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Violencia en Nuevo León Supera Niveles de 20124 min read

¿Cómo es la violencia en Nuevo León en 2024?
Nuevo León - Justicia Regia

En lo que va del año 2024, Nuevo León ha alcanzado una alarmante cifra de 959 homicidios, superando los niveles de violencia registrados durante el año 2012, el último año significativo de la guerra del narcotráfico en México. Mientras el gobernador Samuel García disfruta de unas vacaciones en el Mediterráneo, la violencia en el estado ha alcanzado niveles críticos, evidenciando una crisis de seguridad que recuerda a los peores días del conflicto.

Incremento en los Homicidios

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia en Nuevo León ha escalado considerablemente en los últimos días. El viernes pasado, el estado se convirtió en el más violento del país, reportando 11 homicidios. Este trágico récord fue seguido por otros días igualmente sangrientos, con 7 homicidios el sábado y 4 el domingo, acumulando un total de 22 muertes violentas en solo tres días.

Este aumento en la violencia es especialmente significativo dado que durante el año 2012, cuando se vivía el apogeo de la narcoguerra, Nuevo León registró 945 homicidios entre enero y julio. Con 959 homicidios ya contabilizados a tres días de cerrar el mes de julio, el estado ha superado esta cifra histórica de forma preocupante.

Además, los 22 homicidios reportados recientemente igualaron el número de muertes violentas registradas durante el período del 12 al 14 de julio de 2012, considerado uno de los fines de semana más violentos de aquel año. Aunque el estado podría cerrar el mes con menos homicidios que los 178 y 175 registrados en mayo y junio, respectivamente, julio ha sumado hasta el domingo 137 homicidios, colocándolo como el tercer mes consecutivo con una cifra superior a los 140 crímenes violentos. Este total mensual representa la cifra más alta del año anterior, destacando un preocupante patrón de violencia.

Impacto en la Seguridad Pública

El impacto de esta escalada en la violencia ha sido evidente en diversos municipios del estado. El viernes, los reportes incluyeron una ejecución triple en García, donde tres personas fueron asesinadas en una quinta, así como dos hombres golpeados hasta la muerte en ese mismo municipio. También se registraron tres asesinatos en Monterrey, Apodaca y Zuazua, y el hallazgo de dos cuerpos en Juárez y Escobedo.

El sábado, la violencia continuó con el descubrimiento de tres cuerpos en el Libramiento Noroeste, junto con el asesinato de un hombre en su residencia en Zuazua. El domingo, el nivel de violencia alcanzó nuevas alturas con el asesinato del Secretario de Seguridad de Abasolo, quien había sobrevivido a dos ataques a balazos el año pasado.

Esta situación evidencia no solo el incremento en la violencia, sino también la falta de progreso en la gestión de seguridad pública a nivel estatal. Las autoridades locales y la administración del gobernador Samuel García se enfrentan a una presión creciente para abordar esta crisis de manera efectiva.

Consecuencias para la Administración Estatal

El aumento en los homicidios y la falta de respuesta efectiva a esta crisis tienen serias implicaciones para la administración estatal. La ausencia del gobernador García durante este período crítico ha sido objeto de críticas, especialmente dado el elevado número de homicidios y la aparente falta de control sobre la situación de seguridad.

La gestión de la seguridad pública en Nuevo León ha sido un tema de preocupación durante varios años, y la actual escalada de violencia subraya la necesidad de una respuesta más robusta y coordinada. La administración estatal deberá enfrentar el desafío de recuperar la confianza pública y demostrar que puede gestionar la seguridad de manera efectiva.

Las autoridades deben implementar estrategias para reducir la violencia y abordar las causas subyacentes que han contribuido al aumento de los homicidios. Además, es crucial mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y fortalecer los esfuerzos de prevención del delito para mitigar el impacto de la violencia en la comunidad.

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