Marilyn Cote, abogada y figura mediática, enfrenta un escándalo por presunta usurpación de funciones como psiquiatra, lo que ha derivado en la suspensión de su consultorio y una serie de investigaciones sobre sus credenciales académicas. La controversia ha captado la atención pública y ha generado dudas sobre la regulación de servicios médicos en México.
Marilyn Cote acusa irregularidades en su caso
El conflicto inició tras denuncias contra el consultorio “Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote”, ubicado en Puebla. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió sus operaciones por no cumplir con requisitos esenciales como aviso de funcionamiento, licencia sanitaria y certificación académica. Según Cofepris, estos incumplimientos representan un riesgo sanitario grave y ameritan sanciones económicas y legales.
Ante las acusaciones, Marilyn Cote asegura que posee títulos válidos en psiquiatría, aunque su nombre no figura en el Registro Nacional de Profesionistas como tal. La abogada argumenta que sus estudios se realizaron en el extranjero, lo que explicaría su ausencia en dicho registro. Sin embargo, esta declaración contrasta con la falta de pruebas de afiliación a instituciones como Harvard o la Universidad de Oslo, cuyos logotipos aparecían en documentos usados en su práctica.
¿Qué dicen los registros oficiales?
Según datos del Registro Nacional de Profesionistas, Marilyn Cote es licenciada en Derecho y posee estudios en Criminalística y Psicología, pero no en psiquiatría. Aunque afirma tener títulos de instituciones internacionales, las investigaciones oficiales no han corroborado estas afirmaciones. Esto ha intensificado el escrutinio público y oficial sobre su práctica profesional y la autenticidad de su experiencia médica.
Por ahora, Cofepris trabaja con autoridades locales para clausurar definitivamente su consultorio y promover una denuncia penal por presunta usurpación de funciones. Este caso ha reavivado el debate sobre la regulación de los servicios de salud privados y la necesidad de garantizar que los profesionales cumplan con estándares éticos y legales.
