La preocupación por la seguridad en las carreteras de Nuevo León vuelve a crecer. Esta vez, el foco de alerta está en el tramo Cadereyta-Los Ramones, donde ya se han reportado al menos seis desapariciones recientes, según advierten autoridades de Reynosa, Tamaulipas. Mientras el crimen organizado se apodera de esta ruta, las autoridades estatales parecen ausentes, y la incertidumbre entre los viajeros crece cada día más.
La carretera que conecta a Monterrey con Reynosa, uno de los principales corredores para el tránsito comercial y particular entre ambos estados, se ha transformado en un escenario de alto riesgo. Las denuncias sobre personas privadas de su libertad en ese tramo se acumulan, mientras las familias de los desaparecidos siguen esperando respuestas.
Las autoridades de Reynosa emiten advertencias
Fue el propio Secretario de Seguridad Pública de Reynosa, Geovanni Barrios Moreno, quien encendió la alerta pública al dar a conocer los más recientes casos. Señaló que durante los últimos días recibieron reportes de seis personas desaparecidas mientras circulaban por el tramo mencionado, lo que ha encendido las alarmas tanto en Tamaulipas como en Nuevo León.
Aunque los casos ocurrieron en territorio neoleonés, el funcionario tamaulipeco explicó que la cercanía y el tránsito frecuente de residentes de Reynosa hacia Cadereyta motivaron su intervención pública. “Desafortunadamente, hemos recibido reportes de personas que fueron privadas de su libertad, o se presume que lo fueron, en esa carretera. La recomendación es evitar detenerse en zonas solitarias”, señaló Barrios.
Las autoridades de Reynosa exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones si es necesario circular por la carretera Monterrey-Reynosa, pidiendo a los conductores no detenerse ni siquiera para cargar gasolina o hacer pausas en lugares despoblados. La recomendación es clara: avanzar directamente hasta su destino o buscar paradas en sitios concurridos.
El crimen organizado controla la ruta
De acuerdo con las primeras investigaciones, todo apunta a que estos secuestros habrían sido perpetrados por grupos criminales que operan en la región, buscando presionar al gobierno estatal de Nuevo León. Los informes indican que los secuestradores estarían actuando bajo el control de organizaciones dedicadas al crimen organizado, aprovechando los tramos aislados y con escasa vigilancia para interceptar a las víctimas.
Barrios Moreno reconoció que la Guardia Nacional mantiene presencia tanto en la carretera libre como en la autopista, pero subrayó que los riesgos persisten. “He transitado por ambas rutas y he constatado la presencia de las autoridades federales, sin embargo, eso no ha eliminado del todo el peligro”, afirmó.
Incluso los familiares de las víctimas han comenzado a organizarse en manifestaciones, como ocurrió con un grupo de enfermeros del Hospital IMSS 270, quienes bloquearon temporalmente la carretera exigiendo justicia tras la desaparición de un compañero. La presión social crece, mientras las respuestas oficiales siguen sin llegar.
La ausencia del gobierno estatal agrava la crisis
El creciente clima de inseguridad en carreteras fuera del área metropolitana vuelve a exhibir la falta de presencia efectiva del gobierno de Nuevo León en zonas rurales. A medida que Samuel García enfoca su administración en discursos mediáticos y giras políticas, los vacíos de autoridad en regiones como Cadereyta y Los Ramones son ocupados por grupos delictivos.
La situación no es nueva. Varias voces ciudadanas y autoridades locales han venido denunciando desde hace meses que las zonas rurales de Nuevo León están desprotegidas. La crisis en el tramo Cadereyta-Los Ramones es hoy el reflejo de esa política de abandono que privilegia el control de la seguridad solo en la zona metropolitana de Monterrey.
El secretario de Seguridad de Reynosa fue contundente al señalar que estas acciones criminales podrían tener un propósito político: “Todo indica que este grupo delictivo opera con la intención de ejercer presión sobre el gobierno de Nuevo León“, sostuvo Barrios. Aunque la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se mantiene como la autoridad responsable de las investigaciones, el intercambio de información con las autoridades tamaulipecas sigue abierto, especialmente por la cantidad de familias de Reynosa afectadas.
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