El gobernador de Nuevo León, Samuel García, sigue ignorando resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, aplicando lo que se conoce como “veto de bolsillo”. Aunque la Corte ha instruido la publicación de decretos catastrales aprobados por el Congreso local que no fueron vetados, García mantiene congelada la publicación de importantes documentos, como los valores catastrales actualizados para Monterrey y San Nicolás. Esto persiste en medio de una disputa por el Presupuesto 2025 del Estado.
Samuel García Desafía la Corte y Mantiene “Veto de Bolsillo”
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha desobedecido reiteradamente las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Aunque la Corte ha determinado que debe publicar los decretos aprobados por el Congreso local, García ha decidido no hacerlo, aplicando el llamado “veto de bolsillo”.
Esto significa que mantiene en el cajón decretos que no está dispuesto a hacer públicos, con la justificación de no estar de acuerdo con su contenido.
Uno de los casos más recientes de este veto es el de los valores catastrales de Monterrey y San Nicolás para 2025. Aunque el Congreso aprobó estos incrementos, García no ha publicado la actualización en el Periódico Oficial del Estado.
Omisión de Decretos Catastrales de Monterrey y San Nicolás
En Monterrey, no se ha publicado la totalidad de los valores, mientras que en San Nicolás, solo se publicó la actualización para nuevos fraccionamientos, dejando fuera otras propiedades.
Este incumplimiento ha sido motivo de varias resoluciones en su contra por parte de la Suprema Corte. En junio de 2023, la Corte le negó una suspensión con la que el Ejecutivo intentaba evitar la publicación de reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. Esta omisión de publicación impide que el proceso legislativo concluya y, por ende, que los decretos entren en vigor.
Corte Refuerza Postura Contra Samuel García
La postura del Gobernador de Nuevo León ha sido cuestionada en varias ocasiones por la Suprema Corte. A pesar de las resoluciones judiciales, García sigue aplazando la publicación de decretos y desoyendo las instrucciones de la Corte.
El 13 de febrero, por ejemplo, la Corte le exigió publicar el decreto que permitiría a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) pasar a la Fiscalía General de Justicia, lo que el Ejecutivo hizo de manera forzada tras la intervención judicial.
La negativa de García a publicar estos decretos se interpreta como un intento de controlar la agenda legislativa, ya que al no publicar los documentos, el proceso legislativo no avanza de acuerdo con lo estipulado por la ley.
Este comportamiento ha generado un ambiente de incertidumbre política en el Estado, que ya ha afectado, otra vez, en temas de aprobación de Presupuesto, dejando a Nuevo León por la vía de la reconducción presupuestaria.
Disputa Política por Presupuesto 2025
En medio de la disputa por el Presupuesto 2025 del Estado, el gobernador Samuel García ha mantenido una postura firme de no publicar ciertos decretos, como los valores catastrales, lo que ha afectado directamente a los municipios de Monterrey y San Nicolás.
La falta de acuerdos entre el Ejecutivo y las diferentes bancadas del Congreso local ha retrasado la aprobación del presupuesto para el próximo año, y el “veto de bolsillo” de García complica aún más la situación.
Aunque el presupuesto es un tema crucial para el desarrollo económico y la planificación del Estado, los desacuerdos entre los diputados y el gobernador han generado un estancamiento político que afecta a los ciudadanos. Esta falta de acción política por parte del Ejecutivo pone en evidencia las tensiones internas en el gobierno de Nuevo León, donde los intereses del gobernador y las bancadas legislativas parecen estar en constante choque.
Nuevo León Sumido En Crisis por Confrontaciones Entre Poderes
El gobierno de Samuel García ha sido duramente criticado por su actitud de desobedecer las resoluciones de la Suprema Corte. Esta postura pone en riesgo el orden constitucional y el respeto a las leyes del Estado.
La Corte, a través de sus resoluciones, ha demostrado que no permitirá que se tergiverse la ley, pero las reiteradas acciones de García evidencian un desdén por los procedimientos democráticos y constitucionales.
A medida que se acerca el fin de año, la falta de publicación de decretos y la disputa por el presupuesto se convierten en temas clave que podrían afectar la estabilidad del gobierno estatal y la confianza de los ciudadanos. Las acciones del gobernador no solo violan la ley, sino que también afectan el funcionamiento institucional, retrasando decisiones cruciales para el desarrollo del Estado.
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