cancelación de los 700 camiones, el IMA intentó reconfigurar la estrategia para rescatar parte de la compra. Bajo un nuevo esquema de invitación a tres participantes, se intentó asignar al menos 500 unidades adicionales; sin embargo, solamente se recibió oferta viable para 400 camiones. Aunque el fallo debía anunciarse públicamente, no se reveló de inmediato el ganador.
Respecto a las 300 unidades restantes, el gobierno optó nuevamente por mecanismos alternos: 100 unidades fueron adquiridas ampliando contratos anteriores, mientras que las otras 200 unidades se buscarán mediante adjudicaciones directas, una fórmula que sigue despertando suspicacias por la falta de transparencia en los procesos.
Esta constante improvisación en los esquemas de contratación vuelve a colocar al gobierno de Nuevo León bajo el escrutinio público. Cada ajuste evidencia la ausencia de una planificación sólida para enfrentar de raíz los problemas estructurales de movilidad.
De las promesas históricas al fracaso operativo
Cuando en 2021 el gobernador Samuel García presentó su plan de modernización del transporte público, lo calificó como una renovación histórica, prometiendo la llegada de 1,500 unidades nuevas que formarían la flota más grande jamás vista en la región.
Sin embargo, detrás de los anuncios espectaculares y los constantes spots en redes sociales, la realidad es muy distinta. Los datos financieros muestran el tamaño del fracaso: el Estado desembolsó 15 mil millones de pesos en subsidios durante tres años, bajo un esquema de pago por kilómetro recorrido que terminó resultando insostenible.
El modelo, ampliamente criticado desde su arranque, generaba incentivos negativos: los transportistas ganaban dinero recorriendo kilómetros, aunque circularan sin pasajeros. Esto provocó un desgaste excesivo en las unidades y dejó hasta el 25% de los camiones fuera de servicio o directamente yonkeados, según las propias cifras oficiales.
Al final, el gobierno estatal se vio obligado a revertir el esquema de pago, ahora basándolo en el número de pasajeros transportados, intentando con ello alinear los incentivos al servicio real que recibe la ciudadanía.
Crece el hartazgo ciudadano por el transporte
Mientras el gobierno navega entre contratos cancelados, compras improvisadas y ajustes administrativos, la crisis de movilidad persiste para los ciudadanos. Las rutas saturadas, los largos tiempos de espera, las fallas mecánicas constantes y la falta de operadores capacitados siguen afectando el día a día de miles de personas que dependen del transporte público.
En contraste con la constante publicidad gubernamental que presume avances, la percepción ciudadana refleja frustración y hartazgo. Las organizaciones civiles señalan que los anuncios recurrentes ya no generan confianza, pues los problemas operativos persisten año tras año.
Diversos expertos en movilidad coinciden en que el problema de fondo no se resolverá mientras el Estado continúe manejando el transporte público con políticas improvisadas, sin un verdadero plan integral de largo plazo que incluya:
- Rediseño de rutas eficiente.
- Supervisión técnica y mantenimiento preventivo real.
- Formación profesional de operadores.
- Procesos de contratación públicos y transparentes.
- Sustentabilidad financiera que no dependa de subsidios millonarios.
La reciente cancelación del contrato por 700 unidades es solo el último episodio de una cadena de promesas incumplidas, fallas administrativas y falta de visión estratégica. Mientras tanto, el sistema de transporte público de Nuevo León sigue estancado en una crisis sin solución visible a corto plazo.
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