La narrativa del “Nuevo Nuevo León” se ha topado de frente con la realidad de los números fiscales y las carpetas de investigación federal. Lo que la retórica oficial vendía como un gobierno de modernidad y pulcritud financiera, hoy se desmorona ante el peso de una cifra difícil de digerir para la opinión pública: 1,781 millones de pesos. Esa es la brutal cantidad que la red de firmas legales de la familia del gobernador Samuel García Sepúlveda ha facturado en lo que va de su gestión estatal.
Las alarmas de la Fiscalía General de la República (FGR) no se encendieron por el éxito comercial de los despachos, sino por un dato demoledor: el 26% de esa millonaria fortuna proviene única y exclusivamente de los negocios energéticos de su filial GMA, una firma que tiene como clientes VIP a empresas bajo investigación por contrabando de combustible. En las calles y en los pasillos políticos de Monterrey, el desencanto ha cobrado la forma de un nuevo e incómodo alias; hoy muchos ya se referieren a Samuel García como el “Huachigobernador”, un apodo que resume la presunta complicidad entre el poder político local y el negocio ilegal de los hidrocarburos.
La tormenta perfecta comenzó a tomar forma cuando el periódico El Norte expuso los primeros hilos de la madeja, revelando que la firma familiar brindaba servicios directos al líder de la organización criminal conocida como “Los Petrofactureros”. Lejos de tratarse de un caso aislado o un error de filtración de clientes, una posterior investigación de Código Magenta terminó por dinamitar la defensa del gobierno estatal. El entramado es mucho más profundo: no era una sola empresa, sino una cartera completa de clientes estelares del sector energético que hoy están bajo la lupa de las autoridades federales por operaciones de huachicol fiscal y lavado de dinero.
La Mutación de GMA: Una razón social sola para el sector energético
Para entender cómo se construyó este imperio financiero bajo el amparo del sexenio, es necesario revisar las fechas. En noviembre de 2021, apenas un mes después de que el mandatario estatal rindiera protesta, la estructura legal de la familia experimentó una oportuna metamorfosis. Nació GMA Firma Jurídica Fiscal (García Mascorro y Asociados), una escisión del despacho original operada por el padre y el hermano del gobernador.
El propósito de esta nueva entidad no era sutil: se diseñó específicamente para canalizar los negocios con empresas de energía y combustibles. A partir de ese momento, los flujos de dinero hacia el piso 33 de la Torre Helicon, en San Pedro Garza García, crecieron de forma exponencial. La especialidad de la casa, según expertos del sector, consistía en una fórmula para tramitar millonarias devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a favor de expendedores de gasolina. Sin embargo, las investigaciones federales apuntan a que detrás de esas aparentes asesorías se escondían servicios de facturación para blanquear las ganancias del combustible introducido ilegalmente al país. El impacto de esta filial es tan grande que representa el 26% de la facturación total de la red de despachos del mandatario.
Las cinco fichas clave en el tablero de la FGR
La investigación coordinada por las autoridades federales —la más grande que ha emprendido el gobierno contra el contrabando de hidrocarburos, abarcando 555 razones sociales— tiene identificados a cinco clientes principales que operaron de la mano con la firma de la familia García:
1. Petrolíferos Lobo
Es, por mucho, el cliente más lucrativo de GMA. A través de 76 operaciones financieras independientes, esta compañía inyectó más de 258 millones de pesos a las cuentas del despacho. La inmensa mayoría de estos depósitos ocurrieron después de que la actual administración estatal tomara posesión. Aunque la empresa se ostenta como comercializadora de una conocida marca texana, el expediente federal indaga el uso indebido de pedimentos aduanales. La firma está vinculada a los hermanos Fernández Cruz, uno de ellos ex alto ejecutivo de Pemex conectado con redes de influencia en la cúpula de la paraestatal.
2. Enerey Latinoamérica
Representa un pilar financiero indiscutible dentro del portafolio energético del despacho. Esta compañía ha facturado la espectacular cifra de 78.4 millones de pesos a la firma fiscal de la familia del gobernador. Su operación ha estado bajo el escrutinio de los analistas financieros debido a que las actividades de este tipo de pléyade de empresas del sector energético han explotado de manera sistemática las lagunas y debilidades normativas en el manejo del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS).
3. Maquiladora de Lubricantes
El vínculo con esta empresa representa el golpe político más demoledor para el bautizado “Huachigobernador”. La compañía, propiedad de Jesús Ricardo Puente —señalado como el capo de “Los Petrofactureros”—, pagó más de 15 millones de pesos a García Mascorro y Asociados. Lo que resulta inexplicable para las autoridades es que la primera factura se emitió el 24 de noviembre de 2021, solo semanas después del cambio de gobierno en Nuevo León y apenas cuatro meses después de que la FGR abriera la primera carpeta formal contra la empresa. Un reciente operativo federal con cuatro cateos en el estado culminó con la captura de Puente y el desmantelamiento de una red de 40 empresas fachada.
4. BSQ Global Corporation
Bajo el folio de investigación 13173, esta empresa es catalogada por fuentes de la industria como uno de los actores más poderosos y mejor conectados del huachicol fiscal en México. Enfrenta denuncias formales por delincuencia organizada, defraudación fiscal y transporte ilegal de hidrocarburos. Documentos contables revelan pagos por 6.8 millones de pesos a GMA entre los años 2022 y 2024. Las indagatorias de la FGR la vinculan en la misma carpeta que a Tabasco Capital SA de CV, un vehículo financiero presuntamente utilizado por el grupo criminal ‘La Barredora’ para el blanqueo de capitales.
5. Autotransporte de Carga Especializados Marvic
Aunque la facturación registrada con GMA es de apenas 69 mil 900 pesos, el perfil de su propietario, José Víctor Pablos Vélez, alias ‘El Güero Marvic’, eleva el riesgo político al máximo. Marvic está señalada por agencias de inteligencia como parte de una red transfronteriza que transporta combustible ilegal desde Estados Unidos. En 2021, las autoridades federales ya le habían incautado 550 carros tanque cargados con gasolina de contrabando. El peligro de esta conexión revivió con fuerza tras la explosión de una planta destiladora de la empresa en Cadereyta y la reciente inmovilización de un buque en Tampico con 10 millones de litros de diésel clandestino vinculado a sus socios comerciales.
La impunidad naranja bajo el amparo del Huachigobernador
El problema de fondo trasciende a los despachos de la Torre Helicon. Un informe de la Oficina de Combate a Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) ya había advertido que Monterrey se convirtió en el epicentro del lavado de dinero para el contrabando de combustible controlado por los cárteles. En ese ecosistema, las lagunas en el manejo del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) han sido la herramienta perfecta para firmas como Enerey Latinoamérica, otra cliente del sector que facturó 78.4 millones de pesos al despacho de la familia del gobernador Samuel García.
El dilema de la responsabilidad: Mientras la oposición en el Congreso de Nuevo León ya formalizó denuncias federales por enriquecimiento ilícito buscando la destitución del mandatario, la defensa oficial insiste en que las actividades delictivas de los clientes no son responsabilidad del despacho que los asesora.
La distancia entre la defensa legal y la ética política es cada vez más ancha. Si bien los voceros del Palacio de Gobierno reiteran que el gobernador no es socio directo de la filial energética GMA y que la firma opera bajo la ley, la opinión pública parece haber dictado su propio veredicto con el mote de “Huachigobernador”. Corresponderá a las autoridades federales deslindar si el cobro de estas millonarias asesorías constituye una legítima práctica profesional o el mecanismo de financiamiento y protección más sofisticado del que se tenga memoria en la historia reciente del norte del país.
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