Familiares y colectivos reclaman su libertad
La detención de Luis Castillo, manifestante de 38 años, tras una protesta contra el alza en las tarifas del transporte público, desató una serie de movilizaciones en Monterrey. Familiares, amigos e integrantes del colectivo “La Voz de los Usuarios” se manifestaron ayer por la tarde y noche para exigir su liberación, asegurando que ya contaba con un amparo que le permitiría enfrentar el proceso en libertad.
Las acciones comenzaron alrededor de las 19:00 horas frente al Palacio de Justicia, en el cruce de las avenidas Rodrigo Gómez y Penitenciaría, donde los manifestantes bloquearon la vialidad como forma de presión. Portando pancartas y gritando consignas como “No estamos todos, nos falta Luis” y “Justicia para Luis”, aproximadamente 30 personas, en su mayoría jóvenes, reclamaron la actuación de Fuerza Civil, señalando abuso de autoridad en la detención.
La protesta derivó en una serie de bloqueos viales que afectaron la movilidad en el norte de la ciudad, generando molestias entre automovilistas y tensiones que por momentos amenazaron con escalar. No obstante, gracias a la intervención de elementos de Fuerza Civil y de agentes de Tránsito, la situación se mantuvo bajo control.
Colectivo bloquea avenidas principales de Nuevo León
Exigen respeto a derechos humanos del detenido
Tras la concentración inicial frente al Palacio de Justicia, el contingente decidió marchar rumbo al oriente por la avenida Rodrigo Gómez, bloqueando todos los carriles de circulación. Al llegar a la intersección con Fidel Velázquez, primero cerraron los carriles laterales y, minutos después, bloquearon los seis carriles principales que conectan hacia el municipio de San Nicolás.
Este cierre total provocó un severo congestionamiento vehicular en la zona, incrementando el malestar entre los conductores atrapados en el tráfico. Algunos automovilistas bajaron de sus vehículos para reclamar a los manifestantes, intercambiándose gritos e insultos. Sin embargo, la situación no se desbordó, ya que oficiales de Fuerza Civil dialogaron con los líderes de la protesta, logrando que liberaran parcialmente algunos carriles para permitir el flujo vehicular.
La manifestación pacífica, aunque disruptiva, se prolongó hasta poco después de las 21:30 horas, cuando los cierres fueron retirados. Sin embargo, el movimiento no se detuvo ahí. Los integrantes del colectivo se dirigieron a varias estaciones del Metro, donde continuaron lanzando consignas contra el Gobierno estatal y en particular contra el Gobernador Samuel García, a quien acusan de criminalizar la protesta social.
Señalan acusaciones de daños millonarios
Familiares denuncian criminalización de la protesta
Horas antes de que iniciaran las movilizaciones, Kelly Torres, esposa de Luis Castillo, ofreció declaraciones a medios locales, revelando detalles preocupantes sobre las acusaciones que enfrenta su esposo. De acuerdo con Torres, las autoridades estatales imputan a Castillo por causar daños materiales en el Palacio de Gobierno superiores a los 200 millones de pesos.
Esta cifra, considerada desproporcionada por los familiares y el colectivo “La Voz de los Usuarios”, ha sido interpretada como un intento de endurecer las medidas legales contra el activista y disuadir futuras protestas. Según testimonios de los manifestantes, durante la protesta del pasado sábado, Luis Castillo fue detenido de manera violenta y trasladado sin que se respetaran las garantías procesales, lo que motivó la solicitud de un amparo que, afirman, fue concedido para evitar su prisión preventiva.
La defensa legal de Castillo ha señalado que buscará acreditar que las acusaciones carecen de sustento y que la detención y proceso en su contra vulneran derechos fundamentales como el derecho a la protesta y a la libre expresión. Mientras tanto, familiares y compañeros de lucha mantienen su exigencia de libertad inmediata, argumentando que manifestarse no debe ser motivo de criminalización en un estado democrático.
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La protesta por la detención de Luis Castillo abre un debate urgente sobre el respeto a los derechos humanos, la criminalización de la protesta social y el uso de la fuerza pública en Nuevo León. Si deseas conocer más sobre este caso, el contexto de las movilizaciones y las repercusiones políticas en la entidad, consulta nuestro artículo completo en la plataforma.
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