La extitular del Periódico Oficial del Estado podría ser imputada por no publicar 24 decretos ya avalados por el Congreso.
Verónica Dávila Moya, ahora extitular del Periódico Oficial del Estado, presentó su renuncia el día 14 de diciembre, alegando “acoso e injusticia”, pues Dávila Moya argumenta que siempre ha cumplido con su labor como titular y con las leyes; no obstante, si la extitular tiene la conciencia limpia, ¿entonces es necesario que renuncie a su puesto y deje decretos sin publicar?
Los diputados han estado detrás de Dávila Moya por no publicar 24 decretos validados por el Congreso, lo que implica una omisión por parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto, la extitular del Periódico Oficial del Estado sería una cómplice que deberá imputarse penalmente.
Los decretos omitidos consisten en remover la Unidad de Inteligencia Financiera Económica (UIFE) y sustituirla por la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera que le pertenecería a la Fiscalía General de Justicia, afectando directamente al gobernador Samuel García.
Tal vez Dávila Moya está evitando compartir la misma situación de Javier Navarro, Secretario de Gobierno, quien fue llevado a juicio tras haber frenado la publicación de 56 reformas.
La Dirección Jurídica ha presentado una controversia constitucional para poner orden al enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y las autoridades legislativas, y por fin decretar estas leyes tan necesarias para la ciudadanía, ya que la situación del estado parece solo empeorar.
