Un reciente reportaje publicado por la revista Proceso ha puesto nuevamente bajo el escrutinio público al gobernador de Nuevo León, Samuel García, al afirmar que tanto él como su padre, Samuel Orlando García Mascorro, están vinculados a operaciones financieras relacionadas con el Cártel de los Beltrán Leyva. Según la investigación, los despachos jurídicos Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyF) y GMA Firma Jurídica Fiscal, propiedad del Gobernador y su padre, han acumulado ingresos por más de 2 mil 400 millones de pesos entre 2016 y 2023, una cifra que ha despertado sospechas sobre la procedencia de esos fondos.
La investigación, basada en datos proporcionados por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, destaca que gran parte de estos recursos provendrían de operaciones con empresas factureras, las cuales habrían sido utilizadas para blanquear dinero para la organización criminal de los Beltrán Leyva. Entre las empresas implicadas se encuentran Consultoría Lefinco, una firma fundada por Marcelo Flores, hermano de Miguel “Mike” Flores, quien es señalado como uno de los principales colaboradores del Gobernador y coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local.
La Conexión Con Empresas Factureras
El reportaje de Proceso sostiene que Consultoría Lefinco es el eje central de una red de triangulaciones financieras que habría permitido a los despachos de los García recibir recursos provenientes de actividades ilícitas. Una de las empresas clave en este esquema es Suministro MYR, que, de acuerdo con la investigación, habría realizado pagos millonarios a los despachos del Gobernador y su padre.
En este contexto, el artículo asegura que al menos siete empresas vinculadas al Cártel de los Beltrán Leyva habrían transferido recursos a Consultoría Lefinco. Los pagos estarían relacionados con actividades de lavado de dinero que involucraban, entre otras, a compañías como Ferrara Consultores, Segurivic, Construcciones y Proyectos Cobalto, Constructora ZVA y MFI Servicios y Asesoría. Todas estas empresas han sido identificadas por la Fiscalía como entidades clave en las operaciones financieras del grupo criminal.
La relevancia de estas acusaciones radica en la conexión entre dichas empresas y dos figuras señaladas como importantes operadores del Cártel en Nuevo León: Norberto Valencia González, apodado “El Socialitos”, y José Rodolfo Villarreal Hernández, conocido como “El Gato”. Ambos personajes han sido relacionados con actividades de lavado de dinero en el municipio de San Pedro, una de las zonas más prósperas del estado.
Implicaciones Políticas y Financieras
El impacto de estas revelaciones no se limita únicamente al ámbito financiero, sino que también tiene serias implicaciones políticas. Samuel García ha sido un líder visible en el estado y en el país, con una carrera en ascenso dentro de Movimiento Ciudadano. Las acusaciones de Proceso, basadas en la investigación de la Fiscalía, ponen en duda la transparencia con la que se ha manejado la fortuna del Gobernador y su entorno cercano.
La red de empresas implicadas en este presunto esquema de triangulación de recursos abarca múltiples sectores económicos, lo que sugiere que la influencia de los Beltrán Leyva en la economía local podría ser mayor de lo que se había reconocido previamente. Las empresas mencionadas en el reportaje operan en sectores tan diversos como la construcción, los servicios de seguridad y el asesoramiento financiero. Esta diversificación les habría permitido ocultar sus operaciones ilícitas con mayor eficacia, dificultando la labor de las autoridades para rastrear el origen de los fondos.
Respuesta del Gobernador y su Equipo
Ante las graves acusaciones presentadas por Proceso, el Gobernador Samuel García no tardó en responder públicamente a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, García negó rotundamente las afirmaciones del reportaje, calificándolas de mentiras. “Desde que estoy en política se han dicho muchas cosas falsas sobre mí”, declaró el mandatario en una publicación. Además, expresó su frustración por el daño que estas acusaciones podrían causar tanto a su reputación como a la de su familia.
A pesar de la contundente negación de García, las dudas persisten entre la opinión pública. Muchos ciudadanos y analistas han señalado que las explicaciones del Gobernador no abordan de manera clara las acusaciones específicas planteadas en el reportaje. La falta de detalles en su respuesta ha generado un clima de incertidumbre, con algunos sectores exigiendo una investigación más exhaustiva sobre las finanzas de García y su familia.
Por su parte, Miguel “Mike” Flores, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local y cercano colaborador del Gobernador, también se ha visto envuelto en la controversia. A pesar de los intentos por obtener su versión de los hechos, Flores ha evitado responder a los cuestionamientos sobre su supuesta implicación en el esquema de triangulación de fondos. Esta evasión ha aumentado las sospechas en torno a su papel en las operaciones financieras de Consultoría Lefinco y su relación con las empresas vinculadas al Cártel de los Beltrán Leyva.
