Dieciocho meses después de haber asumido el cargo de Gobernador, Samuel García ha generado polémica al adquirir un terreno de 17.6 hectáreas en una de las zonas más exclusivas de San Pedro, conocido como Mesa de la Corona. Este predio, valorado comercialmente en más de 700 millones de pesos, será el sitio de una nueva residencia de lujo del mandatario.
Compra del Terreno Millonario de Samuel García
La propiedad, adquirida a través de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, empresa en la que Samuel García y su padre, Samuel García Mascorro, figuran como socios, ha levantado sospechas y críticas por su alto costo y por la velocidad con la que se han gestionado los permisos necesarios para su desarrollo.
El 18 de abril de 2023, esta empresa pagó el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) ante el municipio de San Pedro, por un monto de 9 millones de pesos. Según la ley, este impuesto equivale al 3% del valor catastral del inmueble, lo que sitúa el valor catastral del terreno en al menos 300 millones de pesos. Sin embargo, especialistas en bienes raíces estiman que el valor comercial de un terreno de tal dimensión en esta área exclusiva supera los 700 millones de pesos.
Apenas unos meses después, el 4 de marzo, Samuel García Mascorro, en calidad de representante legal de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, presentó una solicitud de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente del Estado. La autorización, otorgada en un tiempo récord de 15 días naturales, permite la preparación del sitio y la construcción de una vivienda de 2,775 metros cuadrados y una vialidad de acceso de más de 10,000 metros cuadrados.
Proceso Acelerado y Controversias
La rapidez con la que se otorgó la autorización ambiental ha generado críticas sobre un posible trato preferencial. Este trámite suele tardar hasta 90 días naturales, según la normativa vigente, pero en este caso se resolvió en solo 15 días. Además, la vigencia del permiso es de 20 meses, con la posibilidad de extenderse por otros 20 meses más.
El proyecto, ubicado en una zona con riesgo geológico medio-alto y vegetación de matorral submontano, implica el pago de una compensación por el impacto ambiental, cuyo monto específico se mantiene confidencial en el permiso.
Las críticas no se han hecho esperar. Representantes de partidos opositores, como el PRI, PAN y PRD, han denunciado que las empresas vinculadas a la familia García han experimentado un crecimiento económico del 800% en los dos años y medio de su administración. Argumentan que el 60% de estos recursos provienen de proveedores relacionados con el gobierno del estado, sugiriendo posibles actos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y peculado.
Samuel García Bajo la Lupa
No es la primera vez que las transacciones de las empresas de Samuel García y su padre son objeto de escrutinio. El 13 de marzo, se reveló que uno de los proveedores más beneficiados con contratos del gobierno estatal había transferido al menos 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico vinculado al mandatario y a su padre.
Estas revelaciones han intensificado las sospechas sobre la integridad y transparencia de la administración de García. Además, en su declaración patrimonial del año pasado, el Gobernador no reportó la propiedad recientemente adquirida, lo que ha incrementado las dudas sobre la honestidad en la divulgación de sus bienes.
Las críticas se centran no solo en la adquisición misma, sino en el contexto de su gobierno. Desde el inicio de su mandato en octubre de 2021, Samuel García ha prometido transparencia y una lucha frontal contra la corrupción, pero estas acciones parecen contradecir sus declaraciones.
Perspectivas y Reacciones
La adquisición del terreno y la construcción de una residencia de lujo en una de las zonas más exclusivas de San Pedro ponen en tela de juicio la coherencia entre las promesas de campaña de Samuel García y sus acciones como gobernador. Las denuncias de los partidos opositores y los informes de medios han puesto al descubierto una red de beneficios que involucra a empresas cercanas a su círculo familiar y político.
La respuesta del gobierno estatal y de Samuel García a estas acusaciones será crucial para determinar la percepción pública de su administración. La presión para demostrar transparencia y rendición de cuentas es cada vez mayor, y cualquier fallo en abordar estas preocupaciones podría tener repercusiones significativas para su carrera política.
La administración deberá proporcionar explicaciones claras y detalladas sobre la legalidad y ética de sus transacciones y relaciones empresariales para recuperar la confianza de la ciudadanía.
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