Pese a las evidencias visibles del daño ecológico causado por un derrame químico en el arroyo La Talaverna, las autoridades de Nuevo León han sostenido que no existe riesgo para la salud humana. Animales muertos, particularmente tortugas, han sido encontrados en la zona contaminada, lo que ha generado una fuerte preocupación entre activistas y habitantes del área. No obstante, el gobierno estatal ha minimizado el impacto, afirmando que los químicos derramados solo representan peligro en caso de contacto directo.
El incidente fue originado por una fuga de sustancias tóxicas provenientes de las instalaciones de la empresa acerera Ternium, ubicada en la zona metropolitana de Monterrey. La empresa reconoció su responsabilidad en el hecho, que fue reportado desde el pasado 18 de abril, pero hasta el momento no se ha establecido una sanción clara ni se ha presentado un plan contundente de remediación.
Las declaraciones emitidas por el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, han sido duramente cuestionadas por su tono tranquilizador pese a la muerte de fauna silvestre y el evidente deterioro de un cuerpo de agua que atraviesa zonas habitadas. Mientras tanto, los trabajos de limpieza aún no concluyen y las lluvias recientes habrían dispersado aún más los contaminantes.
El gobierno minimiza el impacto
Durante una rueda de prensa, el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez, intentó explicar que el derrame no representa un riesgo significativo para las personas. Aseguró que los productos químicos involucrados —como ácido clorhídrico, agua ácida y cloro ferroso— solo son peligrosos si entran en contacto directo con la piel o los ojos, y que, al tratarse de un espacio abierto, el riesgo de afectaciones mayores se reduce.
Estas declaraciones fueron emitidas pese a que la evidencia física sugiere un impacto ambiental mayor. Fotografías y reportes de campo han confirmado la presencia de tortugas muertas en el cauce del arroyo, lo que sugiere una afectación directa a la fauna silvestre y posiblemente a la flora que habita en la zona. Sin embargo, el gobierno no ha ofrecido un análisis detallado sobre las consecuencias del derrame, ni ha hecho públicas mediciones o muestras que respalden su diagnóstico.
El funcionario indicó que el próximo 6 de mayo se entregará un informe por parte de la empresa Ternium, en el cual deberán detallar las acciones realizadas desde que ocurrió el derrame, así como identificar la causa raíz del incidente, los métodos de prevención futura, el alcance de la contaminación y el personal involucrado en las tareas de limpieza. Mientras tanto, las visitas por parte del gobierno continúan, según dijo Martínez, para contrastar la información que la empresa entregará en ese informe.
Muertes animales aumentan preocupación
Una de las señales más alarmantes del derrame ha sido la aparición de tortugas muertas a lo largo del cauce de La Talaverna. Aunque la Secretaría de Medio Ambiente insiste en que no hay peligro para la población, la evidencia de mortandad en especies silvestres contradice ese discurso y ha encendido las alarmas entre organizaciones civiles y expertos en ecología.
La presencia de especies muertas en el arroyo sugiere que la contaminación podría ser más severa de lo que se reconoce oficialmente. Además de tortugas, no se descarta que otras especies, incluyendo peces, anfibios e insectos, también hayan sido afectadas por la exposición prolongada a los compuestos químicos.
A pesar de este panorama, el gobierno estatal no ha determinado aún la sanción económica que se aplicará a Ternium. Martínez Muñoz informó que se encuentran evaluando el monto de la multa por los daños ecológicos provocados, pero no ofreció una estimación ni un calendario para definir dicha sanción. La falta de una respuesta inmediata o ejemplar refuerza la percepción de que las autoridades buscan proteger a la empresa más que garantizar justicia ambiental.
Por otro lado, tampoco se ha informado si se contempla un programa de restauración ecológica ni si se han activado protocolos de atención para las comunidades cercanas que pudieran verse afectadas por la contaminación del arroyo.
Sin sanción clara ni transparencia
Hasta el momento, no existe una sanción firme contra Ternium, a pesar de que la empresa ya reconoció su responsabilidad en el derrame. Tampoco se ha hecho público un plan detallado de remediación ambiental que garantice la recuperación del ecosistema afectado. El hecho de que las lluvias hayan contribuido a la dispersión de los residuos tóxicos ha complicado el monitoreo y control del incidente, elevando el riesgo de afectación a otras áreas.
La Secretaría de Medio Ambiente afirma estar tomando muestras y realizando visitas de inspección, pero no ha dado a conocer información técnica ni datos verificables sobre la calidad del agua o el nivel de toxicidad presente. Esta falta de transparencia y de comunicación efectiva genera desconfianza y hace que la ciudadanía cuestione la voluntad real del gobierno estatal para sancionar a una de las empresas más influyentes de la región.
Colectivos ambientales y vecinos de la zona han exigido una respuesta contundente. Consideran que lo ocurrido en La Talaverna no puede tratarse como un accidente menor ni como una falla técnica sin consecuencias. Al contrario, reclaman una revisión profunda de los protocolos de seguridad industrial y del papel del gobierno en la fiscalización de empresas privadas que operan con materiales peligrosos cerca de cuerpos de agua.
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