El Gobierno de Nuevo León vuelve a estar bajo la lupa tras la adjudicación de un contrato millonario a la Comercializadora Don Cacahuato, empresa previamente vinculada a supuestas triangulaciones financieras con el despacho del Gobernador Samuel García y su familia. Este nuevo acuerdo, firmado el pasado 29 de abril, involucra recursos públicos que oscilan entre los 427.8 millones y los 527.7 millones de pesos, destinados a la compra de canastas alimentarias, despensas y alimentos escolares gestionados por el DIF estatal.
La licitación, que debió ser un proceso transparente y competitivo, fue cuestionada desde su origen debido a que sólo hubo un participante registrado, el cual naturalmente resultó el adjudicado. Las críticas no tardaron en surgir, señalando nuevamente prácticas opacas que apuntan hacia posibles conflictos de interés y manejo indebido de recursos públicos en beneficio de círculos cercanos al Gobernador.
Preocupan Falta De Competencia Y Transparencia
En el acta oficial de la licitación, firmada por el testigo social Juan Jaime Villarreal Lozano, quedaron plasmadas varias observaciones que generan dudas sobre la legalidad del proceso. Villarreal destacó que no se presentó un estudio de mercado previo, elemento clave para garantizar precios competitivos y justificar el presupuesto asignado. También resaltó la ausencia de visitas físicas de los funcionarios a los lugares donde se ofrecería el servicio, un paso habitual en procesos de este tipo para verificar la viabilidad de los proveedores.
Además, no hubo preguntas, aclaraciones ni comentarios registrados durante el concurso, un indicador preocupante que refleja la falta de participación real en el proceso. “Es fundamental abrir la oportunidad a que más proveedores participen en estas licitaciones, especialmente considerando la complejidad de los productos solicitados. Incluso podrían dividirse por partidas o regiones, lo que permitiría una mejor cobertura y un manejo más eficiente”, argumentó el testigo social.
La ausencia de competencia real, sumado a estos elementos, ha despertado nuevamente sospechas sobre el verdadero propósito de la asignación y el nivel de control que ejerce el entorno de Samuel García sobre los recursos públicos destinados a programas sociales.
Gobierno de NL adjudica megacontrato a Comercializadora Don Cacahuato, señalada por triangulaciones al despacho de Samuel García a través del DIF estatal. https://t.co/uShYCS7V2R
— EL NORTE (@elnorte) June 23, 2025
Vinculaciones Anteriores Y Triangulaciones: Don Cacahuato
Este no es el primer escándalo que envuelve a la Comercializadora Don Cacahuato. Apenas en julio de 2024, una investigación publicada por el portal Latinus reveló una red de pagos millonarios entre el DIF estatal y la mencionada empresa. Según el reportaje, entre marzo de 2022 y enero de 2024, el DIF habría realizado 14 pagos por un total de 820 millones de pesos a Don Cacahuato por conceptos de desayunos escolares y despensas.
La trama se complica al conocerse que, posteriormente, una empresa hermana de Don Cacahuato —la Distribuidora Damago— habría transferido 4.6 millones de pesos al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, propiedad del Gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Ambas empresas —Comercializadora Don Cacahuato y Distribuidora Damago— están integradas en el Grupo Cimarrón, encabezado por los empresarios Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz, quienes ahora vuelven a ser señalados como actores clave dentro de este presunto esquema de triangulación.
La publicación de Latinus fue un duro golpe mediático para el gobierno estatal, ya que exhibió posibles vínculos financieros directos entre proveedores del Estado y el núcleo familiar del propio Gobernador, dejando expuesto el riesgo de uso indebido de recursos públicos en beneficio privado.
Ascensos Políticos Entre Polémicas
Otro personaje que aparece dentro de este entramado es Miguel Ángel Sánchez, quien durante el periodo en que comenzaron los pagos a Don Cacahuato fungía como director del DIF Nuevo León. Su gestión no solo estuvo marcada por los contratos millonarios, sino también por un escándalo relacionado con la muerte sospechosa de un niño bajo resguardo de la institución, caso que nunca fue esclarecido del todo.
Pese a la polémica, Sánchez no enfrentó consecuencias políticas inmediatas. Al contrario, fue arropado como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y actualmente ocupa un escaño como diputado federal, lo que refleja la capacidad del grupo político en el poder para blindar a sus aliados aun cuando existan señalamientos serios sobre su desempeño en el servicio público.
Este ascenso político, en paralelo al crecimiento económico de los proveedores cercanos al entorno familiar de Samuel García, alimenta las versiones que apuntan a un posible sistema de complicidades internas dentro del gobierno estatal.
El Modelo Recurrente De Contratos Cuestionables
La forma en la que se adjudican estos contratos refleja un patrón preocupante que se ha repetido durante el sexenio de Samuel García: licitaciones con pocos o nulos participantes, empresas previamente vinculadas al círculo cercano del gobernador, falta de transparencia en los criterios de asignación, y omisiones graves como la ausencia de estudios de mercado o visitas de verificación.
Todo esto ha generado un creciente malestar en diversos sectores de la sociedad neoleonesa, que observan con preocupación cómo el presupuesto público destinado a asistencia social —programas dirigidos a sectores vulnerables de la población como el alimentario infantil— termina concentrado en un reducido grupo de proveedores señalados por presuntas triangulaciones y beneficios familiares.
Mientras tanto, los cuestionamientos en el Congreso local, los llamados de la oposición y los reclamos ciudadanos apenas logran abrir espacio mediático en un entorno donde el aparato de comunicación estatal se mantiene activo difundiendo una imagen de eficiencia y modernidad en la administración.
Una Sombra Permanente Sobre El DIF
Lo que más preocupa en este nuevo caso es que el DIF estatal, institución creada justamente para proteger a los sectores más vulnerables, se haya convertido en el principal vehículo de estas operaciones opacas. La reiteración de contratos a una empresa con antecedentes de transferencias sospechosas debería ser motivo suficiente para activar investigaciones independientes o incluso revisiones federales.
Sin embargo, hasta el momento, no se ha informado de ningún procedimiento formal de fiscalización a fondo sobre estos contratos recientes. Esto refuerza la percepción de que existe un control absoluto de los órganos de fiscalización locales por parte del actual gobierno estatal, y que las denuncias mediáticas y ciudadanas se diluyen sin consecuencias prácticas.
En este contexto, la asignación de otros 527 millones de pesos a Don Cacahuato no es solo un asunto administrativo, sino el reflejo de un modelo de gobernanza que se ha sostenido en redes de interés económico-político profundamente arraigadas en Nuevo León.
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