La farsa de las historias bonitas, los filtros de ensueño y las promesas de grandeza colapsó de golpe. En lo que ya representa el escándalo de corrupción más denigrante en la historia reciente del norte del país, la Auditoría Superior de la Federación dio un zarpazo fulminante: interpuso una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la República en contra de la administración de Samuel García.
El expediente no deja títere con cabeza y documenta cómo el erario estatal fue ordeñado sin piedad por más de 7 mil 200 millones de pesos, operando una maquinaria de simulación mercantil y triangulación descarada diseñada para engordar las cuentas del despacho jurídico que el mandatario comparte con su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Frente a la Cámara de Diputados, el auditor Aureliano Hernández destapó la podredumbre técnica: el dinero de la gente de Nuevo León no se perdió por descuido, sino que fue extraído metódicamente mediante contratos inflados y empresas pantalla que funcionaron como tapadera para alimentar el voraz enriquecimiento personal del gobernante y su familia.
El mapa del robo de casi mil millones directo al negocio de papá e hijo
Los peritajes bancarios de la federación lograron reconstruir la ruta del botín con una exactitud escalofriante. De la masiva fuga presupuestal, la ASF confirmó que un monto consolidado de 928.13 millones de pesos cayó limpio y directo en las arcas del bufete privado de los García a través de cuatro oscuros laberintos:
- El barril sin fondo de la obra pública: Desde el palacio de gobierno se adjudicaron 5 mil 851 millones de pesos a una constructora cómplice. Esta compañía transfirió 5 mil 154.6 millones a una segunda razón social, la cual terminó inyectando de forma expedita 385.3 millones de pesos al despacho de la familia García.
- El camuflaje de comida y despensa: Se dispersaron 964 millones de pesos a una comercializadora comodín; esta firma mandó 237 millones a una procesadora de alimentos, desde donde salieron 202.9 millones de pesos directos a la cuenta del mandatario, repartiéndose el resto entre tres particulares.
- La fachada de asesorías fantasma: El gobierno autorizó 243 millones de pesos bajo el pretexto de servicios y consultorías. Una intermediaria cobró una tajada de 2.6 millones por prestarse al juego y giró 62.9 millones de pesos al negocio privado de Samuel.
- El montaje de insumos y equipamiento: En una cuarta jugada maestra del desvío, 154.2 millones de pesos fueron transferidos a un proveedor que liquidó adeudos por 144.4 millones a un consorcio comercial, el cual cerró la pinza depositando 77.03 millones adicionales al despacho familiar.
Mansiones y tierras de reyes a costillas de un pueblo sin agua
Mientras las familias neoleonesas padecían sed por los cortes interminables de agua, hacían filas humillantes bajo el sol por camiones chatarra y sufrían el embate de la violencia sin freno, el mandatario utilizaba el erario como cajero automático ilimitado. Los expedientes de la fiscalización federal relacionan directamente esta sangría de recursos públicos con la polémica adquisición de un terreno valuado en mil millones de pesos, un capricho multimillonario imposible de justificar con su sueldo y que exhibe el nivel de cinismo con el que se manejaron los recursos del pueblo.
Sinaloa es el gemelo del saqueo institucional de Nuevo León y casualmente también de MC
El reporte de la federación deja en claro que la desfachatez no fue un caso aislado, exhibiendo un modelo calcado de corrupción en Sinaloa bajo la tutela de Rubén Rocha Moya. En dicha entidad, las dependencias públicas beneficiaron con adjudicaciones directas a una constructora fundada por los hijos del exgobernador.
La firma captó recursos groseramente superiores a las obras realizadas, trianguló millones en cuentas internas y salpicó de depósitos a los familiares tras su salida formal del negocio, además de usar dinero público para pagar presuntos préstamos a exfuncionarios hacendarios.
El colapso de la nueva política y la hora de la verdad ante la FGR
El telón cayó para el proyecto político de Samuel García. El discurso que prometía desterrar las viejas prácticas terminó replicando los peores vicios de la cleptocracia tradicional, pero con un cinismo digitalizado. La denuncia penal presentada el pasado 16 de octubre no es un simple exhorto administrativo: pone al titular del Ejecutivo estatal en la antesala de un juicio federal donde las acusaciones por peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita podrían derribar su fuero constitucional y dejarlo sin escapatoria frente a un juez.
En síntesis, la denuncia penal de la ASF destapó la cloaca del gobierno de Samuel García al exhibir cómo ordeñó más de 7 mil 200 millones de pesos a través de empresas fachada para depositar casi mil millones en su despacho familiar y amasar propiedades exorbitantes, colocándolo a las puertas de un proceso penal histórico que amenaza con llevarlo tras las rejas.
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