La organización Un Río en el Río denunció que el Gobierno de Nuevo León no ha respetado los compromisos pactados para la conservación del cauce. A pesar de las promesas oficiales, el Estado incumple acuerdos fundamentales relacionados con la transparencia en las obras de la Línea 4 del Metro y la debida protección ambiental del Río Santa Catarina, generando una creciente tensión social.
Samuel Incumple Acuerdos De Protección Ambiental
La administración estatal se encuentra bajo fuego tras las declaraciones de activistas de Un Río en el Río, que señalan una falta de voluntad política para proteger los ecosistemas locales. Según los representantes del colectivo, las mesas de trabajo y los documentos firmados el pasado mes de diciembre no han derivado en acciones concretas. Esta situación ha provocado que la ciudadanía perciba una simulación en la gestión de los recursos naturales.
El incumplimiento del gobierno de Samuel no solo afecta la confianza ciudadana, sino que pone en riesgo la biodiversidad de la zona urbana. Las obras de infraestructura continúan avanzando sin que se hayan entregado las garantías prometidas originalmente. Por lo tanto, los defensores del medio ambiente exigen una rectificación inmediata por parte de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana.
Es fundamental recordar que la preservación de esta área es vital para la regulación térmica de la ciudad. Sin embargo, la prioridad parece centrarse en la rapidez de la construcción por encima de la legalidad ambiental. El colectivo Un Río en el Río asegura que se mantendrá firme en su postura hasta que el gobierno estatal cumpla con cada uno de los puntos establecidos en la audiencia pública inicial.
Opacidad En Las Obras Que Afectan Al Río Santa Catarina
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la falta de transparencia en los estudios de impacto. La Secretaría de Movilidad se comprometió a entregar la evidencia completa sobre el cumplimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental. No obstante, el plazo de 30 días hábiles para proporcionar esta información expiró sin que los documentos fueran presentados a los interesados.
La ausencia de estos datos técnicos impide que la sociedad civil evalúe los riesgos reales de las obras. Sin acceso a la información, no es posible determinar si las estructuras de la Línea 4 y los puentes proyectados cumplen con las normas de seguridad. Ante este escenario, el colectivo ha decidido buscar otras instancias gubernamentales para forzar la rendición de cuentas.
Además de los estudios de impacto, la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano permanece en el limbo. Esta figura jurídica permitiría una vigilancia constante sobre el lecho del río para evitar desmontes ilegales. Al retrasar su instalación, las autoridades estatales evitan el escrutinio público directo sobre las maniobras de maquinaria pesada en la zona.
Los Plazos Vencidos Del Estado Incumple Acuerdos
Andrea Villarreal, integrante activa de la organización civil Un Río en el Río, enfatizó que la fecha límite para la entrega de información fue el pasado 20 de enero. Al superar este término sin respuesta alguna, se considera que el pacto oficial ha sido violado sistemáticamente. La activista señaló que no se ha cumplido ni uno solo de los puntos que el mismo gobierno presumió en sus canales de comunicación.
La falta de respuesta por parte de la Secretaría de Movilidad ha llevado al colectivo a solicitar la intervención de la Secretaría de Participación Ciudadana. El objetivo es utilizar los canales institucionales de mediación para que se respeten los tiempos y las formas legales. La desesperación entre los protectores del río crece conforme las máquinas avanzan sin supervisión ciudadana.
Esta omisión administrativa sugiere que el Gobierno estatal prioriza la narrativa mediática sobre los resultados operativos reales. Mientras en boletines de prensa se habla de colaboración, en la práctica el Estado incumple acuerdos de manera flagrante. La vigilancia social se vuelve ahora la única herramienta para intentar frenar posibles daños irreversibles en el ecosistema fluvial.
Riesgos Hidrometeorológicos Ignorados En El Río Santa Catarina
Otra de las grandes preocupaciones radica en la actualización de los estudios ante el Centro Nacional de Prevención de Desastres. El compromiso incluía solicitar un análisis detallado sobre los riesgos de inundación y comportamiento del agua ante fenómenos extremos. Sin estos estudios actualizados, la construcción de puentes y parques lineales en el cauce podría representar un peligro para la población.
El río ha demostrado históricamente su capacidad destructiva durante huracanes y tormentas tropicales intensas. Ignorar la actualización de estos modelos preventivos es visto por los expertos como una negligencia administrativa grave. El colectivo insiste en que la seguridad de los regiomontanos debe estar por encima de cualquier proyecto de movilidad urbana o recreativa.
La falta de coordinación con el Cenapred refuerza la teoría de que las obras se realizan con premura y sin rigor técnico. Los ciudadanos exigen que se detengan las intervenciones hasta que exista certeza jurídica y técnica sobre la viabilidad del proyecto. La protección del río no es solo una cuestión estética o ecológica, sino un tema de protección civil urgente para toda la zona metropolitana.
Nuevas Batallas Jurídicas Por La Falta De Resultados Oficiales
El escenario jurídico podría complicarse para la administración de Samuel García en las próximas semanas. Al existir documentos firmados y compromisos públicos, el colectivo cuenta con bases sólidas para iniciar nuevos procesos de amparo. La vía legal parece ser el único camino restante ante la cerrazón de las dependencias encargadas de la obra pública.
Las suspensiones otorgadas anteriormente por jueces federales demuestran que existen irregularidades en el proceso de construcción. Si el gobierno persiste en ignorar a la Contraloría Social, se enfrentará a una mayor resistencia civil y posibles sanciones judiciales. La legitimidad de los proyectos estatales depende directamente del respeto a los acuerdos previamente establecidos con la comunidad.
La organización Un Río en el Río hace un llamado a la sociedad para mantenerse informada y alerta. La defensa del patrimonio natural de Monterrey requiere de una participación activa que presione a las autoridades a cumplir su palabra. El desarrollo urbano no debe realizarse a costa de la destrucción de los pulmones verdes y la seguridad hídrica de la región.
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