El Gobierno de Nuevo León está preparando un aumento en la tarifa del transporte público en la zona metropolitana de Monterrey, lo que ha generado una fuerte oposición por parte de colectivos ciudadanos y legisladores locales.
Se prevé que la nueva tarifa del camión urbano para los pasajeros que pagan en efectivo pase de 15 pesos a 20 pesos, lo que significaría un incremento del 33%; mientras que quienes utilicen tarjeta o la aplicación Urbani pagarán 17 pesos, un 31% más que la tarifa actual de 13 pesos.
Esta propuesta ha sido calificada como un “tarifazo” y ha desatado críticas debido a su impacto en los usuarios, especialmente aquellos que continúan dependiendo del pago en efectivo.
Una “tarifa de castigo” y la estrategia del IMA
El aumento fue presentado por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), con la intención de reducir el uso del efectivo en el transporte público. Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad, destacó que la transición al pago electrónico buscaría que solo el 10% de los usuarios sigan utilizando efectivo.
La medida ha sido catalogada como una “tarifa de castigo”, ya que incrementaría el costo del servicio para aquellos que aún no cuentan con acceso a la tecnología necesaria para migrar al pago digital.
Pasajeros y activistas han manifestado su preocupación por la falta de infraestructura adecuada para implementar esta medida.
Proceso de aprobación y preocupaciones de los legisladores
La propuesta de aumento será evaluada en la próxima reunión del Consejo Consultivo del IMA, un organismo que solo tiene capacidad de emitir recomendaciones. Sin embargo, la decisión final recaerá en la Junta de Gobierno del IMA, compuesta mayoritariamente por funcionarios estatales.
Este ajuste de tarifas se sumaría a los incrementos ya aprobados en noviembre de 2023, cuando las tarifas electrónicas subieron de 12 a 15 pesos. La medida, que podría entrar en vigor en enero de 2025, ha sido fuertemente criticada por varios legisladores, quienes responsabilizaron al Gobernador Samuel García y su gabinete de movilidad por esta decisión, que consideran injusta para los usuarios.
Reacción de los usuarios y operadores del transporte
El rechazo al aumento es generalizado entre los pasajeros, quienes consideran injusto que se penalice el uso de efectivo cuando la calidad del servicio sigue siendo deficiente.
“No siempre hay puntos de recarga cerca, y no todos tienen acceso a la aplicación. No es justo que ahora paguemos más por un servicio que sigue siendo malo”, comentó uno de los usuarios afectados.
Los conductores también han expresado su preocupación por cómo la medida afectará las operaciones diarias, ya que muchos pasajeros insisten en pagar en efectivo, lo que refleja una transición incompleta.
Posibles acciones legales y protestas contra aumento de tarifa
Colectivos como Ciudadanos Desconocidos, representados por Elida Sandate y Raúl Bolaños, anunciaron una clausura simbólica del IMA en protesta contra el aumento propuesto.
Sandate, exintegrante de la Junta de Gobierno de Movilidad, señaló que si no se sigue el debido proceso, el aumento sería ilegal. Además, los colectivos han interpuesto amparos ante los tribunales, solicitando que se congele el aumento hasta que se presenten estudios más claros y sustentados.
Las organizaciones civiles también han solicitado que se inicie un juicio político contra Abraham Vargas, titular del IMA y de Metrorrey, por presuntamente ocupar dos cargos públicos y percibir dos salarios.
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