La exigencia de destituir a Juan Ignacio Barragán como titular de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) ha escalado a debate público en Nuevo León. Legisladores acusaron al funcionario de incompetencia y responsabilizaron al Gobernador Samuel García por mantenerlo en el cargo pese a los constantes señalamientos de fallas en la operación de la paraestatal.
El reclamo se produce luego de que se diera a conocer que los trabajos inconclusos de AyD en la zona metropolitana no solo persisten, sino que aumentan con el paso de los meses. Pese a que en 2024 el Congreso autorizó un crédito por 2 mil 184 millones de pesos, con 498 millones etiquetados para reparaciones y alcantarillado, los vecinos aseguran que la empresa estatal no muestra avances tangibles.
La situación ha dejado en evidencia una contradicción: por un lado, los millonarios recursos otorgados, y por el otro, colonias llenas de zanjas, pozos y alcantarillas abiertas que representan un riesgo diario para la ciudadanía.
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— elnortelocal (@elnortelocal) September 1, 2025
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Obras Inconclusas Y Malestar Ciudadano
Las calles de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, Santa Catarina, Apodaca y Escobedo exhiben lo que los vecinos llaman un “campo minado”. Pozos a medio reparar, fugas de agua que se prolongan por semanas y alcantarillas sin tapa forman parte de un paisaje urbano que refleja el abandono de las obligaciones básicas de la paraestatal.
En colonias como Mitras Centro y La Moderna, habitantes señalan que han convivido durante meses con zanjas abiertas frente a sus casas. Las denuncias van acompañadas de fotografías y reportes en redes sociales, lo que ha incrementado la presión pública sobre la administración de Barragán.
El malestar no es nuevo. Desde hace más de un año, organizaciones vecinales han advertido que el desempeño de AyD se ha deteriorado a niveles críticos. Sin embargo, lo que en otros sexenios era considerado un organismo modelo de eficiencia, hoy es descrito como una empresa atrapada en crisis constantes y sin rumbo claro.
Recursos Millonarios Sin Resultados
La aprobación del crédito por 2 mil 184 millones de pesos fue presentada como una medida para reforzar la operación de AyD. De ese total, casi 500 millones debían destinarse específicamente a reparaciones de alcantarillado y otras obras de infraestructura.
No obstante, los resultados están lejos de las expectativas. Vecinos y legisladores cuestionan en qué se están utilizando los recursos, ya que el rezago en los trabajos es evidente. Las calles dañadas y los reportes sin resolver dejan claro, según los críticos, que el dinero no se refleja en mejoras visibles para la ciudadanía.
Policarpo Flores advirtió que la falta de avances podría implicar un manejo poco claro de los recursos. Por ello, pidió que Barragán comparezca ante el Congreso local para explicar en qué se ha ejercido el crédito y por qué persisten tantas obras inconclusas.
Sospechas De Contubernio
Una de las acusaciones más delicadas en torno a Juan Ignacio Barragán es la especulación de que su permanencia al frente de AyD responde más a una cercanía con el Gobernador Samuel García que a su desempeño técnico.
“Si Samuel insiste en mantener a Barragán, a pesar de los señalamientos y del malestar ciudadano, el mensaje es que hay un contubernio entre ambos”, afirmaron. Con esta declaración, el dirigente panista abrió la puerta a sospechas sobre un posible interés político en sostener a un funcionario que, según los críticos, no ha dado resultados.
La denuncia coloca a Samuel García en el centro del debate, pues la ciudadanía percibe que las decisiones sobre el organismo no obedecen a criterios de eficiencia, sino a la conveniencia política del Ejecutivo estatal.
Futuro De AyD En Entredicho
El futuro de Agua y Drenaje de Monterrey es incierto. Lo que en décadas pasadas fue un organismo ejemplar, hoy está sumido en cuestionamientos por ineficiencia, endeudamiento y presunta complicidad política.
Las demandas de destitución de Barragán se suman a la creciente presión por una rendición de cuentas clara sobre el uso de recursos. La posibilidad de que el funcionario sea citado a comparecer ante el Congreso abre un nuevo capítulo en la relación entre AyD, los legisladores y el propio Gobierno estatal.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen padeciendo las consecuencias: calles destruidas, fugas constantes y un servicio que no responde a las necesidades básicas de una de las áreas metropolitanas más grandes del país.
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