Samuel García, gobernador de Nuevo León, ha logrado una hazaña financiera que pocos pueden explicar sin pensar en corrupción y manejo indebido de recursos públicos. En un abrir y cerrar de ojos, el despacho de su familia, Firma Jurídica y Fiscal Abogados, pasó de facturar 1.7 millones de pesos a la asombrosa cifra de 600.6 millones en menos de una década. ¿Cómo es posible tal crecimiento? La respuesta parece radicar en la posición de poder que García ha ocupado y en la evidente desviación de fondos públicos.
Samuel García Abusa de su Poder
Desde que Samuel García comenzó su carrera política en 2015, los ingresos de su despacho han crecido exponencialmente. Este crecimiento, casi 360 veces mayor, coincide sospechosamente con su avance en la política: primero como coordinador de los Diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), luego como Senador, y finalmente como Gobernador desde octubre de 2021. Esta correlación no puede ser ignorada y sugiere un uso indebido de su influencia para favorecer los negocios familiares.
Además del despacho legal, la compañía inmobiliaria de la familia García, SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, ha seguido una trayectoria similar de bonanza. Los activos de esta empresa pasaron de 107.8 millones de pesos en 2016 a 1,233 millones en 2023, multiplicándose 11.5 veces. Parte de este crecimiento se debe a dos aumentos de capital significativos en 2022 y 2023, que suman 744 millones de pesos. No es coincidencia que estos incrementos ocurrieran durante el mandato de García como gobernador.
Adquisiciones e Ingresos Sospechosos
La adquisición de un terreno de 17.6 hectáreas en una de las zonas más exclusivas de San Pedro, valorado entre 700 millones y 1,200 millones de pesos, pone aún más en evidencia el enriquecimiento ilícito. Samuel García admitió que esta compra se hizo a través de SAGA, bajo el pretexto de una “dación en pago” de Grupo Gentor por servicios de Firma Jurídica que supuestamente ahorraron 20 mil millones de pesos en contribuciones fiscales. Sin embargo, la falta de transparencia y la negativa de Gentor sobre la veracidad de esta transacción dejan claras las irregularidades.
La impunidad no puede ser una opción. Es nuestro deber como ciudadanos exigir cuentas claras y justas de quienes nos gobiernan. La carrera meteórica de Samuel García en la política no debe ser una vía para el enriquecimiento personal a costa de los recursos públicos de Nuevo León. No permitamos que los trucos de este “mago” de la corrupción queden sin castigo. Debemos demandar una investigación exhaustiva y transparente para que se haga justicia y se devuelvan los recursos al pueblo de Nuevo León.
