La extorsión en Nuevo León volvió a exhibir la fragilidad de la seguridad pública tras nuevas denuncias de transportistas que operan rutas foráneas. Empresarios del sector aseguran que enfrentan amenazas, agresiones y cobros mensuales de hasta 40 mil pesos para poder ingresar pasajeros a la zona metropolitana. El caso vuelve a colocar a Samuel García bajo señalamientos por una estrategia de seguridad que no logra contener el delito.
Lejos de tratarse de hechos aislados, los testimonios revelan un esquema constante y organizado. Las extorsiones se realizan a plena luz del día, en zonas céntricas y altamente transitadas. Para los afectados, la ausencia de una respuesta contundente por parte de las autoridades agrava un problema que lleva años operando sin consecuencias visibles.
¡Samuel fracasó en seguridad! Ahora empresarios del transporte acusan extorsiones de hasta 40 mil pesos mensuales por dejarlos traer pasajeros desde otros estados. Rompen parabrisas y amenazan CON ARMAS si no pagan. 🚍
— Justicia Regia (@Justicia_Regia) January 8, 2026
La “estrategia” del góber no frena las extorsiones. 😡 pic.twitter.com/DdTI5zhpK6
Amenazas Directas Para Poder Trabajar
Los transportistas denunciaron que un grupo que se presenta como sindicato exige cuotas mensuales que van de los 9 mil a los 40 mil pesos, dependiendo del número de autobuses que ingresan a Nuevo León. El pago, aseguran, se vuelve obligatorio si desean seguir operando sin represalias.
Cuando el dinero no se entrega, las amenazas escalan. Choferes han sido golpeados, parabrisas han sido destrozados y, en algunos casos, los operadores han sido intimidados con armas de fuego. Para los empresarios, la advertencia es clara: pagar o enfrentar la violencia.
Las unidades suelen dejar pasaje en el Primer Cuadro de la ciudad, incluyendo zonas como la Macroplaza. Es ahí donde los presuntos extorsionadores se acercan directamente a exigir el pago. Los afectados aseguran que el grupo conoce los movimientos de los autobuses y vigila quién cumple y quién no.
Un Esquema Que Se Cobra Por Mes
El cobro no es eventual ni discrecional. Según los testimonios, se trata de una cuota fija mensual. Incluso, quienes realizan viajes constantes desde otros estados reciben el mensaje de que el pago es permanente si continúan entrando a la ciudad.
Los transportistas mostraron comprobantes de pago enviados por WhatsApp, con recibos virtuales que incluyen el nombre del presunto sindicato. El dinero se deposita a cuentas bancarias específicas, lo que refuerza la percepción de que existe una operación estructurada y sostenida en el tiempo.
Uno de los empresarios relató que paga alrededor de 10 mil pesos al mes. Cuenta con 15 autobuses que ingresan dos veces por semana a Nuevo León. Al cierre del año, el monto representa una carga económica considerable que termina impactando en costos, salarios y condiciones laborales.
Extorsión En Nuevo León Y Silencio Oficial
Las denuncias de extorsión en Nuevo León no se limitan al transporte de pasajeros. Días antes, transportistas de carga también acusaron cobros ilegales, incluso por parte de agentes de Tránsito en municipios como San Pedro, Ciénega de Flores y García. Para el sector, el patrón se repite sin que exista una intervención efectiva.
Además, los cobros ilegales también se han reportado en Santa Catarina, en zonas cercanas al Consulado General de Estados Unidos. La expansión territorial del cobro de piso refuerza la percepción de que la inseguridad opera con libertad en distintos puntos del área metropolitana.
Representantes del sector transportista señalaron que no reconocen ni están afiliados al grupo que exige las cuotas. Aun así, cuestionan quién permite que estas personas actúen con total impunidad, sin operativos, detenciones ni sanciones visibles.
Samuel García: El Centro Del Debate
En este contexto, el nombre de Samuel García vuelve a surgir como parte central del debate. La estrategia de seguridad estatal no ha logrado frenar prácticas asociadas al crimen organizado que afectan directamente a la actividad económica y a la integridad de los trabajadores.
Para los transportistas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién protege a quienes trabajan bajo amenaza? Mientras las extorsiones continúen cobrando miles de pesos cada mes y los responsables sigan operando a plena vista, la percepción de fracaso en materia de seguridad seguirá creciendo.
La extorsión en Nuevo León no solo representa un delito económico. Para quienes viven de transportar personas, es una muestra de cómo la inseguridad se normaliza cuando no hay respuestas claras del gobierno estatal. En ese escenario, trabajar se convierte en un riesgo permanente.
