Una fuerte crítica ha surgido por parte de organizaciones civiles luego de que se diera a conocer posible impunidad por el cierre de cuatro carpetas de investigación relacionadas con presuntos actos de corrupción atribuidos al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. La decisión, tomada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, ha sido considerada por activistas como alarmante, sospechosa y carente de justificación legal sólida.
El pronunciamiento más contundente provino del llamado Grupo de las 6, integrado por destacadas figuras del activismo y la vida pública en Nuevo León, quienes han denunciado públicamente que el cierre simultáneo de investigaciones que involucraban al mandatario estatal podría encubrir un trasfondo político, con graves implicaciones para el estado de derecho.
Este grupo exige que la Fiscalía dé a conocer los fundamentos legales específicos que llevaron al archivo de las carpetas y al mismo tiempo hizo un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales para que estén atentos ante posibles actos de impunidad disfrazados de decisiones técnicas.
Organizaciones del Grupo de las 6 exigen a la Fiscalía de NL transparentar el cierre de cuatro carpetas contra Samuel por corrupción. Consideran que la decisión carece de fundamentos claros y que podría esconder un trasfondo político.
— Justicia Regia (@Justicia_Regia) July 30, 2025
¿Por qué dejaron de investigar de pronto? pic.twitter.com/3PU1ZHmOrQ
Exigen cese a impunidad
El Grupo de las 6, conformado por activistas y mujeres referentes del ámbito cívico, se pronunció con firmeza tras conocerse que la Fiscalía decidió no ejercer acción penal en cuatro investigaciones relacionadas con el gobernador de Nuevo León. La resolución fue dada a conocer el pasado viernes por el medio local EL NORTE y atribuye la decisión directamente al Fiscal General del Estado, Javier Flores.
A través de un mensaje en video difundido en redes sociales, Rebeca Clouthier —una de las integrantes del grupo— expresó su preocupación por la coincidencia en el tiempo y la falta de justificación clara en la determinación del ministerio público. “Resulta alarmante y sospechoso que, de forma simultánea, se cierre el paso a las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, incluyendo operaciones que podrían estar vinculadas al despacho jurídico de la familia del gobernador“, declaró.
Según el mensaje, las razones que motivaron el cierre de las investigaciones no han sido debidamente explicadas ni divulgadas, lo cual genera una percepción de opacidad y favorece la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de procurar justicia.
Preocupación por impunidad
Uno de los señalamientos más preocupantes del Grupo de las 6 apunta al riesgo de que esta decisión represente un paso más hacia una cultura de impunidad, en la que las figuras con poder e influencia política queden protegidas por encima del sistema legal. En su posicionamiento, las integrantes del grupo —entre las que se encuentran Gabriela de la Paz, Liliana Flores Benavides y María Elena Assad— advirtieron que la Fiscalía está obligada, por mandato constitucional, a actuar con plena independencia y justificar sus decisiones con base en elementos objetivos.
“La falta de claridad legal en este tipo de casos mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones y debilita el Estado de Derecho”, señalaron, subrayando que la transparencia debe ser una condición mínima en cualquier actuación de la Fiscalía, especialmente cuando involucra a figuras de alto perfil político.
También cuestionaron que hasta el momento no se haya publicado un informe detallado que explique los motivos de la decisión de cerrar las carpetas. Esta omisión, dicen, abre la puerta a especulaciones sobre posibles acuerdos, presiones políticas o intereses particulares detrás de las determinaciones.
Denuncian debilidad institucional
Más allá del caso particular de Samuel García, el pronunciamiento del Grupo de las 6 apunta a una preocupación más amplia: la creciente fragilidad de las instituciones de procuración de justicia en Nuevo León. En su mensaje, las activistas señalaron que si bien la Fiscalía tiene la facultad legal de determinar el “inejercicio de la acción penal”, esta facultad debe estar sustentada por criterios técnicos sólidos, peritajes, evidencia, análisis legal y conclusiones públicas, lo cual no ha ocurrido en este caso.
“El archivar una investigación sin explicaciones daña seriamente la percepción de legalidad en un contexto donde el escrutinio ciudadano ha sido clave para denunciar actos de corrupción”, expuso Rebeca Clouthier.
A su vez, el grupo destacó que las carpetas cerradas estaban vinculadas con acusaciones por posibles actos de triangulación de recursos, mal uso de fondos públicos y vínculos con empresas relacionadas con la familia del mandatario. Este tipo de acusaciones, por su gravedad, ameritan una explicación más detallada, ya que implican posibles delitos de carácter patrimonial contra el Estado.
En este sentido, cuestionaron si el cierre simultáneo de los cuatro expedientes es parte de una estrategia para limpiar la imagen del gobernador en un momento político clave o si responde a presiones desde el Ejecutivo estatal hacia los órganos de justicia.
Llamado a la sociedad civil
Además de hacer un enérgico llamado a la Fiscalía para que publique los fundamentos legales detrás de sus decisiones, el Grupo de las 6 también exhortó a la sociedad civil a mantenerse vigilante. Subrayaron la importancia de que los ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones cívicas no normalicen este tipo de actos que podrían representar un retroceso en la lucha contra la corrupción.
“El silencio institucional es preocupante. Si no hay consecuencias ni explicación, este tipo de carpetazos puede volverse una práctica recurrente en gobiernos futuros”, advirtieron.
Asimismo, pidieron a otros colectivos de defensa de derechos humanos, asociaciones civiles y organismos ciudadanos a sumarse a esta exigencia de rendición de cuentas, con el objetivo de garantizar que ningún actor político esté por encima de la ley.
La crítica también se ha extendido a las redes sociales, donde decenas de ciudadanos han expresado su inconformidad por la falta de claridad en la actuación de la Fiscalía, así como por la ausencia de responsabilidad política y legal frente a acusaciones tan delicadas.
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