El gobierno de Nuevo León anunció recientemente la conversión del Río Santa Catarina en Área Natural Protegida, una medida celebrada por diversos sectores. Sin embargo, esta decisión coincidió con otro anuncio que ha generado cuestionamientos: el repentino abandono del proyecto del viaducto elevado en Morones Prieto, obra que meses antes había sido impulsada por el propio gobernador Samuel García.
Para muchos observadores, esta secuencia de anuncios ha expuesto una estrategia política basada en la imagen verde, mientras se esconden decisiones inconsistentes y contradicciones en la gestión del territorio metropolitano. Lo que se presenta como un compromiso con la ecología, para otros es una forma de lavar el discurso frente al rechazo ciudadano a proyectos urbanísticos mal planeados.
El viaducto elevado impulsado y luego negado
La historia del viaducto elevado comenzó en marzo de 2023, cuando el gobernador anunció públicamente la obra ante empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). El proyecto fue descrito como una solución al tráfico vehicular en Morones Prieto y fue integrado al plan de infraestructura estatal.
A lo largo de ese mismo año, García defendió la obra frente a las críticas de ciudadanos, colectivos y especialistas, llegando incluso a mofarse públicamente de quienes se oponían. “Loquitos y loquitas”, fue como se refirió a los activistas que señalaron riesgos ecológicos, sociales y urbanos del proyecto.
En septiembre, el gobernador acudió a la zona para anunciar el inicio de los trabajos técnicos y geológicos que permitirían tramitar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esta gestión fue realizada por la Red Estatal de Autopistas, una entidad del gobierno estatal, lo cual confirmaba que se trataba de una iniciativa oficial.
Tras promover durante dos años el viaducto elevado de Morones Prieto, ahora Samuel García dice que es un proyecto particular y se deslinda.#ElNorteLocalhttps://t.co/ZqfsJEoxkS
— elnortelocal (@elnortelocal) June 10, 2025
Deslinde público y discurso ambiental
En contraste con lo anterior, durante una reunión reciente de la Comisión Ambiental Metropolitana, Samuel García cambió su narrativa por completo. Afirmó que el viaducto nunca fue una obra del Estado, que se trataba de un proyecto privado y que, por ahora, no se realizará debido a que podría generar un colapso vial durante el Mundial 2026.
“Lo más probable es que no vaya”, declaró, asegurando que su gobierno no impulsará el proyecto por sus posibles afectaciones. Esta postura fue compartida en un video oficial difundido por el propio gobierno, pese a que la administración había iniciado trámites formales para su ejecución.
Para muchos, el argumento del Mundial resulta poco creíble. Los estudios técnicos comenzaron hace más de un año, cuando ya se sabía que Monterrey sería sede del evento. Lo que antes era una promesa de infraestructura ahora se justifica con un evento que nunca fue un imprevisto.
Río Santa Catarina, viaducto elevado y presión pública
La cancelación del viaducto se anunció apenas unos días después de que el gobierno estatal proclamara al Río Santa Catarina como zona protegida, impidiendo nuevas construcciones en su cauce. Esta medida coincidía con las exigencias de colectivos ciudadanos que, desde el inicio, advirtieron que el viaducto atravesaría áreas de valor ambiental y urbano.
Por eso, el viraje de Samuel García no fue leído como un cambio de convicción, sino como un ajuste de cálculo político. La presión social y el alto costo de sostener una obra impopular, en un contexto de crecientes exigencias ambientales, parecen haber pesado más que las razones técnicas.
Colectivos como Un Río en el Río y Pueblo Bicicletero habían exigido la cancelación del viaducto elevado desde su anuncio. Sus argumentos iban desde la destrucción de ecosistemas hasta el fomento de una movilidad urbana centrada en el automóvil. Hoy, aunque celebran que el proyecto no siga, advierten que el gobierno no ha reconocido su responsabilidad ni ha garantizado que no se retome más adelante.
Lecciones pendientes para el desarrollo urbano
La situación deja un mensaje claro: la ciudadanía exige más que buenas intenciones o narrativas verdes. Quiere gobiernos que planifiquen a largo plazo, escuchen a los expertos y trabajen con la comunidad. En cambio, lo ocurrido con el viaducto muestra que aún se toman decisiones de gran impacto sin diálogo, sin transparencia y sin responsabilidad institucional.
El contraste entre promover una obra y luego negarla revela una falta de claridad que pone en duda la credibilidad gubernamental. ¿Cómo confiar en proyectos futuros si hoy se desconoce públicamente lo que se promovió con recursos oficiales?
Más allá del viaducto elevado, lo que queda es la urgencia de repensar cómo se gestiona la ciudad, cómo se toma en cuenta a sus habitantes y cómo se construye un modelo urbano que verdaderamente responda al interés colectivo, no al calendario político.
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