A más de un año y dos meses del desplome del escenario en un evento de campaña de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas claras y apoyos reales. El hecho, ocurrido el 22 de mayo de 2024, dejó 10 personas fallecidas y más de 200 lesionadas, pero hasta la fecha la justicia avanza lentamente y las responsabilidades no han sido plenamente asumidas.
La tragedia en mitin se registró durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati, entonces candidata de MC a la alcaldía de San Pedro. El evento, que también incluía la presentación del grupo musical Bronco, se desarrollaba en el campo de béisbol de El Obispo. Apenas minutos después de que comenzara, una fuerte ráfaga de viento derribó el escenario sobre los asistentes, causando un desastre que pudo haberse evitado si se hubieran tomado medidas de prevención adecuadas ante las condiciones climáticas.
De acuerdo con el pronóstico emitido por Conagua ese día, ya se habían anticipado lluvias y vientos fuertes en la zona norte de Nuevo León. Sin embargo, el mitin se llevó a cabo sin modificaciones ni suspensión. La investigación posterior reveló fallas en la logística, errores en el montaje y falta de anclaje correcto de la estructura.
Víctimas Y Falta De Responsabilidad
Entre las víctimas mortales se encontraban personas de distintas edades y contextos: Alejandro Gámez (47 años), Antonia Reyes (44), José de Jesús Torres (11), Olga Rodríguez (60), Elvira de Anda (76), Juana María Espinoza (53), Martha A. Espinoza (64), Inés Frías (53), Laura Zúñiga (49) y Elisa Esquivel (49). Todos asistieron al evento con la expectativa de escuchar propuestas políticas y disfrutar de un espectáculo musical, sin imaginar que la noche terminaría en tragedia.
Pese a la magnitud del hecho, los avances judiciales han sido lentos. La Fiscalía de Nuevo León informó que seis personas serían imputadas, entre ellas servidores públicos y empleados de la empresa encargada del montaje, Proaudio del Norte. Sin embargo, a la fecha solo dos rescatistas de Protección Civil estatal han sido vinculados a proceso por homicidio a título de culpa y lesiones.
La reserva de información por parte de Movimiento Ciudadano también ha generado indignación. El 27 de junio de 2025, el partido votó a favor de clasificar por cinco años documentos relacionados con la organización y logística del evento, argumentando que su difusión podría afectar las investigaciones. Para los familiares de las víctimas, esta decisión es vista como un intento de proteger intereses políticos en lugar de priorizar la verdad y la justicia.
Desarrollo De La Investigación sobre tragedia en mitin
La tragedia en mitin tuvo un largo recorrido procesal. El 21 de mayo de 2025, el fiscal Javier Flores anunció que serían imputadas varias personas, incluyendo a Erik Cavazos, director de Protección Civil estatal; Ismael Contreras, titular de Protección Civil de San Pedro; y la propia Lorenia Canavati, ex candidata y responsable del evento. También se llamó a declarar a miembros de su equipo encargados de tramitar permisos y coordinar la logística.
Las audiencias iniciales sufrieron retrasos: en enero de 2025 se pospuso porque los defensores desconocían la carpeta de investigación; en marzo se volvió a aplazar sin explicar el motivo; y no fue sino hasta el 13 de junio de 2025 que un juez dictó la vinculación a proceso contra dos integrantes de Protección Civil estatal.
La empresa Proaudio del Norte, encargada del montaje del escenario, también ha sido señalada por fallas graves en la instalación. Testimonios recogidos por la Fiscalía apuntan a que el terreno donde se instaló era irregular, lo que complicó el anclaje, y que las condiciones meteorológicas adversas no fueron tomadas en cuenta para reforzar la estructura o suspender el evento.
Dolor, Impunidad Y Exigencia De Justicia
Para las familias, el paso del tiempo sin una resolución clara es un recordatorio de la impunidad que rodea la tragedia en mitin. Muchos de los heridos continúan enfrentando secuelas físicas y psicológicas, sin que se les haya otorgado una reparación integral.
La falta de apoyos formales, tanto económicos como legales, ha obligado a algunas familias a costear por su cuenta los gastos médicos y terapias de rehabilitación. Organizaciones civiles han señalado que este caso evidencia la ausencia de protocolos sólidos para proteger a los asistentes a eventos masivos, así como la necesidad de que las autoridades actúen con mayor firmeza cuando se trata de eventos organizados por partidos políticos.
Los sobrevivientes y familiares han insistido en que se esclarezcan las responsabilidades y que no se limite la investigación únicamente a empleados de bajo rango o técnicos. Piden que se indague hasta el más alto nivel, incluyendo a quienes autorizaron y supervisaron la realización del evento a pesar de las advertencias meteorológicas.
En redes sociales, el tema sigue generando debate. Hay quienes señalan que la tragedia pudo evitarse con una cancelación o reprogramación del evento, mientras que otros critican que la respuesta posterior ha sido más política que humana. El hecho de que se haya reservado la información oficial por cinco años ha reforzado la percepción de que se privilegió el control de daños mediático por encima de la transparencia.
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