En los últimos años, Nuevo León ha sido testigo de un alarmante aumento en las agresiones contra periodistas. Bajo la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Samuel García, se han registrado 24 incidentes de violencia, amenazas, intimidación y censura contra comunicadores, lo que representa el 85% de los casos de agresión a la prensa en el estado entre 2020 y 2024. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha documentado cada caso y emitido recomendaciones urgentes para proteger a los periodistas, pero los esfuerzos por garantizar su seguridad se han visto obstaculizados por la falta de acciones concretas de la Secretaría de Seguridad estatal. Las restricciones legales locales también han jugado un papel importante, ya que persisten leyes que penalizan delitos de difamación e injuria, limitando la libertad de expresión y el trabajo periodístico en la entidad.
Estado sin medidas para la prensa
La gravedad de los ataques a periodistas en Nuevo León se ha incrementado en los últimos años, y la situación se ha vuelto particularmente preocupante bajo la actual administración de Movimiento Ciudadano, que asumió el poder en 2020. Desde entonces, se han registrado 24 de los 28 casos de agresión que han tenido lugar en el estado desde 2018. Los incidentes van desde detenciones arbitrarias, intimidación y amenazas hasta uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad. Este tipo de violencia ha sido documentado y denunciado en múltiples ocasiones por organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión, como Artículo 19, en conjunto con la CEDHNL. Sin embargo, las autoridades estatales, específicamente la Secretaría de Seguridad a cargo de Gerardo Escamilla, han postergado la implementación de medidas y protocolos para proteger a los periodistas, a pesar de las recomendaciones emitidas.
Uno de los casos emblemáticos ocurrió en 2023, cuando un reportero de N+ Monterrey fue detenido de manera injustificada por elementos de la Fuerza Civil, quienes intentaron confiscar su equipo. Ante este hecho, la CEDHNL emitió la recomendación 006/2023, que instaba a la Secretaría de Seguridad a implementar capacitaciones a agentes de seguridad, crear mesas de diálogo y aplicar protocolos para mejorar el trato hacia la prensa. A pesar de ello, la respuesta estatal ha sido insuficiente, y los protocolos propuestos aún no han sido ejecutados.
Propuesta de protección sigue pendiente
En un intento por frenar esta crisis, la organización Artículo 19, con el apoyo de Naciones Unidas, propuso la implementación de un protocolo específico de actuación que garantice el respeto a los derechos de los periodistas en sus interacciones con las fuerzas de seguridad en Nuevo León. En su exhorto, la organización destacó la importancia de formar a los policías y periodistas en temas relacionados con la libertad de expresión y los derechos humanos, buscando reducir los conflictos en situaciones de cobertura periodística, especialmente durante protestas y eventos de la nota roja. Sin embargo, hasta el momento, la Secretaría de Seguridad estatal ha ignorado la oferta de colaboración gratuita, que ya ha sido implementada con éxito en entidades como Ciudad de México y Tlaxcala.
La falta de acción ha generado una división entre las autoridades estatales y los municipios de la región. Mientras que el gobierno de Nuevo León ha evitado adoptar el protocolo propuesto, al menos diez municipios del área metropolitana han aceptado participar en su implementación. Esta respuesta municipal refleja un esfuerzo por abordar la problemática de manera local ante la inacción estatal. Pedro Cárdenas, miembro de Artículo 19, subrayó que el objetivo principal de esta iniciativa es capacitar tanto a policías como a periodistas sobre los límites y responsabilidades de cada parte, con el fin de evitar situaciones de conflicto y respetar el debido proceso y los derechos de las víctimas.
Restricciones legales afectan a periodistas
Además de los problemas relacionados con la falta de medidas de protección, los periodistas en Nuevo León se enfrentan a un marco legal restrictivo que limita su libertad de expresión. La entidad sigue siendo uno de los siete estados en México que penaliza delitos contra el honor, como la difamación, la injuria y la calumnia, con sanciones que pueden ir de uno a seis años de prisión. Estas leyes son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomienda eliminar estos delitos del ámbito penal para no restringir la libertad de expresión.
A pesar de que a nivel federal los delitos de difamación y calumnia fueron despenalizados en 2007, Nuevo León ha mantenido estas normas en su código penal, creando un ambiente de hostilidad y riesgo para los comunicadores. En un contexto en el que la judicialización del periodismo se convierte en una herramienta de intimidación, la organización Artículo 19 reportó que, a nivel nacional, se registraron 158 casos de acoso judicial a periodistas en 2023, tanto por vías civil, penal y administrativa, como por legislación electoral. Este entorno restrictivo hace que el ejercicio de la labor periodística sea aún más complicado y peligroso para quienes se atreven a denunciar temas de interés público o a investigar temas sensibles.
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