En lo que va de 2025, Nuevo León ha registrado un preocupante incremento en los casos de corrupción o delitos contra menores, un delito que implica inducir o facilitar que niñas, niños o adolescentes incurran en conductas delictivas, consumo de drogas o actos sexuales. Según cifras oficiales de la Fiscalía estatal, durante el primer semestre del año se iniciaron 170 carpetas de investigación, lo que representa un aumento del 41% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Este repunte no solo coloca al estado en una situación alarmante desde el punto de vista de la seguridad infantil, sino que marca el peor inicio de año en una década para este delito. Mientras tanto, las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Samuel García, han sido criticadas por la falta de acciones concretas para frenar esta tendencia. La situación se vuelve aún más preocupante al considerar que algunas de las denuncias más recientes involucran a entrenadores deportivos, lo que ha encendido las alertas sobre la seguridad de las infancias en espacios que, en teoría, deberían ser seguros.
Repunte de delitos contra menores
De acuerdo con las estadísticas disponibles desde 2015, el año 2025 representa el mayor número de casos de corrupción de menores registrados en un primer semestre. A diferencia de años anteriores, donde el promedio rondaba entre 100 y 130 investigaciones abiertas en los primeros seis meses, este año la cifra alcanzó las 170 carpetas, lo que equivale a un crecimiento de más del 40%.
Este aumento ha sido interpretado por diversos analistas como un reflejo de la falta de políticas públicas efectivas para la protección infantil. A pesar de los múltiples llamados de organizaciones civiles y colectivos enfocados en la defensa de los derechos de la niñez, no se han anunciado estrategias claras ni planes de intervención urgentes por parte del Gobierno del Estado.
Por si fuera poco, la sensibilidad pública sobre el tema ha sido opacada por otros temas de agenda mediática, como la promoción de imagen personal de funcionarios, la difusión de temas familiares del gobernador y sus apariciones constantes en redes sociales. Esta desconexión entre las prioridades sociales y el discurso oficial ha generado críticas cada vez más intensas.
💻 Mientras Samuel presume el clóset millonario de su hija, NL registra su peor cifra en al menos 10 años en casos de corrupción de menores. En solo 2025, la Fiscalía abrió 170 carpetas, un aumento del 41%. Parte del repunte coincide con denuncias contra entrenadores. pic.twitter.com/2iWgBnRTCw
— Justicia Regia (@Justicia_Regia) July 18, 2025
Entrenadores en el centro de las denuncias
Uno de los aspectos que más preocupa en este repunte de casos es la participación de figuras que, tradicionalmente, han sido vistas como formadoras y protectoras de la niñez, como lo son los entrenadores deportivos. Varios de los expedientes abiertos en la Fiscalía durante los primeros meses del año corresponden a denuncias contra instructores que trabajaban en gimnasios o instalaciones públicas estatales.
Estos entrenadores han sido acusados de ejercer presión psicológica, manipulación e incluso agresiones sexuales contra menores bajo su cuidado. Si bien algunos ya han sido vinculados a proceso, el número de investigaciones sugiere que puede haber más casos aún no denunciados por miedo, desconocimiento o falta de confianza en las instituciones.
Diversos activistas han exigido mayores controles, protocolos estrictos y capacitación especializada para el personal que trabaja con niños y adolescentes. También han pedido que se revisen las políticas de reclutamiento y supervisión en centros deportivos, particularmente aquellos que dependen del Estado.
El hecho de que parte de estas denuncias hayan salido a la luz apenas en los últimos meses genera inquietud sobre cuántos otros casos podrían estar ocurriendo sin ser detectados, lo que hace urgente una respuesta institucional más firme.
Pocas acciones frente a los delitos contra menores
A pesar de la gravedad del panorama, el Gobierno de Nuevo León no ha emitido declaraciones públicas contundentes ni ha presentado un plan emergente para atender el aumento de este delito. Desde el inicio de la administración, se ha señalado una falta de enfoque en temas de protección a la infancia, con recortes presupuestales y desatención en áreas sensibles como seguridad escolar, atención psicológica y trabajo social.
En contraste, el Ejecutivo ha preferido centrar su agenda en temas de imagen pública, promoción de su familia en medios y redes sociales, e incluso en iniciativas que han sido señaladas por la sociedad como superficiales o alejadas de las verdaderas necesidades del estado.
En este contexto, la ciudadanía ha comenzado a cuestionar el compromiso del gobierno con los sectores más vulnerables, particularmente con niñas, niños y adolescentes, quienes requieren atención, protección y entornos seguros para su desarrollo integral.
Además, la ausencia de un posicionamiento oficial o la falta de conferencias de prensa dedicadas al tema refuerzan la percepción de que el incremento de estos casos no está siendo tratado con la seriedad que amerita, lo que podría poner en riesgo no solo a los menores ya afectados, sino también a futuras víctimas.
Urge enfoque integral de prevención
Ante este escenario, especialistas en derechos humanos y criminología coinciden en que la única manera de frenar esta tendencia es con un enfoque integral que incluya prevención, atención, sanción y reparación del daño. Esto implica desde campañas educativas para detectar señales de abuso, hasta mejoras en el sistema judicial para asegurar una pronta respuesta ante las denuncias.
También es fundamental que las escuelas, centros deportivos, colonias y comunidades en general reciban apoyo institucional para formar entornos protectores, con personal capacitado y protocolos efectivos. Sin estas condiciones, los menores siguen estando expuestos a situaciones que vulneran su integridad física, emocional y psicológica.
Finalmente, es importante recordar que los delitos contra menores conlleva penas de hasta 12 años de prisión en Nuevo León, por lo que su persecución efectiva no solo es un deber legal, sino también un acto de justicia hacia las víctimas y sus familias.
En lo inmediato, se espera que las autoridades estatales den respuesta a la creciente indignación ciudadana con acciones concretas que prioricen el bienestar de la niñez y con mecanismos que permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de políticas públicas en esta materia.
¿A dónde llamar si sospecho de un caso de corrupción de menores?
En estos casos se recomienda realizar una denuncia anónima al 089.
