El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha manifestado una aparente disposición para colaborar con el poder Legislativo, sin embargo, este gesto no detendrá los juicios políticos en su contra ni en contra de Javier Navarro, el secretario general de gobierno. A pesar de las intenciones de trabajar en conjunto, la presidenta del Congreso local, Lorena de la Garza, dejó claro que los procesos legales continuarán su curso. Esta situación refleja una compleja dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo en un contexto donde la rendición de cuentas es crucial.
Juicios Políticos Sin Frenos
La presidenta de la legislatura, Lorena de la Garza, reafirmó su compromiso de dar continuidad a los juicios políticos que ya se encuentran en la Comisión Anticorrupción desde la Legislatura 76. En sus declaraciones, enfatizó que “la ley no se negocia, sino que se aplica”. Esta firme postura indica que la presidenta no está dispuesta a archivar los casos, a pesar de las sugerencias de conciliación por parte del gobernador.
“Es parte del expediente que vamos a recibir, parte del rezago que hay, y sí vienen esos temas. La ley no se negocia; se aplica. Eso se ve al interior de la Comisión, no se ve con el gobernador”, comentó de la Garza. La instalación de la Comisión Anticorrupción marca un paso importante para abordar estos temas. De la Garza aseguró que el proceso de reactivación de los juicios políticos depende de la recepción y revisión de los documentos relevantes con el Centro de Estudios Legislativos, lo que permitirá el cabildeo adecuado con sus colegas en futuras sesiones.
La presidenta fue categórica al afirmar que los juicios políticos “no se van a guardar” y que se llevarán a cabo sin excepción. “Salen sí o sí. El acuerdo con el gobernador es sobre temas que están en el pasado; nosotros no podemos acordar no acatar la ley. Por eso digo que eso no se negocia porque nosotros no podríamos ser omisos en la aplicación de la ley”, insistió. Este enfoque destaca la importancia de la legalidad en el actuar del Congreso y subraya la responsabilidad de los legisladores en la defensa de la integridad institucional.
Evaluación de Casos Pendientes
La presidenta del Congreso también mencionó que la Comisión Anticorrupción tiene alrededor de 40 asuntos en su poder. Muchos de estos casos tienen varios años de antigüedad, por lo que se llevará a cabo un análisis exhaustivo para determinar cuáles deben ser desechados y cuáles necesitan atención inmediata. Este proceso de evaluación es fundamental para priorizar los asuntos más relevantes y garantizar que se manejen de manera eficiente.
Además, esta situación evidencia la necesidad de un marco legal robusto y un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas. La continua revisión de estos juicios políticos subraya la importancia de mantener la confianza pública en las instituciones y su funcionamiento.
Dudas Sobre el Cabildeo
Por otro lado, de la Garza expresó su preocupación sobre la posibilidad de que el gobernador Samuel García esté buscando influir en la Suprema Corte respecto a la elección del Fiscal. Si se confirma que García se encuentra en la CDMX con este objetivo, esto podría reflejar un doble discurso de su parte, en contraste con las intenciones de colaboración que ha manifestado.
“No tengo la certeza de que esté en la CDMX para ese tema, pero si sí es así, si se confirma que él está ahí para ver ese asunto en particular, creo que habla muy mal de sus intenciones de poder hacer un nuevo comienzo con el Congreso”, señaló la presidenta. Este comentario resalta la necesidad de transparencia en las acciones del gobernador y su alineación con los principios de gobernabilidad democrática.
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