En Nuevo León, la violencia familiar continúa siendo uno de los delitos más prevalentes y alarmantes, afectando a miles de familias cada año. Aunque las cifras han mostrado una ligera disminución en los últimos años, la situación sigue siendo crítica. En 2022, se registraron 22,480 casos, y aunque en 2023 la cifra bajó a 20,320, en 2024 se mantienen preocupantes 17,959 casos, con 50 de los 51 municipios reportando denuncias de este tipo. Esta situación refleja la gravedad del problema que persiste en la entidad, especialmente en un contexto en el que la violencia doméstica sigue siendo el delito más denunciado.
A pesar de las políticas implementadas por el gobierno estatal, la violencia familiar y equiparable sigue siendo una de las principales preocupaciones para las autoridades, activistas y la sociedad en general. La fiscal Griselda Núñez, quien se ha encargado de abordar los feminicidios y delitos contra la mujer, ha destacado en diversas ocasiones que, aunque las cifras han disminuido levemente, las víctimas siguen siendo vulnerables en sus hogares. Las autoridades, sin embargo, aún no han logrado implementar medidas contundentes que prevengan y erradiquen este flagelo.
Cifras alarmantes siguen siendo altas
La violencia familiar ha sido un problema persistente en Nuevo León, liderando la incidencia delictiva en el estado durante más de 12 años. A pesar de que en 2022 se reportaron 22,480 casos, un ligero descenso a 20,320 en 2023 no ha sido suficiente para aplacar las críticas de la sociedad civil, que clama por acciones más efectivas. La fiscal Núñez subraya que este tipo de violencia sigue siendo el más denunciado en la entidad, lo que pone en evidencia la falta de medidas eficaces para erradicarla.
En cuanto a los feminicidios, aunque en 2020 y 2021 las cifras fueron de 67 y 66 respectivamente, en 2022 se registró un repunte con 102 feminicidios, el número más alto en los últimos cinco años. Para 2023, la cifra descendió a 73, pero los feminicidios siguen siendo una preocupación constante. En 2024, la cifra de feminicidios fue de 60, mostrando una ligera disminución, pero la violencia de género sigue representando un problema grave que requiere atención urgente.
Los municipios más afectados
Monterrey, Juárez, Apodaca, General Escobedo, Guadalupe y García han sido los municipios con mayores índices de violencia familiar. Estos seis municipios concentran más del 65% de los casos en todo el estado. Además, todos ellos están bajo Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), lo que demuestra la magnitud del problema y la necesidad de intervención inmediata.
El gobierno estatal, a pesar de contar con recursos provenientes de impuestos verdes, aún no ha implementado medidas clave como la verificación vehicular gratuita, que ayudaría a reducir las emisiones contaminantes, o más estaciones de monitoreo para evaluar la calidad del aire, que afecta principalmente a las personas con problemas respiratorios. El hecho de que la violencia familiar siga siendo una preocupación constante en estos municipios refleja la falta de acciones efectivas para frenar este problema y mejorar la seguridad de las mujeres y los niños.
La falta de un marco jurídico adecuado
Los especialistas en salud y los activistas también han señalado que uno de los principales obstáculos para combatir la violencia familiar y los feminicidios en Nuevo León es la falta de un marco jurídico sólido que respalde las políticas y medidas que se implementen. La creación de una Agencia Estatal de Calidad del Aire y la modificación de las leyes para garantizar una mayor protección a las víctimas de violencia familiar han sido propuestas, pero aún no se han concretado.
Las leyes actuales no parecen ser suficientes para frenar el crecimiento de este tipo de violencia, que sigue afectando a las personas más vulnerables. La falta de recursos, la deficiencia en la aplicación de las leyes y la escasa participación de la sociedad civil en las decisiones políticas sobre este tema son algunos de los factores que contribuyen a que este problema persista. La fiscal Núñez ha señalado en varias ocasiones que la situación de la violencia familiar no ha mejorado lo suficiente y que las investigaciones y acciones deben intensificarse para proteger a las víctimas y prevenir futuros delitos.
¿Qué medidas se deberían tomar?
Para que la violencia familiar deje de ser una de las principales preocupaciones en Nuevo León, es urgente que se tomen acciones más decididas. Los legisladores y activistas reclaman la creación de un marco jurídico más robusto y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la protección de las víctimas. Además, se deben aplicar medidas más estrictas en cuanto a la verificación vehicular, la creación de más estaciones de monitoreo de la calidad del aire, y el cierre de industrias que generan contaminación en las zonas más afectadas.
Es imperativo que el gobierno estatal no solo se limite a hacer promesas, sino que implemente políticas públicas efectivas que aborden tanto la violencia familiar como la contaminación del aire. El bienestar de la población, especialmente de las mujeres y niños, depende de la efectividad de estas políticas. El gobierno debe trabajar de manera conjunta con la sociedad civil y los expertos para diseñar soluciones a largo plazo que logren reducir los índices de violencia y mejorar la calidad de vida en el estado.
