En medio del anuncio del cambio en el esquema de pagos a transportistas, la diputada y activista Rocío Montalvo lanzó serias acusaciones contra el Gobierno estatal, al advertir que la decisión de regresar al modelo de pago por pasajero podría tener como fondo el encubrimiento de desvíos de Samuel durante los últimos tres años.
El esquema anterior, basado en el pago por kilómetro recorrido, habría representado un gasto público superior a 40 millones de pesos semanales, sin que a la fecha se conozcan resultados claros o auditorías completas que expliquen cómo se ejercieron esos recursos. Rocío Montalvo advirtió que esta medida no puede entenderse como un simple ajuste administrativo: se trata, dijo, de una maniobra para evadir responsabilidades.
Cambian esquema sin explicar reglas: ¿más desvíos de Samuel?
El anuncio de la eliminación del modelo de pago por kilómetro coincidió con la publicación de nuevas disposiciones, aunque, según denunció Rocío Montalvo, sin reglas claras ni planes operativos definidos. En una reciente sesión de la Junta de Gobierno, no se habría explicado con detalle cómo será la migración hacia el nuevo sistema, ni bajo qué criterios se tomarán decisiones fundamentales para el transporte.
“No se sabe cómo se va a implementar el nuevo sistema ni se rindieron cuentas sobre lo que ocurrió con los recursos anteriores”, señaló Rocío Montalvo.
A juicio de la legisladora, el regreso al pago por pasajero no soluciona los problemas de fondo. Al contrario, podría tener como único propósito evitar que se investiguen las posibles irregularidades contractuales del esquema anterior. Por ello, anunció que solicitará una auditoría específica a la Auditoría Superior del Estado (ASE), acompañada de señalamientos puntuales sobre los puntos críticos a revisar.
Transportistas de NL acusan al Estado de destrozar el sistema de transporte con esquema de pago por kilómetro recorrido, que fue un fracaso.#Entérate https://t.co/CMBlqxt4nT
— EL NORTE (@elnorte) June 25, 2025
Usuarios, atrapados entre decisiones políticas
El transporte público en Nuevo León ha sido uno de los temas más controvertidos en esta administración. A tres años de implementar un nuevo modelo que buscaba profesionalizar y controlar el servicio, los resultados son cuestionados, no solo por activistas, sino también por voces dentro del Congreso local.
La diputada Grecia Benavides expresó su preocupación por el impacto que tienen los constantes cambios de modelo y políticas públicas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Señaló que las decisiones no pueden seguir tomándose sin consultar ni comunicar adecuadamente a la población.
“Es injusto para los usuarios. De un día para otro cambian las reglas y las rutas, y no hay explicación. Eso no es digno de un plan de movilidad serio”, reclamó.
Promueven sanción penal a exfuncionarios
Además de solicitar una revisión a fondo por parte de la Auditoría Superior del Estado, Rocío Montalvo adelantó que también impulsará denuncias penales contra funcionarios que estuvieron involucrados en la operación del sistema de transporte. Particularmente, mencionó al ex titular del Instituto de Movilidad, José Manuel Valdez, cuya gestión —dijo— estuvo plagada de omisiones, pagos opacos y decisiones arbitrarias.
“Vamos a pedir que se actúe en consecuencia. No se puede permitir que todo quede en el olvido, cuando hubo empresas afectadas, recursos mal utilizados y un servicio que nunca mejoró”, afirmó.
En su visión, las consecuencias de estos errores han sido profundas: la quiebra de empresas, el debilitamiento del sistema de rutas, y el colapso operativo en varias zonas metropolitanas.
Lo abrupto del cambio en el esquema del pago con los transportistas ha levantado sospechas entre activistas y legisladores de que se trate de una nueva estrategia para ocultar posibles desvíos de Samuel García.
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