El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha generado polémica tras adjudicar un contrato millonario a Cas Vic, una empresa poblana cuyo propietario ha sido cuestionado por operaciones irregulares en su entidad de origen. Este contrato ha suscitado debates sobre la transparencia y la ética en los procesos de licitación del estado.
Detalles del contrato adjudicado: Samuel García Otorga 9 Millones de Pesos sin Concurso
El pasado 3 de abril, los Servicios de Salud de Nuevo León emitieron un fallo adjudicando un contrato de 9 millones 253 mil 839 pesos a Cas Vic, una empresa poblana especializada en el mantenimiento de camas y camillas de diversas unidades médicas. Este monto incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Cabe destacar que Cas Vic fue la única participante en este concurso, a pesar de que existen otras empresas en Nuevo León que ofrecen servicios similares a hospitales y clínicas locales.
La empresa, cuyo propietario es Genaro Castillo Gómez, fue fundada en el año 2000. Sin embargo, solo en 2018 amplió su giro comercial para incluir la compra y venta de equipo médico y hospitalario. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, este es el primer contrato que la administración estatal emecista otorga a Cas Vic.
Cuestionamientos hacia el propietario, ignorados por Samuel García
Los antecedentes de Genaro Castillo Gómez, propietario de Cas Vic, han generado controversia. Reportes periodísticos indican que Castillo Gómez ha sido cuestionado en Puebla por recibir adjudicaciones millonarias de la Secretaría de Salud de esa entidad bajo condiciones presuntamente irregulares. Además, ha sido señalado como parte de una red que obtenía contratos por adjudicación directa y realizaba compras de equipo médico con sobrecostos durante el sexenio del exgobernador priista Mario Marín.
Las acusaciones incluyen la participación en un esquema para ganar contratos mediante adjudicaciones directas, así como la adquisición de equipo médico con precios inflados, prácticas que han puesto en entredicho la integridad de los procesos de contratación en Puebla. Estos antecedentes han provocado críticas sobre la decisión del gobierno de Nuevo León de otorgar un contrato tan significativo a Cas Vic.
Antecedentes de otras contrataciones cuestionadas
Este no es el primer caso en el que la administración estatal de Nuevo León adjudica contratos a empresas con antecedentes cuestionables. El pasado 21 de abril, se reveló que el estado, a través de Fideurb, adquirió mil toneladas de carpeta asfáltica a la empresa Constructora Ahucatlán, también originaria de Puebla. Esta empresa fue la única participante en el concurso y carece de historial como proveedora de dependencias públicas, además de presentar características de facturera.
La repetición de estos patrones de adjudicación ha incrementado las críticas hacia la administración estatal, que se encuentra bajo el escrutinio de la opinión pública y de diversas organizaciones que promueven la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
