El Congreso local ha elevado la presión contra el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, al solicitar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) emprenda acciones penales por las irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2022 y 2023. Se trata de una suma considerable: cerca de 800 millones de pesos no solventados, según denunció el diputado Miguel Ángel García Lechuga, autor de la propuesta aprobada por mayoría en el Congreso.
800 millones de pesos sin justificar
Durante la sesión legislativa, con 28 votos a favor y 8 abstenciones, el Congreso aprobó un exhorto dirigido a la ASE, exigiendo que investigue y actúe penalmente contra quienes resulten responsables del manejo de los recursos públicos en Santa Catarina. Entre las observaciones más destacadas se encuentra un contrato de 18 millones de pesos destinado, aparentemente, a financiar mesas de trabajo para una transición administrativa que nunca ocurrió, ya que el alcalde Jesús Nava fue reelecto.
“En 2023, las observaciones de la ASE ascienden a 273 millones de pesos, mientras que en 2022 fueron 500 millones. Estamos hablando de casi 800 millones de pesos no justificados que pudieron haberse destinado a infraestructura, salud, educación o servicios básicos”, declaró el diputado García Lechuga en entrevista.
El contrato de 18 millones, que carece de justificación clara, fue realizado en junio y julio de 2024 bajo el concepto de “acompañamiento en la entrega-recepción”. Según el legislador, este gasto resulta innecesario, ya que la Contraloría Municipal tiene la responsabilidad de gestionar dichas actividades, y además, el alcalde Nava no dejó el cargo al ser reelegido.
Contrato polémico y posibles irregularidades
El contrato, además de su falta de justificación, involucra al exdiputado Roberto Farías, quien habría encabezado las supuestas mesas de trabajo. Sin embargo, no existen pruebas de que estas se hayan llevado a cabo, lo que incrementa las sospechas de desvío de recursos. García Lechuga señaló que este tipo de gastos no solo representan un uso irresponsable de los recursos públicos, sino que también podrían configurar delitos graves.
“Estamos pidiendo al Auditor que presente denuncias penales por la presunta comisión de delitos y que sancione a los funcionarios implicados de las diferentes secretarías municipales, incluyendo al alcalde Jesús Nava”, enfatizó el legislador.
Esta solicitud refleja una creciente preocupación por la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en el estado. El diputado subrayó que las acciones legales deben dirigirse no solo contra el alcalde, sino también contra cualquier funcionario que haya participado en estas presuntas irregularidades.
La responsabilidad de la ASE
La ASE tiene ahora la responsabilidad de analizar las observaciones y proceder, en su caso, con las denuncias correspondientes. Según García Lechuga, los montos observados podrían haber sido utilizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santa Catarina. “Estamos hablando de recursos que pudieron haberse invertido en mejorar los servicios básicos o en proyectos de infraestructura que tanto necesita la comunidad”, afirmó.
El caso de Santa Catarina pone de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente. La solicitud del Congreso no solo busca justicia, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la corrupción y el desvío de fondos.
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