El proyecto de las Líneas 4 y 6 del Metro de Nuevo León, presentado como una solución clave para la movilidad en el área metropolitana, ha vuelto al centro del debate público tras darse a conocer un incremento del 57% en su costo total. La obra, que ha sido promovida como uno de los grandes compromisos de infraestructura del actual gobierno estatal, enfrenta crecientes críticas debido al aumento en su presupuesto y a la falta de explicaciones técnicas detalladas que justifiquen dicho sobrecosto.
De acuerdo con información oficial, el Estado está en proceso de modificar el contrato original de ambas líneas para incluir más de 5 mil millones de pesos adicionales destinados a trabajos catalogados como “extraordinarios”. Con ello, el proyecto ha comenzado a ser visto por diversos sectores como un “barril sin fondo” para las finanzas públicas de Nuevo León.
El anuncio no solo generó sorpresa por la magnitud del aumento, sino también por el hecho de que se buscará contratar una nueva deuda por 10 mil 500 millones de pesos, respaldada por los ingresos de la Red Estatal de Autopistas, lo que ha generado preocupación sobre el impacto a futuro en las finanzas estatales.
Señalan falta de planeación en Nuevo León
Aumentan dudas sobre la ejecución del proyecto
Diversos legisladores locales cuestionaron la manera en que se ha conducido la obra desde sus inicios, señalando que no se contó con un proyecto ejecutivo completo antes de arrancar con la construcción, lo cual, afirman, derivó en decisiones apresuradas y costos no previstos.
Uno de los señalamientos más reiterados es el uso del modelo de contratación “llave en mano”, en el que el Estado entrega el control total al proveedor sin contar con todos los estudios previos terminados. También se ha criticado la elección del sistema de transporte tipo monorriel, considerado por algunos como una solución menos eficiente y más costosa que un tren subterráneo tradicional.
La falta de claridad sobre el alcance de los trabajos “adicionales” y la forma en que se calcula este incremento presupuestal, han generado inquietud entre los legisladores, quienes exigen al Gobierno del Estado una explicación pública y detallada sobre cómo se llegó a esta cifra y por qué no se previó desde el inicio.
Reducción del alcance, pero aumento en el costo
Cuestionan contradicción entre promesas y realidad
Uno de los aspectos que más llama la atención es que, aunque inicialmente el plan contemplaba tres líneas nuevas del Metro de Nuevo León, hoy solo se están desarrollando dos, y aún así el gasto ha aumentado de forma significativa. Legisladores que han seguido de cerca el avance del proyecto se preguntan por qué, si el alcance se redujo, los costos no bajaron, sino que por el contrario, se dispararon.
A esto se suma el hecho de que apenas en febrero pasado, las autoridades afirmaron que con una deuda de 8 mil millones de pesos sería suficiente para completar las fases más importantes de las Líneas 4 y 6. Sin embargo, ahora se contempla una nueva deuda superior a los 10 mil millones, lo cual ha sido interpretado como una señal de improvisación y de deficiente previsión financiera.
También se ha encendido una alerta sobre la forma en que se pretende respaldar esta deuda: a través de los ingresos de la Red Estatal de Autopistas. Algunos actores consideran que esto hipoteca recursos públicos de largo plazo, lo que podría comprometer inversiones en otras áreas clave como salud, seguridad o educación.
Reclaman transparencia al Gobierno estatal de Nuevo León
Crece presión por parte del Congreso local
Ante la falta de información clara, representantes del Congreso han solicitado al Ejecutivo estatal que se transparente el estado actual del proyecto, incluyendo los motivos que llevaron al aumento de costos, el detalle de los trabajos extraordinarios incluidos en el convenio modificatorio, y los términos de la nueva deuda.
Las críticas se han centrado en el hecho de que este no es el primer proyecto de infraestructura en el que se presentan desviaciones importantes en el presupuesto. Ya ha ocurrido con otras obras como la Presa Libertad (hoy llamada Presa León) o el Acueducto El Cuchillo II, lo que hace pensar a algunos legisladores que el problema es de origen estructural: falta de control sobre el gasto público y ausencia de mecanismos de rendición de cuentas efectivos.
La preocupación se extiende a sectores ciudadanos, que han comenzado a expresar su malestar por el encarecimiento de un sistema de transporte que aún no presenta avances visibles significativos, pero que sigue absorbiendo miles de millones de pesos del erario.
Mientras tanto, las obras continúan en marcha, pero con una creciente desconfianza social sobre su costo-beneficio y sobre la viabilidad financiera del modelo bajo el cual se está construyendo. La presión para que el Gobierno estatal ofrezca respuestas concretas y datos verificables no deja de crecer.
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