El gobernador de Nuevo León anunció que quiere otro helicóptero Black Hawk para Fuerza Civil, pese a las críticas por la opacidad en el uso de la primera aeronave. La compra sería parte de un supuesto “premio” a la corporación, aunque persisten dudas sobre el destino del presupuesto y el rezago en prestaciones para los policías.
Samuel García busca otro helicóptero Black Hawk
Durante un evento en el Campo Policial 1, Samuel García dijo que quiere otro helicóptero Black Hawk para Fuerza Civil, pese a que la primera compra aún no ha sido completamente transparentada.
Aun así, el mandatario estatal mencionó que en lo que resta del semestre buscará más licitaciones. Incluyó helicópteros, patrullas, armamento y equipo táctico como parte del paquete de nuevas compras.
El argumento del Gobernador gira en torno a una supuesta mejora en los índices delictivos. Dijo que “todos los delitos se han reducido”, sin mostrar evidencia concreta durante el evento.
¿Cuánto costó el helicóptero Black Hawk en el 2023?
La adquisición de la primera aeronave fue duramente criticada. Costó 76.6 millones de pesos y se realizaron acuerdos para reservar su información durante cinco años. Ni la bitácora de vuelo ni los costos operativos han sido revelados.
La primera compra de un Black Hawk fue polémica
El actual helicóptero Black Hawk para Fuerza Civil fue adquirido en 2023. Desde entonces, se ha usado en eventos protocolarios más que en operativos sustanciales.
Se ha mostrado en desfiles, ferias como la Aeroespacial en el Estado de México y recorridos con prensa. Sin embargo, no hay reportes oficiales públicos sobre sus verdaderas funciones.
En noviembre del año pasado, la administración estatal difundió una publicación breve. Mencionaron que la aeronave había acumulado más de 130 horas de vuelo en su primer año. No detallaron fechas, rutas ni misiones específicas.
El secretismo ha levantado sospechas sobre su uso real. Las justificaciones se basan en seguridad, pero se oculta información esencial para la rendición de cuentas.
Sin aumentos salariales, pero con nuevo helicóptero Black Hawk
Mientras anunciaba la posible adquisición de otro helicóptero Black Hawk para Fuerza Civil, Samuel García omitió hablar del aumento salarial que había prometido a los policías.
Desde el año pasado, los elementos estatales esperan mejores prestaciones. Hasta ahora, no hay fecha concreta para cumplir con esos compromisos.
Esto contrasta con la intención de seguir comprando equipo de alto costo. Los helicópteros Black Hawk tienen un diseño militar, por lo que su operación y mantenimiento no son económicos.
La falta de prioridad en lo básico —como el salario y la seguridad social— ha generado molestia entre los propios elementos. También, entre analistas que señalan que el gasto no resuelve los problemas estructurales de la corporación.
Transparencia limitada del helicóptero Black Hawk en Fuerza Civil
El caso del primer helicóptero Black Hawk para Fuerza Civil es solo uno de varios ejemplos donde la administración estatal ha optado por restringir la información.
Los convenios de reserva limitan la fiscalización ciudadana. Impiden que organizaciones civiles o medios accedan a datos clave sobre el uso de recursos públicos.
No se han presentado informes ante el Congreso ni hay auditorías públicas sobre el rendimiento del helicóptero. El discurso oficial se centra en la imagen, más que en los resultados medibles.
La transparencia, una promesa constante de este gobierno, se diluye en decisiones como esta. La seguridad pública necesita eficiencia, pero también claridad en el uso del presupuesto.
¿Premios o gasto innecesario?
Presentar la compra de un segundo helicóptero Black Hawk para Fuerza Civil como un “premio” a la corporación parece más una estrategia política que una decisión basada en diagnósticos técnicos.
Expertos en seguridad pública han señalado que el enfoque debe estar en fortalecer la proximidad con la ciudadanía. Eso incluye equipamiento útil, pero también formación continua, incentivos laborales y mejores condiciones.
Invertir en helicópteros de uso militar genera más preguntas que respuestas. ¿Es necesario? ¿Hay una evaluación de impacto? ¿Se usará realmente en operativos o quedará como símbolo de poder?
El gobierno estatal no ha dado argumentos sólidos. La narrativa oficial se apoya en la encuesta del Inegi, que coloca a Fuerza Civil como la corporación con mayor confianza. Sin embargo, esa confianza no debe justificar opacidad ni despilfarro.
Array
