A más de un año del colapso del escenario en el cierre de campaña de MC en San Pedro, víctimas continúan exigiendo indemnización y justicia, señalando abandono del Gobierno.
Gobierno Y Movimiento Ciudadano Señalados Por Abandono
A un año y tres meses del desplome del escenario en el parque de béisbol El Obispo, el reclamo de justicia sigue vivo entre quienes resultaron afectados. El evento, organizado por Movimiento Ciudadano durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati, dejó un saldo trágico: 10 personas fallecidas y más de 240 heridas.
La tragedia, ocurrida el 22 de mayo de 2024, marcó la vida de cientos de personas. Muchas de ellas aún padecen secuelas físicas graves. Otras viven con afectaciones emocionales profundas. Pero más allá del dolor, persiste una queja común: la falta de seguimiento por parte del Gobierno estatal y del partido político que organizó el evento.
Familiares y víctimas aseguran que, después de unos meses de apoyo, las autoridades desaparecieron. El discurso institucional de solidaridad se esfumó tan pronto se apagaron los reflectores.
Imputan A Elementos De Protección Civil Por Omisión
Durante la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia, la Fiscalía General de Justicia del Estado imputó penalmente a cinco elementos de Protección Civil por su presunta responsabilidad en el incidente.
Dos de ellos pertenecen a la corporación estatal y tres al municipio de San Pedro. Los acusados fueron identificados como Alberto, José, Gustavo, Marisela y Javier. Se les atribuyen los delitos de homicidio y lesiones culposas.
El Ministerio Público explicó que la acusación se formalizó tras varios intentos fallidos de realizar la audiencia. Inicialmente prevista para enero, fue pospuesta en múltiples ocasiones hasta que finalmente se concretó en agosto.
Las defensas de algunos de los imputados solicitaron ampliar el plazo para presentar pruebas a su favor. En respuesta, el juez de control estableció una nueva fecha para continuar con el proceso. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado si serán vinculados a proceso o sujetos a medidas cautelares.
Víctimas Denuncian Abandono Y Falta De Indemnización
Mientras el proceso judicial avanza lentamente, las víctimas continúan enfrentando una realidad desgastante. Muchas de ellas no han recibido una indemnización adecuada, y algunas ni siquiera fueron incluidas en la denuncia oficial.
Alicia Reyes, quien sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho, fue excluida del expediente por haber pasado demasiado tiempo hospitalizada. Su hija, Norma Alicia, explicó que esa decisión resulta injusta y evasiva. “Mi mamá estuvo internada dos meses, por eso la descartaron, pero no es justo”, dijo.
Otra víctima, Eva Cardona, relató que sufrió fractura de fémur y lesiones en ambas rodillas. Actualmente depende de un andador para movilizarse. Durante la audiencia, reclamó no solo justicia, sino también que dejen de traerlas de vuelta en vuelta sin resultados ni indemnización concreta.
Abigail Gutiérrez también exigió apoyo. Tras fracturarse la pelvis y la cadera, perdió la capacidad para trabajar y mantener a sus dos hijas. Declaró que, aunque al inicio recibió atención por parte del Gobierno estatal, ese apoyo cesó en diciembre del año pasado.
Afectados Continúan Sin Apoyo Ni Resolución Legal
Las quejas por falta de indemnización y seguimiento oficial se repiten en todos los testimonios. La falta de avances en la investigación y la aparente lentitud del proceso han generado frustración entre los afectados.
El impacto económico también es severo. Muchas personas han perdido sus empleos o la capacidad de generar ingresos. A pesar de ello, no han recibido compensaciones adecuadas por parte de las instituciones responsables.
El colapso del escenario no solo dejó víctimas físicas. También generó una profunda sensación de desprotección. La esperanza de justicia parece estancada entre procedimientos burocráticos, omisiones y aplazamientos constantes.
Gobierno De Nuevo León Bajo Crítica Por Falta De Indemnización
El Gobierno estatal, encabezado por Samuel García, fue señalado directamente por varias de las víctimas. En un principio, se ofrecieron apoyos médicos y económicos. Sin embargo, ese acompañamiento fue desapareciendo con el tiempo.
Desde diciembre de 2024, no se ha reportado un solo esfuerzo público por mantener contacto con los afectados. Esta falta de continuidad ha sido vista como una forma de abandono institucional.
Las familias insisten en que, además de avanzar con las imputaciones, se garantice una indemnización justa, proporcional al daño físico y emocional sufrido. También exigen mayor transparencia en la investigación y claridad sobre por qué no se ha imputado a la empresa responsable del montaje del escenario.
Array
