Samuel García vuelve a colocarse en el ojo público, y no precisamente por logros o avances en su administración en Nuevo León. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó un informe reciente ante la Cámara de Diputados que revela serias irregularidades en la gestión de recursos públicos por parte del gobierno estatal durante el ejercicio fiscal 2024.
El documento, correspondiente a la primera de tres entregas de revisión, destaca anomalías que ascienden a 25.6 millones de pesos, detectadas en dos fondos clave: el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
De acuerdo con la ASF, el gobierno de Nuevo León no pudo acreditar en qué se gastaron 24 millones 748 mil pesos provenientes del FAM. Este fondo, perteneciente al Ramo 33, tiene como objetivo financiar proyectos relacionados con la asistencia social y la educación en todos los niveles. La falta de comprobación no es un asunto menor: representa un posible daño directo a la hacienda pública federal, que podría derivar en la devolución de esos recursos.
La Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades en Nuevo León por $25.6 millones, afectando fondos educativos y sociales.
— elnortelocal (@elnortelocal) July 1, 2025
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Pagos de Samuel García a fallecidos y personal sin perfil
Uno de los hallazgos más graves reportados por la Auditoría es la entrega de 218 mil 900 pesos a beneficiarios que ya habían fallecido. Este señalamiento no solo refleja deficiencias en el control y seguimiento de los programas sociales, sino que pone en evidencia una falta de rigor en la actualización de los padrones de apoyo.
A esto se suma otra anomalía detectada en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, donde se realizaron pagos por 678 mil 600 pesos a seis trabajadores que no cumplían con el perfil de escolaridad requerido. Según el informe, estos empleados recibieron salarios pese a no contar con la preparación mínima exigida, lo que compromete la calidad de los servicios educativos y cuestiona la eficiencia en la asignación de recursos humanos.
El informe detalla que el gobierno estatal de Samuel García incumplió la normativa que regula el uso de estos fondos federales, situación que generó observaciones formales y la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Como consecuencia, se levantaron dos pliegos de observaciones que exigen al estado presentar aclaraciones y, en caso de no justificarse, reintegrar los montos señalados.
Un estado entre los más observados
Además de los detalles específicos de los recursos no comprobados, la ASF colocó a Nuevo León en una posición poco envidiable: se ubica como el quinto estado del país con mayores montos de irregularidades detectadas en 2024. Solo Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Morelos presentan cifras superiores.
Este dato refuerza la percepción de que la gestión administrativa y financiera en Nuevo León enfrenta deficiencias significativas, especialmente bajo la actual administración encabezada por Samuel García, quien ha enfrentado diversas críticas por priorizar su imagen y aspiraciones políticas antes que la correcta aplicación del presupuesto público.
Cabe recordar que en años recientes, Nuevo León se había posicionado como uno de los estados con mayor dinamismo económico y atractivo para la inversión. Sin embargo, la acumulación de observaciones y los constantes señalamientos de opacidad ponen en riesgo esa reputación.
La ASF halla anomalías en El Cuchillo 2 y determina que Conagua debe aclarar $27 millones 929 mil 908 que fueron pagados en exceso en obra.#Entérate https://t.co/7TIExuWS5P
— EL NORTE (@elnorte) July 1, 2025
Reacciones y presión social
La publicación de estas observaciones ha desatado reacciones inmediatas entre organizaciones civiles, analistas y ciudadanos. Diversos colectivos han exigido al gobierno estatal publicar la información completa sobre el destino de los recursos, así como transparentar las listas de beneficiarios y los criterios de selección para recibir apoyos.
El hecho de que se hayan entregado recursos a personas fallecidas genera indignación, ya que revela una falta de control administrativo y alimenta las sospechas de corrupción o mal manejo deliberado. Por su parte, el pago a empleados sin el perfil adecuado agrava la situación, dado que compromete la calidad de los servicios que se ofrecen a la población.
La presión pública también se centra en exigir sanciones claras y ejemplares. La ciudadanía no solo demanda la devolución del dinero, sino también la identificación y castigo de los responsables, ya sean funcionarios de alto nivel o responsables operativos de los programas involucrados.
Además, expertos en fiscalización han advertido que estas prácticas minan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y pueden derivar en mayores dificultades para implementar programas futuros, ya que la percepción de corrupción dificulta la cooperación y participación social.
La Auditoría ha dejado claro que, en caso de no solventar las observaciones, los recursos deberán ser reintegrados a la Federación. Sin embargo, el proceso puede tardar varios meses, y en muchos casos, la falta de transparencia en el seguimiento termina diluyendo el interés público.
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