El gobernador de Nuevo León, Samuel García, en un acto de irresponsabilidad, ha intentado desviar la atención y la responsabilidad sobre la crisis ambiental generada por la Refinería de Cadereyta hacia el Congreso local, a pesar de haber vetado numerosas reformas en el pasado. Esta estrategia desesperada busca enmascarar su inacción frente a una problemática urgente y grave que afecta a miles de ciudadanos.
Propuestas sin Base Legal ni Efectividad
La propuesta presentada por Samuel García, bajo la apariencia de brindar soluciones, carece de base legal sólida y contradice directamente la Constitución federal. Solicitar la modificación de la Ley Ambiental del Estado para otorgar supuestas facultades al gobierno estatal resulta ser un intento vacío y meramente mediático para desviar la atención de su propia responsabilidad en la crisis.
Contradicciones y Populismo
Legisladores y expertos legales han señalado con contundencia la inconsistencia y el carácter populista de la propuesta de Samuel García. Tanto representantes del PRI como de Morena coinciden en que la iniciativa es una simulación y una maniobra electoral más que una verdadera acción para resolver la crisis ambiental en Nuevo León.
Necesidad de Reformas Legales y Acciones Efectivas
Es evidente que la problemática ambiental generada por la Refinería de Cadereyta requiere de acciones concretas y reformas legales fundamentadas. La propuesta de modificación constitucional presentada por Eduardo Gaona representa un camino más viable y legalmente sólido para abordar la crisis, permitiendo que los Estados tengan injerencia real sobre las refinerías y garanticen la protección del medio ambiente.
En resumen, la ciudadanía de Nuevo León exige y merece una respuesta responsable y efectiva por parte de las autoridades frente a la crisis ambiental que amenaza su salud y bienestar. Samuel García y su gobierno deben dejar de lado las estrategias mediáticas y asumir su responsabilidad con seriedad y compromiso hacia el pueblo que los eligió.
