En 2024, Nuevo León alcanzó un récord histórico en la cantidad de tomas clandestinas de hidrocarburos, con un total de 603 casos reportados entre enero y septiembre, según los datos proporcionados por Pemex y el Clúster Energético. Esta cifra supera el récord anterior de 532 tomas ilegales registradas en 2023, reflejando un alarmante incremento en las actividades de huachicoleo en la entidad. Los municipios más afectados por este fenómeno son aquellos que albergan instalaciones y ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que ha propiciado la proliferación de estas prácticas ilegales.
Aumento de las tomas clandestinas en los últimos años
Este aumento en las tomas clandestinas no es un fenómeno aislado, sino que refleja una tendencia creciente en la región. De acuerdo con el análisis, un 44.2% de todas las tomas clandestinas reportadas desde el año 2000 ocurrieron durante los primeros tres años de la actual administración estatal. Este dato destaca la gravedad del problema y señala la urgente necesidad de implementar medidas más efectivas para combatir el huachicoleo en Nuevo León.
El impacto de las tomas clandestinas va más allá de los daños económicos, pues también genera un riesgo significativo para la seguridad pública, la estabilidad ambiental y el bienestar de las comunidades cercanas a los ductos perforados. La proliferación de estas actividades delictivas tiene efectos destructivos tanto en el entorno local como en las operaciones de Pemex, lo que complica aún más la lucha contra el robo de combustibles.
Municipios con mayor incidencia de tomas clandestinas
El informe detalla que los municipios con mayor concentración de estas actividades ilícitas son Cadereyta, General Bravo, Santa Catarina, Mina y Montemorelos. Estos lugares, que son estratégicos debido a la ubicación de las instalaciones de Pemex y los ductos que atraviesan la región, han experimentado un aumento significativo en el número de perforaciones ilegales. De hecho, estos cinco municipios concentran el 58.8% de las tomas clandestinas reportadas en lo que va del año.
Cadereyta, en particular, ha sido uno de los focos más problemáticos debido a la presencia de importantes instalaciones de almacenamiento y transporte de hidrocarburos. La creciente demanda de gasolina y otros combustibles en el mercado negro ha llevado a los delincuentes a intensificar sus esfuerzos para perforar los ductos y robar el combustible, lo que a su vez contribuye al aumento de las actividades de huachicoleo en la región.
La situación en Santa Catarina y General Bravo es igualmente alarmante, ya que también cuentan con infraestructura petrolera clave que ha sido blanco de robos. En estas áreas, las autoridades locales y federales han tenido que redoblar esfuerzos para frenar la creciente ola de delitos relacionados con el robo de hidrocarburos. Sin embargo, la falta de recursos y la creciente sofisticación de los delincuentes han dificultado la implementación de medidas efectivas.
El impacto económico del huachicoleo
El contrabando de combustibles sigue siendo un negocio lucrativo para los delincuentes, lo que genera graves repercusiones económicas para el país. Según las estadísticas, el huachicoleo representa actualmente el 24% de las ventas diarias de combustibles en México. Este porcentaje refleja la magnitud del problema y muestra cómo el robo de hidrocarburos sigue siendo un desafío crítico para la seguridad energética del país.
El mercado negro de combustibles ha permitido que los huachicoleros vendan productos de manera ilegal, lo que genera una competencia desleal para las gasolineras legales. Esto también afecta las finanzas del gobierno, que deja de recibir los ingresos correspondientes por la venta legal de estos productos. Las pérdidas por el robo de combustibles son incalculables, no solo en términos de dinero, sino también en la confianza y la estabilidad del sistema energético del país.
Las medidas que se están tomando
Ante el crecimiento de las tomas clandestinas y el aumento de los delitos relacionados con el huachicoleo, las autoridades han comenzado a tomar medidas más drásticas para frenar esta crisis. Sin embargo, los esfuerzos hasta el momento han sido insuficientes para reducir significativamente las actividades ilícitas en la región.
Pemex y las autoridades locales han intensificado los operativos de seguridad en los municipios más afectados, especialmente en aquellos donde se concentran las perforaciones ilegales. Las estrategias incluyen la vigilancia de ductos mediante el uso de tecnología avanzada, como drones y cámaras de seguridad, así como el patrullaje aéreo y terrestre. Estas acciones buscan detectar y desmantelar las redes de huachicoleros que operan en la zona y frenar el robo de combustibles en tiempo real.
Además, las autoridades federales han colaborado con las fuerzas locales y las fuerzas armadas para realizar redadas y arrestos en las áreas más problemáticas. Sin embargo, el aumento de la violencia y la presencia de grupos criminales organizados que controlan las actividades de huachicoleo dificultan aún más la tarea de erradicar este fenómeno.
El desafío de la falta de infraestructura y recursos
Uno de los principales obstáculos en la lucha contra el huachicoleo en Nuevo León es la falta de infraestructura y recursos adecuados para monitorear y proteger los ductos de Pemex. A pesar de los esfuerzos de seguridad, los delincuentes se han vuelto cada vez más ingeniosos en sus métodos de perforación, lo que hace que las autoridades tengan que mantenerse un paso adelante en la implementación de medidas preventivas.
Además, la falta de recursos económicos y humanos en algunas zonas ha dificultado la implementación de programas de prevención eficaces. Esto ha dejado a muchas comunidades vulnerables a los efectos negativos del huachicoleo, como la contaminación ambiental, los riesgos para la salud pública y la inseguridad generalizada.
¿Qué se debe hacer para frenar esta crisis?
La crisis del huachicoleo en Nuevo León no solo es un problema de seguridad, sino también una cuestión económica y social que requiere un enfoque integral. Es crucial que las autoridades federales y locales fortalezcan las medidas de seguridad, mejoren la infraestructura de protección de los ductos y desarrollen estrategias de prevención más efectivas.
Además, es fundamental que se promueva la participación de la comunidad en la denuncia de actividades ilegales y en la creación de conciencia sobre los peligros del huachicoleo. Las políticas públicas deben enfocarse en la erradicación de esta actividad ilícita y en la creación de alternativas legítimas de empleo y desarrollo económico para las zonas más afectadas.
Solo mediante un esfuerzo conjunto y sostenido de todas las partes involucradas se podrá reducir significativamente el impacto del huachicoleo en Nuevo León y en el resto del país.
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