En medio de una serie de tensiones políticas con el Congreso local y la Fiscalía, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha abierto un nuevo frente de conflicto, ahora con el sector empresarial. A pesar de las diferencias que mantiene con la oposición, el mandatario ha optado por difundir cifras de inversión en Nuevo León que han sido ampliamente cuestionadas y que ponen en duda la veracidad de su discurso en materia económica.
El gobernador ha afirmado públicamente en múltiples ocasiones que durante sus primeros tres años de administración logró atraer 68 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED). Sin embargo, estas cifras no concuerdan con los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Economía federal y la estatal, generando un ambiente de desconfianza y escepticismo entre empresarios y analistas.
Discrepancia en números de inversión en Nuevo León
De acuerdo con los registros oficiales, la inversión extranjera acumulada durante los tres primeros años del actual gobierno estatal es en realidad de 10.2 mil millones de dólares, lo que representa apenas un promedio de 3.4 mil millones por año, una cifra muy lejana a la que presume el mandatario. Para contextualizar, si lo que García declara fuera cierto, Nuevo León estaría concentrando entre el 50 y 70 por ciento de toda la inversión extranjera que recibe el país anualmente, algo que es prácticamente imposible.
El inflar cifras de esta magnitud no solo afecta la credibilidad personal de Samuel García, sino que también mina la confianza de los inversionistas, quienes observan con preocupación la falta de rigor y transparencia en los reportes económicos del gobierno estatal. En lugar de fortalecer la imagen de Nuevo León como un destino atractivo para el nearshoring, estas exageraciones en cifras de inversión en Nuevo León podrían provocar un efecto contrario y ahuyentar nuevos proyectos.
Malestar creciente en el sector empresarial
Más allá de las cifras manipuladas, la relación entre el gobierno estatal y la iniciativa privada se ha deteriorado significativamente. Empresarios nacionales y extranjeros han comenzado a reevaluar sus planes de expansión en Nuevo León ante el clima de incertidumbre generado por políticas agresivas y contradictorias.
Uno de los puntos más conflictivos ha sido el uso del discurso ambiental para llevar a cabo clausuras exprés y operativos de inspección sin fundamentos sólidos, afectando a empresas de gran trayectoria como Ternium, Cemex y Zinc Nacional. Si bien es innegable que estas industrias han enfrentado incidentes ambientales, la forma en que se han ejecutado las sanciones ha sido cuestionada tanto por los empresarios como por expertos en regulación ambiental.
El trasfondo de estas acciones, según fuentes cercanas al Palacio de Cantera, apunta a un presunto esquema de recaudación “por debajo de la mesa”, con fines electorales. Dichas fuentes aseguran que empresas han sido presionadas económicamente bajo la amenaza de cierres y sanciones, alimentando una supuesta “alcancía” destinada a apoyar futuras candidaturas del partido Movimiento Ciudadano.
Relevo en Medio Ambiente agrava tensión
El reciente relevo en la Secretaría de Medio Ambiente, donde fue destituido Alfonso Martínez Muñoz y nombrado Raúl Lozano Caballero en su lugar, ha encendido aún más las alarmas en el sector empresarial. Martínez Muñoz, quien se había caracterizado por un trabajo técnico y moderado, fue sustituido por un perfil político sin la experiencia suficiente para atender las crisis ambientales que afectan a la entidad.
Durante su presentación, Lozano Caballero dejó clara la línea que seguirá su gestión: endurecer las sanciones y utilizar un discurso de mano dura para “ganar puntos” frente a la opinión pública. No obstante, esta estrategia no considera las consecuencias que puede tener sobre la confianza empresarial y la estabilidad económica de Nuevo León.
Desconfianza empresarial en aumento
El efecto inmediato de estas políticas ha sido el congelamiento o redireccionamiento de inversiones hacia otros estados como Querétaro, Coahuila y Guanajuato, donde los empresarios encuentran un ambiente más estable y menos politizado. La presión, el acoso y la incertidumbre están llevando a muchas empresas a cuestionarse si permanecer en Nuevo León es una apuesta viable a largo plazo.
A esto se suma la percepción de que el gobierno está utilizando el aparato ambiental como un brazo político y recaudatorio, en lugar de aplicarlo como una herramienta legítima para proteger el entorno y garantizar el desarrollo sostenible. Esta mezcla de desinformación, cifras infladas y presión política termina por dañar no solo la imagen de la administración de Samuel García, sino la reputación de todo el estado.
La creciente desconfianza empresarial y el uso de cifras no verificadas colocan a Nuevo León en una situación delicada. Para un estado que durante años se ha posicionado como motor económico del país, mantener la transparencia y fortalecer la confianza son esenciales. El reto para Samuel García será rectificar el camino antes de que la fuga de inversiones y el descrédito sean irreversibles.
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