En Nuevo León, el cobro de piso en pequeños negocios se ha vuelto una preocupación diaria para cientos de comerciantes. Más allá de representar una amenaza a la seguridad, esta forma de extorsión se ha convertido en una carga económica que pone en riesgo la subsistencia de negocios familiares y comercios de barrio.
Comerciantes Denuncian Cobros Semanales
En diversas colonias del área metropolitana, los dueños de pequeños comercios aseguran que la extorsión ya forma parte de su presupuesto mensual. Algunos deben pagar entre 500 y 2,000 pesos semanales para evitar agresiones o daños a su patrimonio. Esta situación ha sido calificada como insostenible.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), y Catalina Domínguez, presidenta de Canacope Monterrey, coincidieron en que el cobro de piso se ha normalizado entre comerciantes de zonas populares. Según Domínguez, “si el pequeño comercio cierra, se apaga la economía local”.
Canacope propuso una estrategia inmediata que incluya patrullaje inteligente y botones de pánico como medidas preventivas. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido lenta y fragmentada, según testimonios de comerciantes y representantes del sector.
Falta De Acción Estatal Agrava El Problema
Pese a las reiteradas denuncias, el gobernador Samuel García no ha emitido ninguna declaración sobre la ola de extorsiones en pequeños negocios. Comerciantes y líderes empresariales acusan al gobierno estatal de minimizar el problema y dejar solos a quienes intentan mantener activa la economía popular.
Mientras el Ejecutivo presume avances en seguridad y movilidad, los comerciantes viven con miedo e incertidumbre. El discurso de “estado seguro” y “movilidad de primer mundo” contrasta con una realidad marcada por amenazas y pagos forzosos a grupos criminales.
Ante la imposibilidad de cubrir las “cuotas”, muchos negocios han optado por cerrar definitivamente. Esta situación afecta no solo a los propietarios, sino a trabajadores, proveedores y familias que dependen de esos ingresos para sobrevivir.
Impacto Económico En Zonas Populares
Los sectores más vulnerables, como colonias en Monterrey, Guadalupe, Apodaca y Escobedo, son los más golpeados por el cobro de piso en pequeños negocios. Estos lugares concentran una alta densidad de microcomercios que no cuentan con respaldo legal o protección institucional.
Tienditas, carnicerías, estéticas y talleres son el blanco común de estas extorsiones. Al tratarse de negocios familiares, con escasa capacidad de defensa, los criminales saben que sus amenazas tendrán efecto inmediato.
La falta de seguridad inhibe la inversión y el desarrollo de nuevas microempresas. Muchos emprendedores han decidido no abrir nuevos comercios por temor a ser víctimas de extorsión, lo cual deteriora aún más el tejido económico y social de la región.
Pequeños negocios en zonas populares de Nuevo León enfrentan el cobro de piso como una “cuota fija” impuesta por criminales. El “banderazo”, denuncian, comienza en los 500 pesos semanales.
— Justicia Regia (@Justicia_Regia) November 11, 2025
¿Y el gobierno de Samuel? Brilla por su ausencia. 💰
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El Silencio Institucional Y Sus Consecuencias
Las organizaciones del sector ya exigieron una mesa de trabajo con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de avances concretos. La falta de comunicación y acción por parte del gobierno solo genera mayor desconfianza.
Muchos de los casos de extorsión ni siquiera son denunciados por miedo a represalias. Esto provoca que los criminales actúen con total impunidad, sabiendo que no hay consecuencias legales ni investigación alguna por parte de las autoridades.
A largo plazo, esta situación erosiona la confianza de la población en el aparato gubernamental. La falta de protección y acción real por parte del Estado obliga a los ciudadanos a buscar soluciones fuera de la ley o a abandonar sus actividades económicas.
Urge Frenar El Avance De La Extorsión
Los sectores empresariales han propuesto crear una estrategia conjunta con las autoridades, incluyendo rutas seguras, capacitación para denuncias y atención psicológica para víctimas. Hasta ahora, nada se ha concretado.
La presión social y mediática puede ser clave para visibilizar la crisis. Campañas de concientización y testimonios de víctimas pueden empujar a las autoridades a actuar y generar cambios reales.
Si no hay garantías para operar de forma segura, muchos comerciantes podrían migrar a la informalidad o depender de redes criminales para “sobrevivir”. Esto pondrá en jaque aún más la estabilidad económica de Nuevo León.
El cobro de piso en pequeños negocios ya no es una excepción, sino una preocupante normalidad en Nuevo León. Mientras la extorsión sigue creciendo, la falta de acción institucional deja desprotegido al comercio local, debilitando la economía popular y poniendo en riesgo a miles de familias.
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