En 2020, Samuel García, entonces diputado local, no escatimó en críticas hacia el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”, por haber decretado un toque de queda para frenar la propagación del Covid-19. García fue contundente: “Solo el Congreso tiene la facultad de imponer medidas tan restrictivas”. Estas palabras, que resonaron como un eco de defensa constitucional, hoy parecen haberse desvanecido en la memoria del ahora gobernador.
Ante la inminente amenaza del ciclón Alberto, Samuel García ha impuesto un toque de queda, dejando a miles de ciudadanos perplejos y preguntándose si la crítica anterior fue una mera estrategia política o si realmente se preocupaba por los límites constitucionales del poder ejecutivo.
¿Olvido o conveniencia? La voltereta de Samuel García
Es irónico observar cómo las circunstancias pueden transformar a una persona de crítico ferviente en protagonista de las mismas acciones que anteriormente condenaba. En 2020, García se mostró como un acérrimo defensor de la Constitución, argumentando que cualquier medida de restricción de la libertad, como un toque de queda, debía pasar por el escrutinio y la aprobación del Congreso.
Sin embargo, en la urgencia por mitigar los efectos del ciclón Alberto, el gobernador no ha dudado en tomar medidas drásticas y autoritarias sin ningún tipo de consulta previa, alegando que la situación requiere decisiones rápidas y efectivas. Este cambio de postura ha sido recibido con escepticismo por parte de la ciudadanía, que ve en sus acciones una clara muestra de incoherencia y oportunismo.
La Constitución: ¿Un escudo de conveniencia?
La defensa de la Constitución parecía ser un principio inquebrantable para Samuel García cuando criticaba a “El Bronco” en 2020. Sin embargo, la reciente imposición del toque de queda plantea la pregunta de si la Constitución es para García un verdadero marco de referencia o simplemente un escudo conveniente para sus ambiciones políticas.
Los ciudadanos de Nuevo León se encuentran ahora en una encrucijada, cuestionando la integridad de su gobernador y la sinceridad de sus promesas pasadas. La acción unilateral de García no solo desafía la lógica de su propio discurso anterior, sino que también plantea serias dudas sobre su capacidad para gobernar con coherencia y respeto por las leyes que juró defender.
