La figura de Samuel García, gobernador de Nuevo León, vuelve al centro del debate público, no por sus decisiones de gobierno ni por sus proyectos de infraestructura, sino por una serie de acusaciones formales que apuntan a violaciones reiteradas a la legislación electoral. La controversia ha escalado luego de que la presidenta del Congreso local, Lorena de la Garza, presentara ante la Fiscalía General de la República (FGR) ocho denuncias más contra Samuel García, sumándose a una ya larga lista de señalamientos previos.
La diputada asegura que el mandatario ha incurrido en una conducta sistemática de promoción personalizada, uso de recursos públicos para favorecer campañas afines y actos que comprometen la equidad del proceso electoral. Lo grave, según dijo, no es solo el número de irregularidades cometidas, sino el hecho de que ninguna ha sido sancionada, a pesar de que ya existen 35 sentencias firmes en su contra emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Persisten fallas en justicia electoral
Tribunal ha sentenciado, pero no se aplica castigo
A lo largo del proceso electoral de 2024, diversas instancias jurisdiccionales analizaron las conductas del gobernador. Las sentencias, hoy acumuladas en número de 35, fueron claras: sí hubo violaciones a la ley. Entre ellas se encuentran fallos por uso indebido de propaganda institucional, participación en actos proselitistas, violaciones al principio de imparcialidad, y promoción de su imagen en tiempos no permitidos.
Sin embargo, ninguna de esas resoluciones ha producido consecuencias legales o administrativas directas. De la Garza señala que esta falta de consecuencias ha generado una “cultura de impunidad”, donde las autoridades pueden violar la ley con la certeza de que no habrá castigo.
El caso de Samuel García comienza a utilizarse como ejemplo paradigmático de los límites de nuestro sistema electoral: un modelo que sí reconoce las faltas, pero que carece de herramientas efectivas para hacerlas valer. Aunque el Tribunal Electoral dicta resoluciones, su cumplimiento depende de otras instancias que, en este caso, no han actuado.
Nuevas denuncias ante la FGR contra Samuel García
Buscan respuesta penal por violaciones
Consciente de esta situación, la legisladora decidió llevar el caso más allá del ámbito electoral. El pasado lunes, presentó ocho nuevas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, con el objetivo de que sea el Ministerio Público quien investigue la posible comisión de delitos relacionados con el uso de recursos públicos en campañas.
Entre los elementos entregados se encuentran documentos, imágenes, reportes de medios y evidencias audiovisuales que, según la diputada, demuestran una coordinación institucional para beneficiar a ciertos candidatos, lo cual compromete la neutralidad que debe tener un gobierno durante un proceso democrático.
La presentación de estas denuncias coincide con una serie de cuestionamientos más amplios que ha enfrentado el gobierno estatal, particularmente en lo relacionado con el uso del aparato institucional para reforzar intereses partidistas. En ese contexto, el paso de llevar el caso a la FGR representa una medida de presión que podría abrir un nuevo capítulo judicial.
Uso político de la administración pública
Critican mezcla entre gobierno y campaña
Uno de los argumentos centrales detrás de estas denuncias es la fusión entre funciones de gobierno y promoción política. Durante la campaña de 2024, Samuel García realizó múltiples giras, eventos y publicaciones en las que, aunque formalmente hablaba desde su posición de gobernador, el mensaje implícito —y a veces explícito— favorecía a ciertos perfiles electorales.
Para sus críticos, esta estrategia no solo fue evidente, sino calculada. La administración se convirtió en una plataforma de promoción cruzada, donde se utilizaban recursos logísticos, humanos y comunicacionales del gobierno para posicionar narrativas o candidaturas.
“Lo que ocurrió en Nuevo León durante este proceso electoral no puede quedar impune. No se trata de una opinión política, sino de hechos documentados que violan la ley”, aseguró De la Garza.
También recalcó que estas prácticas ponen en riesgo la legitimidad del sistema democrático, pues erosionan la confianza de los ciudadanos y dan ventaja a quienes gobiernan al momento de competir electoralmente.
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