El Gobierno de Nuevo León ha anunciado recientemente un incremento en la tarifa del transporte público, que podría tener un impacto directo en los bolsillos de los usuarios. En un contexto económico que se vuelve cada vez más desafiante, la medida ha sido justificada como “urgente” por las autoridades estatales, quienes argumentan que el aumento es necesario para solventar los costos operativos de los transportistas y mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, la noticia ha generado controversia, y varios sectores, incluidos legisladores y organizaciones civiles, han mostrado su desacuerdo con el alza.
Un ajuste necesario a la tarifa, según la Secretaría de Movilidad
El Gobierno de Nuevo León anunció un incremento inmediato en la tarifa de los camiones urbanos, pasando de 12 a 15 pesos por viaje, específicamente en aquellas unidades que operan con el sistema de pago electrónico “Me Muevo” y las rutas del sistema “Urbani”.
Sin embargo, las autoridades estatales no descartaron nuevos aumentos a corto plazo, e incluso el Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, estimó que a finales de 2024 la tarifa podría llegar hasta 21.50 pesos por pasaje. Este ajuste se basa en un análisis que se está llevando a cabo para evaluar las necesidades económicas de los transportistas, quienes enfrentan altos costos operativos, según explicó el funcionario.
Villarreal también mencionó que este nuevo aumento beneficiaría especialmente a los usuarios que requieren realizar transbordos entre diferentes sistemas de transporte, permitiendo que el pago de dos viajes se haga mediante una sola cuota, lo que sería un alivio para aquellos que utilizan varias rutas para llegar a su destino. El Secretario de Movilidad enfatizó que el aumento no tendría un impacto negativo en los usuarios más frecuentes del servicio, ya que la mayoría de los pasajeros ya realizan múltiples pagos en efectivo por cada viaje, lo que equivale a pagar el doble de la tarifa actual.
Incremento de tarifa justificado ante los costos operativos
El incremento, según explicó Villarreal, no solo es un ajuste necesario para solventar los costos de operación de las unidades de transporte, sino que también responde a una situación que ha venido siendo postergada desde administraciones pasadas.
“El sistema ya no aguanta más, y hemos estado pidiendo este aumento desde hace tiempo. Ahora, el contexto nos obliga a actuar para que el servicio no se vea afectado”, manifestó el Secretario de Movilidad.
La situación de los transportistas, dijo, es cada vez más complicada, y los pagos en efectivo que reciben los conductores no cubren los costos operativos ni permiten un salario digno para los choferes.
Por lo tanto, el aumento, aunque anunciado como un “ajuste de emergencia”, no excluye la posibilidad de que se realicen incrementos adicionales hasta finales de este año, según la evaluación de las condiciones económicas del transporte público.
Villarreal explicó que la tarifa de 21 pesos por viaje es una proyección que podría ser aprobada por la Comisión de Tarifas, un órgano encargado de revisar los ajustes tarifarios en el estado. Aseguró que esta medida tiene como objetivo garantizar la viabilidad del sistema de transporte público a largo plazo, ya que, de no tomarse, el servicio podría enfrentar una crisis.
Reacciones del Congreso y organizaciones civiles
Sin embargo, el aumento ha generado una ola de críticas tanto de legisladores locales como de defensores de los derechos humanos, quienes consideran que la medida podría ser perjudicial para la economía de las familias más vulnerables.
Aile Tamez, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso de Nuevo León, expresó su descontento con el aumento de tarifas, afirmando que esta medida afecta negativamente a los ciudadanos, especialmente a aquellos que dependen del transporte público para desplazarse por la ciudad.
“Este aumento no fue consultado con el Consejo de Movilidad, y es un golpe directo a las personas que más lo necesitan”, señaló.
Tamez añadió que, desde el Congreso, se buscará revertir la medida y exigir que el incremento sea revisado por el Consejo de Movilidad, para que se tomen en cuenta las implicaciones económicas y sociales que podría tener en las familias que ya enfrentan dificultades económicas. Según la legisladora, el aumento debería haberse consultado previamente y no ser implementado de forma unilateral por el Ejecutivo, como ocurrió con el anuncio de esta semana.
Críticas desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos
El incremento también ha sido cuestionado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que consideró que el aumento a la tarifa del transporte público podría constituir una violación a los derechos humanos de los usuarios, en particular de los grupos más vulnerables.
Susana Méndez, presidenta de la CEDH, criticó la medida, afirmando que el aumento afectaría principalmente a las personas de bajos recursos, quienes ya enfrentan dificultades económicas para acceder al transporte público.
“Este tipo de decisiones afectan a las personas que ya luchan para cubrir sus necesidades básicas, y hay que tomar en cuenta el contexto económico en el que vivimos”, señaló Méndez.
La presidenta de la CEDH también recordó que los usuarios del transporte público en Nuevo León enfrentan tiempos de espera largos, en ocasiones hasta de varias horas, y que la calidad del servicio no siempre es la mejor. En su opinión, antes de implementar un aumento en las tarifas, el Gobierno estatal debería haber considerado la mejora en la calidad del servicio y las condiciones laborales de los choferes. “No basta con subir las tarifas; el sistema de transporte necesita ser más eficiente, seguro y puntual para justificar el costo adicional”, añadió.
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