La elección judicial se ha convertido en Nuevo León en un foco de denuncias por presuntas prácticas de presión, control y uso político del aparato gubernamental. Trabajadores del Gobierno del Estado acusan que son obligados a sumarse a un operativo que, según testimonios, busca garantizar votos en favor de perfiles cercanos al Gobernador Samuel García.
Con listas, amenazas y códigos QR personalizados, la administración estatal habría puesto en marcha un esquema de vigilancia interna que está generando un clima de intimidación y temor entre empleados públicos, principalmente aquellos con contratos temporales o por honorarios.
Gobierno del 'nuevo' Nuevo León de Samuel García despide a empleados que se oponen a votar por candidatos afines a Samuel en elección judicial.
— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) May 19, 2025
Increíble que Congreso local no lo sancione pese a múltiples delitos electorales.
Entendible que Morena frene sanciones.
Son los mismos. pic.twitter.com/pFQNDTl0a3
Simulacros, listas y reportes para controlar elección judicial
Desde principios de mayo, trabajadores de distintas secretarías han comenzado a recibir instrucciones claras y directas: participar en simulacros de votación, entregar hasta 10 credenciales del INE, propias o ajenas, y preparar evidencia fotográfica del sufragio del próximo 1 de junio. En grupos de mensajería se comparten instrucciones detalladas y se identifican responsables de área que deben “cumplir metas”.
Una trabajadora del área administrativa de salud estatal explicó que fue agregada a un grupo de WhatsApp en el que le asignaron una cuota: entregar 10 credenciales, participar en ensayos y, el día de la elección, enviar foto del voto, de la credencial y de un código QR único que ya le fue asignado.
“El código trae mi número. Nos dijeron que es para verificar que sí votamos por quienes nos digan. Si no cumplimos, ya avisaron que no se renovará el contrato”, relató.
Aunque aún no se ha repartido la lista oficial de candidatos, los empleados consultados afirman que les prometieron entregar un “acordeón” con las referencias exactas para identificar a los aspirantes a jueces por los que deberán votar.
Despidos y cancelación de contratos: presión disfrazada de recorte
Las consecuencias para quienes no aceptan participar en el operativo ya comenzaron a verse. Personal por contrato ha sido dado de baja en los últimos días bajo el argumento de “ajustes presupuestales”. Sin embargo, los afectados coinciden: todos rechazaron participar en la dinámica de acopio de INEs o se negaron a sumarse a los simulacros.
En al menos dos organismos del estado se comunicó que no habría más renovaciones de contrato a partir de junio. Curiosamente, esa medida se aplicó solo a quienes no entregaron credenciales o mostraron resistencia a la presión política.
Una fuente cercana al área de Recursos Humanos de una dependencia reveló que existen listas con nombres marcados por su falta de “cooperación” y que las instrucciones han llegado desde coordinaciones políticas, no administrativas.
“Se está manejando como si fuera algo opcional, pero todos saben que si no haces lo que te piden, estás fuera. Ya hubo recortes en varias áreas por eso”, detalló.
Fiscalía investiga presiones rumbo a elección judicial
Frente a este panorama, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León ya ha recibido más de diez denuncias. La mayoría fueron presentadas de forma anónima, pero con un mismo patrón: presión desde niveles medios y altos del Gobierno para incidir en la elección del 1 de junio, en la que se renovarán cargos dentro del Poder Judicial de la Federación.
El Fiscal Gustavo Javier Solís explicó que están analizando si deben atraer los casos localmente o remitirlos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel), ya que el proceso electoral es federal. “Estamos en estudio para determinar si intervenimos o si canalizamos el caso a la FGR. Aunque no tengamos competencia plena, podemos recibir y analizar las denuncias”, declaró.
Operación desde la cúpula
Aunque la estructura de la operación se mueve principalmente desde niveles intermedios, los empleados consultados afirman que todo está coordinado desde la cúpula del Gobierno estatal. En los grupos de coordinación aparecen como administradores el Jefe de la Oficina del Gobernador, Eduardo Gaona, así como los diputados Miguel Ángel Flores y Baltazar Martínez. Aunque no participan de forma activa, su presencia refuerza la sospecha de que se trata de una estrategia organizada desde el círculo cercano a Samuel García.
Además, fuentes internas aseguran que el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, ha tenido contacto directo con candidatos a jueces, a quienes se les habría ofrecido respaldo político a cambio de colaboración futura. La intención de controlar la elección judicial está clara.
Ni el Gobierno estatal ni la Secretaría de la Contraloría han emitido una postura oficial frente a estas denuncias. Tampoco se ha desmentido la existencia del operativo ni se han deslindado de los señalamientos públicos.
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